Las Organizaciones Ambientalistas retaron a las autoridades gubernamentales y a las empresas mineras para que dejen de dar largas, y se discuta una verdadera Ley de Minería acorde a la realidad de Honduras y sobre todo que prevea los impactos menos posibles al ecosistema.
Han transcurrido casi nueve años desde que la Corte Suprema de Justicia a través del Juzgado de lo Contencioso Administrativo emitió un fallo a favor de los ambientalistas, para reformar 13 artículos de la Ley General de Minería aprobada en 1998, por considerarlos lesivos a los intereses de la población nacional.
Sin embargo, en el Congreso Nacional la discusión de estos artículos o una nueva Ley General de Minería como pretenden los ecologistas, duerme el sueño de los justos. De esta situación se aprovechan las empresas mineras, las que no pagar sus tributos aduciendo que no hay un documento legal que los rija.
Ambientalistas, gobierno y mineros discuten la temática
Tratando de dilucidar una problemática que ya lleva décadas de discusión y por primera vez, Organizaciones Ambientalistas, la Comisión de Minería del Congreso Nacional, la Fiscalía Especial del Ambiente, Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería y la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras sostuvieron una reunión.
Luego de varias horas de discusión, en las que por momentos se tornaron de acusaciones por parte de los protectores de la naturaleza hacia los diputados de la Cámara Legislativa y hacia los representantes de las empresas mineras por los severos daños que ocasionan las mineras a cielo abierto en el país (caso Valle de Siria en donde los daños ocasionados por la Minera Entre Mares San Martín son cuantiosos e irreversibles), se llegó a algunos acuerdos para tratar de llegar a un arreglo entre las partes.
Uno de ellos es que la Comisión de Minería del Congreso Nacional visitará en situ las mineras Entre Mares, la de la Unión, Copán y la zona sur, específicamente en el departamento de Choluteca, zona en donde hay fiebre por el oro y en cuyo proceso de sustracción se utiliza el mercurio para separarlo. El mercurio es un elemento altamente tóxico.
Los ambientalistas acordaron no acompañar a dicha Comisión porque consideran innecesaria las visitas, mismas que han realizado durante años enteros. Dijeron además que las empresas mineras sólo muestran a las autoridades los espacios que a ellos les conviene, no así las partes destruidas y contaminadas.
La próxima semana se prevé otra reunión con el Obispo de Copán Luis Alfonso Santos y otras Organizaciones para tratar lo relativo al impacto que ha causado la minera de la Unión y buscar puntos de coincidencia para redactar la Ley, o reformar los 13 artículos de nuevo y que tienen que ver con el bajo tributo impuesto a las mineras, la técnica de cielo abierto que rechazan de plano los ambientalistas y otros problemas sociales de las comunidades afectadas.
