Juan Miguel Izaguirre, es fiscal del Ministerio Público en Comayagua y ha manifestado que no solo la Secretaría de Seguridad, a través la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) es responsable de la mora judicial en esa región. “El Ministerio Público tampoco cuenta con el personal idóneo para operar una carga laboral justa” sostuvo.
Izaguirre participó en la presentación del informe, Combatiendo la Impunidad en Comayagua: Éxitos y Obstáculos, evento realizado en aquella ciudad, el pasado martes 8 de abril y donde la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) ha señalado que el 97% de los crímenes ocurridos en aquella ciudad quedan en la impunidad por falta de investigación criminal.
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Al ser abordado por este medio digital, Izaguirre dijo que los fiscales asignados a esa región manejan un promedio de 700 expedientes cada uno y que esa situación no les permite llevar a cabo acciones de calidad en la judicialización de los crímenes.
“Son casos judicializados y no es humanamente posible poder llevar este tipo de cargas”, sostuvo el fiscal, tras aunar, que para hacerle frente a la situación se requiere mínimo, diez fiscales más.
El informe de la APJ ha determinado que de 391 homicidios que ocurrieron entre 2010 y 2012 la fiscalía solo presentó requerimiento de 41 investigados por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y que de esos, únicamente 11 lograron hasta hoy, sentencia condenatoria.
En tal sentido, Izaguirre dijo que esa regional del MP no solo maneja la sección homicidios y que los casos son judicializados en la medida en que la DNIC se los remite. Indicó que en la zona ocurren delitos relacionados a la portación ilegal de armas, consumo de drogas, facilitación de medios de transporte para el tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y doméstica y delitos sexuales, entre otros.
Reconoció la incapacidad del Ministerio Público en el manejo de los archivos. “Son registros en libros y manuscritos y esa situación puede llevarnos a cometer errores”, afirmó el fiscal, quien no se explica las razones que llevaron a las autoridades a suspender el SEDI, un sistema de información que permitía mantener enlazadas las operaciones del MP, Secretaría de Seguridad y los tribunales de justicia.
“Solo estaba en pocas ciudades, pero todos teníamos acceso a esa información y lastimosamente se dejó de utilizar al poco tiempo. Antes de que yo llegara a Comayagua, hace tres años se utilizaba, pero desconocemos porque lo cancelaron”, afirmó.
Aseguró que si las autoridades lo permitieran, los operadores de justicia podrían utilizar la base de datos del Registro Nacional de las Personas a fin de que los expedientes sean identificados por el número de identidad en todas las dependencias y evitar así la confusión de datos.
