Honduras es suscriptor a granel de convenios internacionales en materia de derechos humanos, pero la desidia gubernamental mantiene a los adolescentes que por algún motivo fueron recluidos en los centros de internamiento de menores en una pavorosa realidad donde la desesperanza y el temor se mezclan con el crimen. Por abandono del Estado no existe la reinserción social, pero a cambio, los muchachos invierten su tiempo en planificar fugas y cometer crímenes horrendos al interior del reclusorio.
Son cuatro los centros de internamiento que existen en el país: Renaciendo y Sagrado Corazón de María, ubicados en el Distrito Central; El Carmen, en San Pedro Sula y Jalteva en Cedros, Francisco Morazán. En estos centros se alberga un total de 279 adolescentes infractores, hombres y mujeres, en su mayoría descendientes de familias muy pobres y con limitadas oportunidades en educación y empleo. Ver tabla de centros
Varios de los internos pertenecen a una mara o a una pandilla y han sido acusados de extorsión, robo de vehículos, tráfico de drogas, homicidios, asesinatos, violaciones y secuestros, entre otros crímenes. Sin embargo, un alto porcentaje de ellos fueron confinados por el robo de una bomba de fumigar, una montura, de un azadón y o de un pujaguante, de una vaca, de un caballo y hasta de una bicicleta o de los espejos y radios de vehículos.
Los delitos son diferentes, pero son enviados a un solo recinto y allí permanecen juntos, hablan de sus experiencias y comparten penas y alegrías. Con el tiempo, los que fueron encerrados por haber cometido un delito menor, aprenden a ejecutar los crímenes de alto impacto, como el secuestro, la extorsión y el asesinato.
Gerson Cárcamo. // foto: Revistazo.com |
Luego de constatar el hallazgo de dos cuerpos de jóvenes asesinados y enterrados al interior de Renaciendo, la titular de la Dirección Nacional de Niñez y Familia (DINAF), Lolis Salas, reconoció el pasado 14 de enero que los centros de “rehabilitación” en Honduras son escuelas del crimen. Las autoridades iniciaron excavaciones tras conocer que en los predios de este centro de menores había un cementerio clandestino en el cual estarían enterrados media docena adolecentes, pero hasta hoy solo han desenterrado dos.
El gerente de justicia penal de la DINAF, Gerson Cárcamo, explicó a Revistazo que de los 279 jóvenes internos 21 son niñas que cumplen penas de privación de libertad en el Centro Sangrado Corazón de María, de Tegucigalpa; el resto son varones, de los cuales 36 están en Jalteva, municipio de Cedros Francisco Morazán, bajo un régimen de semi-libertad; 90 permanecen el Centro Pedagógico El Carmen, en San Pedro Sula; 80 en Renaciendo en la aldea de Tamara y 52 supuestos pandilleros trasladados temporalmente de Renaciendo al batallón de Los Cobras.
Cárcamo reconoce que los centros de internamiento de menores han sido gobernados por los mismos jóvenes internos, como si tratara de una copia al carbón de las cárceles de adultos, donde prevalece el autogobierno. Desde mediados del 2014 las autoridades optaron por resguardarlos con militares. No obstante, las reyertas y fugas han continuado.
Un pequeño recuento
El 4 de enero de 2014, diez menores recluidos en El Carmen, se escaparon. Los muchachos utilizaron retazos de tela para trenzar un lazo y uno a uno se fueron deslizando por el muro hasta caer a la calle. Cinco meses después, el 21 de junio, también se fugaron once niñas privadas de libertad del Centro Sagrado Corazón de María. De ellas la policía reportó haber recapturado a cinco.
De igual manera, el 13 de noviembre de 2014, doce supuestos pandilleros de la 18 se escaparon de Renaciendo. En su momento el director del Instituto Hondureño para la Niñez y la Familia (Ihnfa), Felipe Morales, informó que por esta fuga las autoridades investigaban a tres militares. En diciembre se escapó otro menor, supuesto miembro del denominado “Combo de los que no se dejan.”
El 9 de enero pasado, miembros de la pandilla 18, internos en Renaciendo quemaron la carpa y los colchones donde dormía los integrantes de la banda de Los Chirizos. La acción provocó una revuelta que aprovecharon 30 jóvenes para fugarse. De ellos, las autoridades informaron haber recapturado a veintiséis. El incidente también provocó que una comisión de alto nivel nombrada para tomar control del lugar decidiera dos días después trasladar a los Cobras a 52 internos.
