Organismos de la sociedad civil agrupados en la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) concluyeron en su informe de rendimiento de la seguridad pública que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa fracasó en su intento de llevar a cabo la depuración del sistema policial.
La APJ conformada por al menos 15 organizaciones de la sociedad civil atribuye como causas del fracaso, la falta de voluntad política de las autoridades, las limitadas competencias técnicas y la mala coordinación entre la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y la Secretaría de Seguridad.
“A más de dos años de haberse iniciado el proceso de depuración policial, ni la Secretaria de Seguridad ni la DIECP, como órgano de control de la Policía Nacional, han generado un plan estratégico para la evaluación, investigación, depuración y efectiva sanción de los miembros de la Carrera Policial”, señala el informe.
La cacareada depuración se ha caracterizado por el incumplimiento de requisitos para un debido proceso, una situación que podría ocasionar enormes pérdidas económicas para el Estado por las indemnizaciones derivadas de las violación a los derechos que le corresponden a los miembros de la carrera policial.
EL DATOCon un gasto de 57 millones de lempiras la DIECP solo ha remitido al Tribunal Superior de Cuentas 9 expedientes de miembros de la policía supuestamente vinculados a delitos del crimen organizado. |
La APJ también ha criticado que la depuración policial no ha tocado las puertas las cúpulas policiales, ni tampoco se ha enfocado a la investigación patrimonial, una herramienta esencial en la identificación de los policías involucrados en el crimen organizado.
La depuración un proceso amañado
Luego que la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos y doña Aurora de Pineda comprobaran que miembros de la policía habían asesinado a sus hijos, Rafael Alejandro Vargas y Carlos David Pineda, el gobierno de la república inició un proceso de depuración policial que después dos años no evidencia resultados favorables.
La presión ejercida por estas mujeres y distintas organizaciones de la sociedad civil, marcó el punto de partida para destapar la corrupción en el sistema policial y de justicia. Las autoridades descubrieron que postas enteras de la policía formaban parte de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el sicariato.
Las revelaciones obligaron al gobierno a la creación de organismos y leyes que permitieran un proceso de depuración policial, que de acuerdo a estimaciones de la sociedad civil no ha dado los resultados que se esperaban.
El gobierno nombró la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), como ente encargado de hacer las recomendaciones para llevar a cabo un proceso de depuración idóneo, pero de forma paralela fue el mismo Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo quienes a través de acciones paralelas se encargaron de deslegitimar o disminuir las funciones de este organismo, que fue integrado por cinco comisionados, tres hondureños y dos extranjeros, de los cuales uno es canadiense y otro chileno.
El Congreso Nacional derogó en la noche de este lunes 20 de enero el Decreto número 4-2012 que daba vida a la CRSP, un organismo que durante su gestión presentó un paquete de cinco reformas legislativas para depurar al Ministerio Publico, el Poder Judicial y la Policía Nacional.
Los anteproyectos fueron entregados al Presidente Porfirio Lobo Sosa, pero jamás llegaron al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. Sin embargo, a pesar de que no fueron recomendaciones de CRSP, el Poder Legislativo aprobó la creación de la Policía Militar y la Policía Tigres.
