La Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), organismo encargado en Honduras de investigar el crimen, podría quedar en la historia al culminar la depuración policial. Originalmente, esta institución creada en 1995 fue adscrita al Ministerio Público (PM), pero tres años después, el Congreso Nacional determinó traspasarla a la Secretaría de Seguridad.
En sus primeros tres años la DNIC, creada con 350 agentes entrenados por expertos del Buró Federal de Investigación (FBI) y especialistas en derecho penal, mostró beligerancia en la investigación de los hechos criminales. Sin embargo, conocedores de la materia aseguran que también causaba resquemor en algunos políticos, que en el desempeño de sus funciones públicas habían cometido irregularidades. Ellos sentían cerca la justicia y para debilitar la institución decidieron desmembrarla del MP.
“Poder de gestión”, el comienzo del desliz hacia la corrupción
Por falta de archivadores los expedientes permanecen en el suelo |
Agentes y oficiales con más de dos décadas trabajando en la institución y que para su protección no mencionamos sus nombres, han manifestado que cuando la DNIC estuvo adscrita al MP todas sus oficinas regionales estaban dotadas del presupuesto necesario para cubrir sus necesidades, pero que al ser traspasada a la Secretaría de Seguridad les retiraron los recursos y ordenaron a los jefes de unidades especiales y a los agentes, hacer uso de lo que ellos llamaron “poder de gestión”. Les quitaron la caja chica y los obligaron a solicitar recursos económicos a funcionarios públicos, empresas privadas y a personas naturales.
Indicaron, que para los directores, que siempre han sido oficiales de la Policía Preventiva, el poder de gestión consiste en la capacidad que tiene el agente para solicitarle a la población la donación de combustible, llantas, reparación de las patrullas, acondicionamiento de oficinas y hasta los materiales de escritorio. “El asunto es que a uno le dicen gestione, y usted busca a Juan Pérez y Juan Pérez puede ayudar, lo que pasa es que también se hace contacto con gente que tiene asuntos ilegales”, dijo a Revistazo, uno de los oficiales.
|
Este oficial hasta hace poco estuvo manejando una unidad especial de investigación y no se explica a qué manos va a parar el presupuesto que el gobierno central le transfiere a la Secretaría de Seguridad.
Organismos internacionales ubican a Honduras como uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 86.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. En este país centroamericano diariamente mueren violentamente 20 personas.
Estadísticas del Ministerio Publico revelan que por falta de investigación criminal solo el 20% de estos delitos llegan a investigarse, pero, el debilitamiento que ha venido sufriendo la policía de investigación, no refleja más que el interés de las autoridades en seguir manteniendo alto el índice de impunidad. A la DNIC no solo la han despojado de los recursos económicos, sino también del personal capacitado para llevar a cabo procesos de investigación.
En nombre de la “depuración” dejan a Honduras sin capacidad de investigar crímenes
En octubre de 2011 fueron encontrados muertos los universitarios, Rafael Alejandro Vargas y Carlos David Pineda. Las investigaciones determinaron que los responsables del crimen eran miembros de la Policía Nacional Preventiva. Posteriormente las autoridades comprobaron que postas enteras formaban parte de bandas dedicadas al narcotráfico, sicariato y demás organizaciones criminales. Ante la crisis, distintas organizaciones civiles exigieron al gobierno la depuración, no solo de la policía, sino también del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Se aprobaron leyes y se creó la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) y la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), organismos que a criterio de muchos solo han servido para generarle gastos al Estado. La Alianza por la Paz y la Justicia, sin dejar de tener razón ha calificado la depuración policial, como un proceso fracasado.
Publicaciones en distintos medios de comunicación establecen que desde 2011 cuando inició la depuración, la Secretaría de Seguridad ha mantenido en disponibilidad a 90 oficiales y agentes devengando salarios mensuales por 2.7 millones de lempiras. De estos, a finales de enero pasado, a 35 oficiales de alto rango, entre ellos algunos señalados por supuestos actos irregulares, les dieron la oportunidad de terminar su relación con la Policía Nacional, a través de un retiro honroso y voluntario.
