En representación del Estado de Honduras, la Fiscalía de Chile ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia de ese país, revocar el fallo que deniega la extradición de Natalia Patricia Ciuffardi antes de ser juzgada en aquella nación. Ciuffardi es acusada por la supuesta comisión del delito de lavado de activos en perjuicio del Estado de Honduras.
 |
Ella es amante del ex director del Instituto de Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Roberto Zelaya, funcionario que según la Fiscalía le habría traspasado 19 millones de lempiras del saqueo que supuestamente protagonizó en esa institución. Ciuffardi compró varios inmuebles en Honduras y Chile y dos vehículos en aquella nación, bienes que hasta hoy no ha podido justificar.
El Estado de Honduras ha solicitado la extradición de Ciuffardi, pero el juez Hugo Dolmestch, de la sala II de la Corte Suprema de Chile, determinó en su fallo emitido el 12 de febrero, que la imputada solo será extraditada, si los tribunales chilenos la encuentran culpable del delito por el cual la acusan las autoridades hondureñas.
Ella era bailarina del famoso nightclub Platinum de Santiago de Chile. Allí la conoció Zelaya en abril del 2011, se enamoraron y pasaron a ser amantes, procrearon un hijo y ahora ambos están involucrados en el fraude de 7 mil millones de lempiras en contra del IHSS.
La apelación
El pasado 16 de febrero la Fiscalía chilena presentó ante la Corte de Apelaciones de su país un recurso de apelación solicitando la nulidad del fallo que la Sala II emitió para ordenar que Natalia Patricia Ciuffardi sea Juzgada en Chile antes de ser entregada en extradición a Honduras.
Desacargue: recurso de apelación |
Las Fiscalías de Honduras y de Chile no comparten la decisión del juez, Hugo Dolmestch, pero será la Corte de Apelaciones chilena, el organismo que tome la última determinación. La apelación señala que Ciuffardi no ha sido acusada en Chile y que en tal sentido es inadmisible la premisa de que no puede ser extraditada por tener un juicio pendiente en ese país.
Además indica que la imputación que allá se podría presentar es diferente porque la acusación de ellos atiende al lavado de activos cometido en Chile y no a ese mismo delito ejecutado en Honduras. Ante tal situación manifiesta que aceptar el planteamiento de la defensa sería privar al Estado hondureño de su derecho de juzgar a la imputada.
Señala, que no entregar a la imputada por el interés superior de su hijo, quien supuestamente sufre de problemas de salud no es suficiente, porque la defensa no ha presentado las pruebas que demuestren la situación médica del menor. El escrito también contempla que sería un problema para la justicia chilena evacuar y analizar una enorme cantidad de pruebas, peritos y testigos que se encuentran en Honduras. Y “no es apropiado que se juzgue a la imputada en chile por un delito donde los co-imputados serán juzgados en Honduras”, concluye.
Fiscales hondureños han asegurado contar con al menos 350 testigos y 75 peritos que trabajan el tema, por lo que el subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de Chile, Eduardo Picand, es del criterio que si fuera realizado en Chile y no Honduras, el juzgamiento de Ciuffardi llevaría varios años y sería el más costoso de la historia de su país.