La situación se agravó y el 14 de enero este mismo centro fue escenario de una balacera entre militares y varios internos supuestos miembros de la pandilla 18 un acontecimiento que dejó a dos adolescentes muertos y cuatro heridos. El hecho se generó cuando un militar le impidió la entrada a visitantes de uno de los occisos, el tiroteo que duró varios minutos acabó con la vida David Alberto Molina y Emerson Espinal Osorio, ambos de 17 años de edad.
El 4 de febrero pasado, el turno le tocó a los internos del Carmen, allí protagonizaron una riña donde varios jóvenes resultaron heridos de gravedad. A uno de ellos los obligaron a comerse el dedo de su mano que le fue cercenado. Los heridos fueron trasladados al hospital público de El Progreso Yoro, donde recibieron atención médica.
Los conflictos al interior de los centros de reclusión de menores no son nada nuevo en Honduras, en la década pasada Revistazo publicó una serie de artículos en los que mencionaba que las condiciones infrahumanas en que vivían estos jóvenes estaban provocando reyertas que acababan con la vida de los internos. Este medio digital advertía que la falta programas de desarrollo, talleres y personal no capacitado, agravaban la situación.
Resentimiento social
Wilmer Vásquez. // foto: Revistazo.com |
El coordinador de la no gubernamental Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN), Wilmer Vásquez, es del criterio que por la falta de programas de rehabilitación, los centros de internamiento de menores en Honduras están preparando a hombres y mujeres con un resentimiento social que no les permitirá ser útil a la sociedad, y que contrariamente saldrán a vengarse lo que el Estado les ha negado.
Para él, la descomposición social que vive la juventud es culpa del mismo Estado que no le ha permitido vivir con dignidad.
Ninguna persona purga un delito porque nació delincuente, se cometen infracciones porque hay abandono, y me refiero a acceso a la tierra, acceso a un empleo, acceso a una vivienda, educación de calidad, seguridad, recreación, protección social”, reflexionó Vásquez, al instar a las autoridades establecer programas integrales de rehabilitación para los jóvenes recluidos.
El ex director del Centro El Carmen, Ernesto Bardales, va más allá y señala que frente a la comunidad internacional las autoridades siempre han manejado el tema de infancia con un juego de doble moral. “De poner la niñez como prioridad, pero vemos a los niños expuestos a maltrato y explotación, que aprenden a consumir drogas, a manejar armas, y son esos los niños y niñas que encontramos en los centros de internamiento, porque el Estado ha estado ausente,” sostuvo.
Sostiene que la falta de voluntad política no les ha permitido a los gobiernos darles una atención adecuada a los menores internos.
Hace 18 años fui director del Carmen y en aquella época atendíamos a más de 600 niños y niñas con apenas 20 mil lempiras al mes y la situación sigue igual”, expresó Bardales.
Ernesto Bardales. // foto: Revistazo.com |
A mediado de enero la DINAF traspasó el manejo de los cuatro centros de internamiento de menores a la organización no gubernamental – Asociación Americana Punto Rojo (ARPA), una decisión que para Bardales es lamentable porque el gobierno en lugar de privatizarlos debería de mejorarlos. Pero el coordinador de la Red de Jóvenes Cristianos, Marco Antonio Pérez, opina que el problema se da porque que el gobierno mantiene a las instituciones sin los recursos para operar.
En tal sentido mencionó que el presupuesto del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) antes de ser convertido en la DINAF era de 300 millones de lempiras, pero que ahora solo manejan 90 millones, contrastando con el incremento millonario que en los últimos años recibieron la policía y el ejército para reprimir a esa juventud excluida que es la que va a parar a los centros de internamiento.
Según Pérez, solo Tegucigalpa, una ciudad considerada entre las más violentas del mundo, mantiene a 150 mil jóvenes que no estudian ni trabajan porque el gobierno no les da la atención que merecen, “y la cifra va en aumento y es una bomba que estallara más adelante porque en San Pedro Sula hay otra cantidad similar y de igual manera en otras ciudades. Eso le da la oportunidad a los muchachos a acercarse más a las pandillas o al crimen organizado”, insistió.
Ignorancia
Un promedio anual de 500 niños y niñas son acusados en los juzgados competentes por cometer diferentes delitos. Investigaciones de organismos defensores de los derechos humanos señalan que la delincuencia juvenil es alentada por falta de oportunidades y que la situación la aprovechan las bandas criminales que utilizan a los menores como instrumentos del crimen. El escenario es alarmante, pero hasta hoy lo único que se les ha ocurrido a las autoridades e incluso a ciertos líderes religiosos es la reducción de la edad punible.
“Pero esa es una postura terriblemente ignorante, un niño o niña de 14 años puede cometer crímenes horrendos, no lo niego, sin embargo, enviarlo a una prisión de adultos es simplemente condenarlo a vivir excluido de la sociedad”, expresó Vilma “Nina” Balmaceda, experta en justicia restaurativa y presidenta de la Federación Interamericana de Juristas Cristianos.