Entre beneficiarios de esta medida figuran: dos generales directores, cinco comisionados generales, 27 comisionados y un subcomisionado, quienes recibieron indemnizaciones de acuerdo a su rango. Ellos eran egresados de la segunda a la novena promoción y a varios todavía les faltaban entre tres y seis años para llegar a los 35 años de servicio que establece la ley como techo para poderse jubilar.
Aunado a lo anterior, de acuerdo a una fuente protegida de revistazo, muchos oficiales de la policía preventiva que por no aprobar el polígrafo no pudieron ascender al grado inmediato superior, podrían ser beneficiados con una segunda oportunidad. “Allí se habla de un repechaje”, indicó. A esto también se suma que otros oficiales, incluido el ex director de la Policía Nacional, Juan Carlos, “Tigre” Bonilla, tampoco fueron sometidos a las pruebas de confianza.
Contrario a lo anterior, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), se ha visto resquebrajada por la reducción de personal. A mediados de enero pasado 161 investigadores con rangos de agentes, subinspectores, inspectores, subcomisarios y comisarios, incluidos, varios miembros de los equipos especiales, certificados por la Embajada de los Estados Unidos, fueron despedidos por la Secretaría de Seguridad porque supuestamente reprobaron la prueba del polígrafo.
Inversamente a lo sucedido con los 35 oficiales en la Policía Preventiva, los investigadores separados de la de la DNIC no recibieron indemnización alguna. A ellos, en lugar de retiro honroso y voluntario, la Secretaría de Seguridad les aplicó el artículo 126 reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que establece que los miembros de la carrera policial podrán ser despedidos de sus cargos, sin responsabilidad para el Estado, por el incumplimiento de las pruebas de las pruebas, psicométricas, socioeconómicas, toxicológicas y poligráfica.
La mayoría de los afectados consideran el despido como una acción perversa de las autoridades con propósitos de desbaratar la única institución capacitada en el país para la investigar el crimen.
Ellos manifiestan que para proteger a los “preventivos”, desde que inició la depuración policial las autoridades superiores emprendieron acciones en contra de DNIC. Indicaron que al principio el ex director de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez Del Cid, trasladó el personal de una unidad a otra y “En el caso particular de la DNIC, agentes hasta con diez años de experiencia en la investigación de homicidios fueron reasignados a la unidad de robo de vehículos y otros a la policía preventiva”, dijo un oficial separado de la institución.
Sostuvo que en el 2012 el también ex director de la policía, Juan Carlos, “el Tigre” Bonilla suspendió a 40 oficiales y agentes de la DNIC para luego reasignarlos a la preventiva. “A esta gente la mandaron a hacer operativos al Boquerón y al Bajo Aguan”, aseguró la fuente, tras considerar que la depuración policial no ha sido un proceso serio.
Golpe de barraca
El lunes 13 de Junio de 2013 la DNIC fue intervenida por las autoridades de seguridad, el primero en llegar fue el actual Director de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, quién en ese momento se desempeñaba como titular de inspectoría general. Tras su arribo ordenó que se formara el personal y luego anunció que tomaba el mando de la institución. Con él, ya eran tres los jefes que en término de un mes llegaban a dirigir la policía de investigación.
Luego llego un equipo de auditoria que de inmediato comenzó a revisar expedientes, la cantidad de casos asignados a cada agente y las facturas de combustible, entre otras cosas. Al siguiente día, las autoridades informaron que todas las operaciones quedaban suspendidas y que el personal podía irse a descansar a sus casas.
