Las denuncias de corrupción y negligencia de los empleados y funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP) podrían pasar a la historia si las autoridades cumplen el convenio de cooperación, que el pasado martes cuatro de marzo, suscribieron la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el gobierno hondureño.
El informe de una investigación que el año pasado realizó la ASJ, capitulo nacional de Transparencia Internacional (TI), denunció que el sistema de regularización predial en Honduras se había caído en un estado de disfunción producto de la corrupción, la politiquería y la codicia de varios funcionarios del IP.
Derivado de estas revelaciones, las autoridades han empezado a tomar medidas para sanear la institución: destituyeron a funcionarios señalados de cometer irregularidades, trasladaron a otros y ejecutaron reformas legales para cambiar la estructura de la Junta Directiva.
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Carlos Hernández. |
Según Carlos Hernández, el director ejecutivo de ASJ, el IP fue creado con el noble propósito de facilitarles títulos de propiedad a más de un millón de hondureños que caracen de esta garantía legal, sin la corrupción y la politización no han permitido que esta institución cumpla sus objetivos. La emisión el pasado diciembre de 5,000 títulos que podrían estar viciados es un ejemplo más de las negligencias que han caracterizado el funcionamiento del IP desde su creación hace una década.
Sin embargo, Hernández expresó que la firma del convenio de cooperación despierta esperanzas de cambio. “Confiamos en que a partir de ahora podamos comenzar a soñar con una institución diferente y con la esperanza de que este convenio ayude a resolver la situación de miles de hondureños pobres que no han tenido la oportunidad de obtener su título de propiedad,” dijo.
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Ebal Díaz. |
El presidente del Consejo Directivo del IP, Ebal Díaz, reconoció que los políticos llevaron a la institución a una difícil situación, pero ratificó su compromiso por transparentarla. Para él, es lamentable que las administraciones anteriores hayan gastado más de 100 millones de dólares—muchos de estos fondos prestados por el Banco Mundial y otros organismos—en modernizar una entidad, “que no solo no se modernizó sino que se convirtió en otra cosa”, afirmó.
En tal sentido sustentó, que ha llegado el momento de asumir responsabilidades “y así lo ha hecho el presidente Hernández, porque el tema de la transparencia y el tema de la generación de oportunidades para los hondureños, es un reto que todavía sigue caminando”, indicó Díaz, sin desaprovechar la oportunidad para resaltar que el gobierno Honduras ha sido el único en abrir las puertas para que Transparencia Internacional audite su gestión.
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James Oppenhuizen. |
La firma del convenio para transparentar el IP se realizó en casa de gobierno, con la presencia de una delegación de juristas norteamericanos, miembros de la Veeduría Internacional del IP (VIIP), quienes llegaron al país para reunirse con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros de comunidades afectadas por la falta de titulación de tierras.
“Esta es nuestra tercera visita a Honduras y hemos visto un avance sustancial, el IP nos abrió las puertas y nos permitió ver sus planes para el cambio, esperamos que todas las palabras que fueron compartidas se tornen en acción”, dijo James Oppenhuizen, miembro de la delegación.
Compromisos
El documento, que será vigente hasta enero de 2018, establece que las partes podrán nombrar enlaces técnicos a fin de garantizar que el IP proporciones a la ASJ la información requerida, en base a la legislación vigente. Además, coordinarán esfuerzos para la investigación y denuncia en las instancias administrativas, civiles y penales de todos los funcionarios de la institución que actúen irrespetando la ley.
El IP se obliga a permitir que la ASJ realice las correspondientes auditorias sociales y a facilitar el acceso a la información pública, en base a los criterios que conforman el Índice de Veeduría, como herramienta para medir el desempeño de los funcionarios y empleados.