Yo quisiera que las personas que proponen estas políticas me mostraran casos de adultos que han salido rehabilitados, porque si la prisión de adultos tal como está hoy permite la rehabilitación, que para mí es absolutamente falso si no hay ninguna evidencia, entonces yo diría que sí, pero en las prisiones donde es el más fuerte, el más violento y el más asesino es el que da las reglas, ¿cómo esperar que algo bueno va a ocurrirles a estos jovencitos?” prosiguió la jurista.
A renglón seguido instó que las autoridades tomen en cuenta las causas que conducen a estos jóvenes a robar, extorsionar o asesinar. “¿Cree usted que un jovencito de 14 años con un hogar donde hay pan, cariño, dialogo y aceptación, va a agarrar un revolver o una navaja para clavársela a una persona? -No, porque los que caen en esta situación, son personas víctimas y lo que necesitan es tratamiento, disciplina y no una sanción que los destruya”, exhortó.
Vilma “Nina” Balmaceda, // foto: Revistazo.com |
Balmaceda, es una abogada de origen peruano que actualmente imparte clases en una universidad de Estados Unidos, estuvo de visita en Honduras a finales del mes pasado porque forma parte de la junta directiva de una fundación estadounidense que apoya el trabajo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El coordinador de seguridad ciudadana del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Carlos Sierra, también es del criterio que el Estado debe de experimentar cambios en el modelo de internamiento y en la aplicación de los procesos de rehabilitación y de reinserción social de los jóvenes. “Imagínese el carácter que se forma un niño privado de libertad a los 14 años y que no puede seguir estudiando ni tiene rehabilitación. Cuando sale, regresa a la sociedad con odio porque se culpabilizó por la violencia social que existe en el país, y muchas veces un niño que se roba un celular o una cartera ha sido empujado por la pobreza, entonces el Estado debería experimentar otras opciones en lugar de estar llenando centros de internamiento descuidados”, expresó Sierra.
Fustigó la propuesta de enviar a la cárcel de adultos a los adolescentes, porque, “incluso se llega hasta a hablar de pena de muerte y desde las organizaciones de derechos humanos estamos en contra porque esas no son soluciones sino agravantes, reducir la edad punible significa que los niños pasan a las cárceles de adultos y ¿en qué contribuye esto?, -bajar la edad punible también es permitir que las bandas criminales comiencen a reclutar niños y el Estado ha suscrito tratados en esta materia, pero siempre que ocurren problemas surgen voces que buscan salidas fáciles”, dijo Sierra.
Un sistema distinto
Como experta en justicia restaurativa – Balmaceda propone que los centros de internamiento de menores sean espacios donde los jóvenes tengan una opción de vida no fácil, pero basada en los criterios de razonabilidad y con las oportunidades educativas y de trabajo necesarios para sus rehabilitaciones. Es decir, un sistema distinto a las cárceles tradicionales con personal interdisciplinario. Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y abogados, respetuosos de la dignidad humana.
“El encarcelamiento de jóvenes no debe servir para destruirles su espíritu sino para enseñarles a distinguir el bien y el mal”, dice Balmaceda, pero en Honduras lo que hasta hoy ha prevalecido son políticas fracasadas de mano dura y autogobiernos.
La jurista dice que los recursos que el Estado invierte en la militarización para confrontar problemas de inseguridad deberían usarlos mejor en programas de prevención y en la creación de oportunidades educativas y de trabajo significativo.
“He encontrado que para un jovencito sin oportunidades educativas entrar a trabajar como obrero, ¿qué tipo de pago recibe por una jornada de 10 horas diarias en un mes?,- Y ¡es ridículo lo que ganan!, -pero allí le dicen llévame esta bolsita del punta A al punto B y tendrás 20 mil dólares a la semana, ¿en qué mente está que podemos contrarrestar esa situación si no es creando alternativas de no lleves la bolsita, aprende algo constructivo y te vamos a dar una remuneración más decente?”, enfatizó.
“Yo creo que también se debe identificar donde se están invirtiendo los fondos nacionales, porque si estamos invirtiendo para que haya una represión violenta, me animo a predecir que lo que van a tener es una reacción más violenta, pero si hay inversión en la prevención, de fortalecer las artes, los deportes y en el trabajo significativo, estamos hablando de un espacio que brinda más esperanza”, prosiguió.
Buena inversión
Como ejemplo de una buena inversión, Balmaceda expuso que en Alemania en un centro de internamiento de menores con pocos recursos se rehabilitan 40 jóvenes infractores, que a las 6 de la mañana los muchachos se levantan para hacer ejercicio, se bañan, desayunan y luego van a trabajar en la tierra. Afirmó que al mediodía almuerzan, descansan un poco y después van a recibir clases. Los que saben oficios desarrollan trabajos y reciben pago de acuerdo a lo que hacen.