La situación provocó reacciones en los agentes y oficiales quienes exigieron una explicación, pero en respuesta “los de la Preventiva llegaron y nos encañonaron diciendo: ‘entreguen las armas.’ Eso fue como un golpe de barraca del que casi nadie se dio cuenta. A los que no querían entregar las armas hasta los sometieron y les dijeron que no podían sacar sus cosas”, explicó otro de los oficiales. Según él, la orden de encañonarlos fue dada por el comisionado, Héctor Iván Mejía, quien era en ese momento, director de la Policía Preventiva.
La situación provocó que los agentes y oficiales se declararan en huelga y realizaran acciones de protesta durante cinco días consecutivos, hasta que el Ministro de Seguridad, Arturo Corrales, realizara una reunión, donde justificó la intervención.
Es de mencionar que en el primer día de la intervención, el general Sabillón, les ordenó a los jefes de unidades especiales subirse a un busito que los trasladaría a un lugar donde supuestamente sostendrían una reunión para tratar el tema. “Y nos llevaron a la Dirección de Inteligencia Militar y al llegar nos dijeron: van a hacerse el polígrafo”, señaló la fuente protegida, quien a pesar de estar certificado por la Embajada Americana, ha sido despedido de la DNIC, por reprobar la prueba del polígrafo, practicada por militares hondureños.
Aseguró que por desconfiar en quiénes le practicaron la prueba, él se negó a mencionar los nombres de personas que conoce y que están vinculadas al narcotráfico. Y a juicio propio, ese fue el motivo para que lo reprobaran. “Yo no sabía con quién estaba hablando, ellos son personas desconocidas y no me podía arriesgar, sé que me estaban filmando, y esto lo sabemos porque con la gente de la Embajada Americana ya me había hecho el polígrafo y tengo la constancia de ellos, que lo aprobé”, puntualizó.
Demandas al Estado
Vea nota de despido
|
Tras considerar que sus derechos han sido violentados y que las autoridades no han seguido el debido proceso para sus separaciones, los miembros de la carrera policial afectados con la depuración han entablado millonarias demandas contra el Estado de Honduras.
En junio de 2012, nueve oficiales y 15 agentes de la escala básica, separados en noviembre de 2011 cuando fue intervenida la posta del barrio La Granja, de Comayagüela, presentaron una demanda por 30 millones de lempiras en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.
Mientras tanto, los 161 agentes y oficiales que recientemente fueron separados de la DNIC también han entablado demandas, unos para exigir el pago de sus prestaciones laborales y otros peleando por su reintegro. La mayoría de este grupo son investigadores con 10 hasta 20 años de laborar en la institución.
“Yo fueron 20 años que di a la institución y los di con mucho amor, soy una persona joven que estoy luchando no solo por limpiar mi nombre y dar la cara por mis compañeros, pero realmente la mayoría de ellos están desempleados, están enfermos, con tratamiento psiquiátrico y psicológico porque esto ha venido a crear un desfase familiar”, sostuvo la subcomisaria de policía, Fátima Ulloa .
Lea También: |
Ella no niega que la institución requiere ser depurada. Sin embargo, lamenta que el personal de alto mando no sea sometido a las pruebas de confianza y que las autoridades limiten su quehacer al polígrafo, instrumento que a su juicio es violatorio de los derechos humanos y que en tal sentido no debería ser la base para el despido de agentes y oficiales.
“No puedo decir que los 161 despedidos de la DNIC somos angelitos porque algunos se han lucrado, pero otros no, y el polígrafo no debe ser determinante”, enfatizó esta oficial, que por mucho tiempo mantuvo con buen suceso la Unidad de Delitos Especiales, sección encargada de investigar los crímenes sexuales cometidos en contra menores de edad.
A renglón seguido reprochó las acciones que a su juicio se encaminan a la destrucción del cuerpo de investigación criminal, “yo considero que quieren desaparecer la DNIC, y esos son los planes, podría sonar descabellado para otras personas, pero para mí a eso es lo que apunta”, indicó al criticar la forma en que han sido despedidos por parte de la Secretaría de Seguridad.
