La negligencia en el Instituto de la Propiedad y la ambición desmedida de personas que décadas atrás se auto proclamaron propietarios de los terrenos ejidales, impide que miles de hondureños gocen del derecho a la propiedad de la tierra y coloca a las familias en situación de vulnerabilidad y de incertidumbre al no lograr la legalización sus predios.
La tenencia extra-legal de la tierra es un fenómeno que afecta principalmente al sector urbano y tiene como principales actores a hombres y mujeres que cambiaron el campo por la ciudad en busca de mejores condiciones de vida.
Los pobladores de estos asentamientos viven en la incertidumbre a pesar de que llevan décadas viviendo en sus predios, mismos que son reclamados por diversas personas que también fueron víctimas de un mercado ilegítimo promovido por, terratenientes, líderes comunitarios y funcionarios municipales, situación que ha provocado la muerte personas, desalojos y amenazas, entre otros hechos violentos.
Estadísticas del proyecto Patrimonio Seguro, de la Asociación para una Sociedad más Justa, señalan que entre el 2008 y 2009 diez líderes de colonias marginales sin regularización fueron asesinados.
Aparte de esto, la falta de legalización impide que las familias puedan obtener beneficios económicos, derivados de transacciones bancarias y de la compra y venta de los terrenos. Los poseedores de la tierra sin título están obligados a vivir en condiciones precarias al no tener garantizada la seguridad de sus inversiones.
El instituto de la propiedad
En el año 2004, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Propiedad, normativa jurídica que le da vida al Instituto de la Propiedad (IP), un organismo en el que la sociedad confió, pero que al poico tiempo cayó en la politización, el desorden y una alarmante corrupción.
El IP fue creado para realizar la regularización, titulación y registro de la propiedad inmueble, y de acuerdo a la Ley, su importancia radica en la capacidad que debería tener para garantizar la seguridad jurídica a través del ordenamiento y administración de la tierra. A casi diez años de haber sido fundado este organismo está lejos de cumplir sus objetivos de idoneidad, según observamos en el siguiente gráfico.
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Hasta hoy la institución ha sido totalmente controlada por el Presidente de la República, con juntas directivas desconocedoras del tema de tierras, conformadas por miembros del partido de gobierno y con personal nombrado por recomendaciones políticas.
A finales de mayo pasado, el presidente, Juan Orlando Hernández, nombró a su principal asesor, Ebal Díaz, al director del Instituto Nacional de Estadísticas, Ramón Espinoza y al arquitecto, Henry Merriam, como miembros de una comisión interventora del Instituto de la Propiedad (IP).
Hasta ese momento lo que se podía observar en el IP era un trabajo desordenado y poco transparente, provocando así, daños a los usuarios y al mismo Estado, situación que se puede apreciar en este cuadro.
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Expertos en regularización predial han manifestado que el proceso de titulación de tierras no debería de exceder de 9 meses. Sin embargo, el IP con todos los recursos económicos, humanos y logísticos se demora en promedio, 6 años y medio.
Una situación que para ellos es injustificable, porque este retardo provoca incrementos exagerados en los costos en la legalización de las tierras.
La demora en estos plazos aumenta los costos de producción de cada uno de los títulos de propiedad, sobre todo, porque existen colonias hasta con diez años de haber iniciado el proceso de titulación y que todavía mantienen pendiente la entrega de sus documentos.
En el 2007 la emisión de un título de propiedad tenía un costo aproximado de 17,661 lempiras, pero para 2013 el precio subió a un estimado de 741,105 lempiras. Este costo incluye los salarios del personal y demás gastos en que incurre el Estado. El presupuesto del IP crece todos los años, pero la cantidad de predios titulados ha bajado considerablemente.
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La falta de voluntad en las autoridades para echar a andar un verdadero proceso de regularización y titulación de tierras provoca impactos negativos en la población. Son muchas las familias que por no contar con un título de propiedad han perdido oportunidades de agenciarse recursos que les permitan mejorar sus condiciones de vida.
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Honduras cuenta con un millón 200 mil predios sin titular, expertos aseguran que el IP tiene la capacidad humana, logística y económica para emitir 45 mil títulos al año, pero por el desorden con que se maneja, esa es la cantidad que ha producido en 10 años de existencia. Es decir, solo produce el 10% de lo que debería. Con este ritmo esta institución culminaría su trabajo dentro de 267 años.
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Todo lo anterior corresponde procesos de regularización y titulación de las colonias pobres, pero cuando se trata de personas influyentes, la situación cambia y los empleados del IP son muy capaces y diligentes, situación que usted puede verificar en gráfico que a continuación le presentamos.
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