“Ellos también hacen servicios gratuitamente a la comunidad y este es el principio que en la justicia restaurativa se llama generosidad, forman equipos de construcción y van a distintos lugares para ayudar a los migrantes, dan la mano de obra y a veces también materiales. En este de trabajo los supervisores observan las actitudes y cuando ven que la persona es transformada llaman a los abogados y comienzan los trámites para reducir penas o solicitar libertad condicional”, expresó.
Aclaró que en justicia tradicional este tipo de actividades no funcionan porque el que llega es uno más, mientras que en justicia la restaurativa al interno se trata como ser humano.
Balmaceda también se refirió al método aplicado en 28 unidades penitenciarias de Brasil por la Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados (APAC). “El programa invita a formar parte de él, a quienes están en una prisión y están dispuestos a ciertas disciplinas, no les llaman reos, reclusos ni internos, se de nominan recuperando y lo bueno es que ellos construyen comunidades, se apoyan y se cuidan”, dijo.
Son celdas sin llave y los jóvenes respetan las reglas en los parámetros de que el que trata de escapar es regresado a las celdas tradicionales. Son cárceles administradas por ONGs sin fines de lucro y la conducta es vigilada por una comisión de presos denominada Consejo de Sinceridad y Solidaridad. En el programa participan personas que han comedido diversos crímenes. Inició en 1972 con la pastoral carcelaria católica, pero ahora su ejecución es ecuménica y allí conviven católicos, cristianos de diversas denominaciones y espiritistas.
El objetivo principal de este modelo carcelario es promover el contacto permanente entre los reclusos y gente de la comunidad, incluidas sus propias familias.
Balmaceda es profesora del programa de justicia criminal en la Universidad Cristiana de New York (NYACK), donde imparte la cátedra de justicia restaurativa a estudiantes que se preparan para ser policías, para seguridad en las prisiones, centros de rehabilitación y turismo. “Y reciente a la reforma de Obama sobre la salud, hicimos un debate, organizamos dos equipos integrados por reclusos y mis alumnos, y al fin de semestre que los estudiantes informaron que esa había sido la experiencia más importante de sus 4 años de estudio”, aseguró.
No pueden pasar desapercibidos los esfuerzos que realizan en Honduras organismos no gubernamentales, como el Proyecto Victoria, Teen Challenge y el programa Jóvenes Hondureños Adelante Juntos Avancemos (Jha ja), que trabajan en la rehabilitación de personas con problemas de alcoholismo y drogadicción y riesgo social.
El Proyecto Victoria les brinda terapia física, espiritual, ocupacional y psicológica. Varios de los jóvenes adictos que se encuentran allí trabajaron como sicarios desde niños. Teen Challenge por su parte, prioriza dentro de sus actividades los proyectos comunitarios para rescatar a personas con problemas de alcohol y drogas y (Jha- ja) Promueve principios de desarrollo humano en jóvenes vinculados a maras o pandillas, Justicia Comunitaria, Pluralismo Judicial y Cooperativas, entre otras acciones.
Tercerización
A inicios de este año el gobierno a través de la DINAF concesionó los servicios de alimentación y la infraestructura de los cuatro centros de internamiento de menores a la Asociación Americana Punto Rojo, conocida en inglés como American Red Point Association (ARPA). Sin embargo, la responsabilidad legal y la garantía de respeto a los derechos humanos de los internos siguen en manos del Estado.
La situación no ha cambiado, pero Gerson Cárcamo, gerente de justicia penal de la DINAF, asegura que su institución y ARPA, hacen los trámites necesarios para que a los centros de menores lleguen los programas de la Secretaría de Educación y del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).
ARPA, es una fundación norteamericana que inexplicablemente luego del desaparecimiento del Instituto Hondureño de la niñez y la Familia (IHNFA), es la encargada de administrar los centros de rehabilitación de menores.
Se autodenomina ser una institución dedicada al desarrollo de comunidades, a la prevención, capacitación y asistencia técnica de la población desfavorecida. Por resolución 1077-2013 del 13 de octubre de 2013 la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Ursac) la inscribió con el número 355.
Población interna en los centros de menores
| Centro | Ubicación | Población interna |
| Renaciendo | Támara Francisco Morazán | 132 más 52 que están temporalmente en Los Cobras |
| El Carmen | Támara Francisco Morazán | 90 |
| Alteva | Támara Francisco Morazán | 36 |
| Sagrado Corazón de María (niñas) | Tegucigalpa | 21 |
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