Para ella es indignante que las autoridades ataquen únicamente a la DNIC, mientras que oficiales de alto rango de la Policía Preventiva, mencionados por supuestas participaciones en actos ilícitos, salen de la institución con retiro honroso y con sus respectivas indemnizaciones. “Ellos dieron la vida por la institución, ¿y nosotros que?,” se preguntó, con vos quebrantada y con sus ojos emanando chorros de lágrimas.
Ulloa se considera limpia y ante tal situación ha decidido luchar hasta las últimas consecuencias para lograr el reintegro a su puesto de trabajo. Junto a ella también reivindican su derecho al trabajo un grupo de agentes y oficiales separados de la institución en las mismas circunstancias.
“Ella es una persona que ha demostrado entrega en su labor a favor de los niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual”, indicó Cristian Rivera, abogado del proyecto Recate de la Asociación para una Sociedad más Justa, institución que junto a la subcomisaria, Ulloa, ha coordinado acciones para encarcelar a violadores y otros abusadores de niños y niñas de Tegucigalpa y sus alrededores.
El togado lamentó, que personas como Ulloa, con una destacada labor al frente a la DNIC hayan sido separadas de la institución sin aplicarles el debido proceso.
Es real y en todas las direcciones
El portavoz de la Policía Nacional, comisionado, Julián Hernández, negó la existencia de un plan para hacer desaparecer la DNIC. No descartó que la depuración policial haya afectado más a esta rama de la policía, pero sostuvo que “es en todas las direcciones, es probable que allí hayan más, pero el proceso es en todas las direcciones”, reiteró el oficial.
Por su parte, en declaraciones vertidas a diversos medios de comunicación, el pasado 18 de febrero, el secretario de seguridad, Arturo Corrales, afirmó que la depuración policial es real y que en tal sentido se produce “el malestar de algunos”.
Ente tanto, el viceministro de Seguridad, Francisco Lima Bueso, ha sido más enfático al asegurar que la separación de los agentes de investigación se produjo por sus resultados en las pruebas de confianza y de las audiencias de descargo aplicadas a cada uno de ellos. Aseguró que los dictámenes técnicos para el despido fueron elaborados por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Además sostuvo que algunos de los investigadores son confesos de irregularidades que han cometido y “entonces la DIECP ha tomado la decisión de recomendar su cancelación y nosotros la ejecutamos”, afirmó.
El titular de la DIECP, Eduardo Villanueva, confirmó esa versión y aseguró que la Secretaría de Seguridad separó a los 161 agentes de la DNIC y a 9 más de la Policía Nacional después de haber recibido los dictámenes técnicos donde se asegura que no aprobaron las pruebas de confianza.
¿Quién queda para investigar los crímenes?
En los últimos años Honduras ha sido considerado el país más violento del mundo con una media de 577 muertos al mes, según datos del Observatorio de la Violencia y mientras eso sucede, la unidad encargada de investigar esos crímenes no puede hacerlo por la incapacidad a que ha sido sometida.
En junio de 2013 la DNIC contaba 2,323 agentes distribuidos en todo el país. Hasta ese momento a cada uno de los investigadores le eran asignados 50 casos, muchos de los cuales quedaban sin investigar, no solo por la sobrecarga de trabajo, sino también por no contar con la logística necesaria.
Los expedientes de los casos que estaban bajo investigación de los 161 agentes despedidos, fueron reasignados entre los investigadores que aún se mantienen en la institución. Las tareas se les han ido acumulando y para muchos el trabajo resulta casi imposible de culminar. La falta de investigación favorece la impunidad que por años ha imperado en el país.
Los especialistas en la investigación de homicidios solo se asignan a las ciudades importantes como Tegucigalpa, donde hay 60; San Pedro Sula, 30, y 10 en La Ceiba. En las demás regiones los agentes investigan todo tipo de delito.
A la Unidad Antisecuestros la DNIC solo se ha asignado cuatro agentes para apoyar el trabajo de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI).
LOS RETIRADOS HONROSAMENTE |
