“Se percibe una notoria mejoría en relación a las observaciones efectuadas en la auditoría pasada”, concluye el proyecto Patrimonio Seguro (PS), de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), luego de una revisión a 508 títulos de propiedad que el Instituto de la Propiedad (IP) programa entregar a igual número de familias en las próximas semanas.
La documentación revisada por PS, en el marco de un convenio suscrito con las autoridades del IP, corresponde a títulos emitidos en noviembre de 2014 (pero que siguen pendientes de entregar) sobre expropiaciones efectuadas en los años 2005, 2011 y 2012. Estos 508 títulos corresponden a 51 colonias, pero PS solo observó una muestra de la documentación de 22 comunidades localizadas en los departamentos de Cortes y Francisco Morazán.
Esta es la segunda auditoría que PS ha realizado en los últimos seis meses a los títulos de propiedad emitidos por el IP. En la primera, llevada a cabo a finales de noviembre de 2014, este organismo no gubernamental encontró que 5,000 documentos que estaban listos para entregar, presentaban irregularidades legales que en el futuro podrían ocasionarle problemas a sus propietarios.
PS le recomendó al gobierno corregir las anomalías antes de otorgarlos, pero las autoridades desatendieron la petición y para cumplir una meta que se habían trazado, en diciembre pasado, los entregaron sin enmendar las incoherencias. Asumiendo el compromiso con la sociedad este medio digital, publicó la denuncia y el listado de los beneficiarios a fin de que acudieran al IP solicitando la rectificación particular de cada documento.
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La denuncia provocó revuelo en las altas esferas del gobierno y los responsables fueron llamados a dar explicaciones a la casa presidencial, donde surgió el acuerdo para la suscripción de un convenio entre la ASJ y el IP con propósitos de transparentar los procesos de regularización predial.
Es así como en la última auditoría practicada, PS tuvo la colaboración de las autoridades. Previo a este ejercicio, el IP contrató a la consultora Mirna Serrano, para revisar los títulos de propiedad y evitar que los errores encontrados a finales del año pasado y denunciados por Revistazo fueran nuevamente detectados por personal de la ASJ.
Quieren trabajar bien
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«Estábamos tristes cuando nos dimos cuenta al revisar una muestra de los 5 mil títulos que todos tenían problemas mayores y menores y hasta habíamos perdido la esperanza, pero con esta nueva revisión nos han convencido las autoridades que han tomado en serio nuestras recomendaciones”, expresó el Director Ejecutivo de ASJ, Kurt Alan Ver Beek.
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Sostuvo, que a finales del año pasado, el desorden con que manejaban la documentación provocó que el personal que hizo la auditoria invirtiera una semana en revisar 80 expedientes, pero que en la más reciente, en solo dos días inspeccionó una cantidad mayor. Para él, la actitud asumida por las autoridades refleja que los funcionarios y empleados, con algunas excepciones, quieren hacer las cosas bien. Destacó que con la anuencia de las autoridades del IP, el personal de PS trabaja para lograr una reingeniería de la institución con propósitos de agilizar los procesos y que en lugar de 1000 títulos al año se puedan emitir entre 15 y 20 mil, que es lo que la ASJ ha venido planteando.
Para tal propósito, según Ver Beek, la ASJ seguirá apoyando al IP, pero con la advertencia que si vuelven a trabajar mal, serán denunciados, porque al final, su institución lo que busca es que las familias más pobres puedan alcanzar cierto nivel de desarrollo. “Y aportando nuestro conocimiento y experiencia de diez años de trabajo porque este es un beneficio para gente pobre que vive 20 y 30 años sin tener un título y eso siempre ha sido nuestro deseo, no tanto el IP”, reiteró.
De igual manera, dijo que un título de propiedad tiene valor incalculable para cualquier familia de escasos recursos económicos, porque con este documento el padre o la madre puede acudir a un banco y obtener préstamos para educar a sus hijos, emprender un negocio o simplemente para establecer mejoras en su vivienda. “Y si lográramos tener 20 mil familias cada año con ese beneficio sería una gran cosa”, afirmó.
Señaló, que a pesar de los cambios bastante sustanciosos que ha habido en el IP, todavía hay empleados y funcionarios que deben salir de la institución, sobre todo, los que han sido vinculados en actos de corrupción y aquellos que se resisten a hacer las cosas bien.
La auditoría
El personal de PS tomó al azar una muestra de 5 títulos por cada colonia afectada, a excepción de aquellas que no alcanzaban esa cantidad. (Por ejemplo, en las colonias Flores de Oriente y José Ángel Ulloa, solo se había generado un título para cada una, y por lo tanto no fueron incluidos en la muestra.)
En total revisaron 53 documentos (aproximadamente el 10% del total de los títulos próximos a ser entregados), de los cuales 24 corresponden a 11 colonias del Distrito Central y 29 títulos a 11 comunidades del departamento de Cortes. Al final PS determinó que en el proceso de titulación existen elementos positivos, pero que todavía hay problemas por solucionar.
Los nuevos títulos son más confiables
De acuerdo al informe de PS, los decretos de expropiación descritos en los títulos de propiedad sí corresponden a las colonias en mención, una situación diferente a lo que encontraron en la primera auditoría. Asimismo, anteriormente se emitían títulos de propiedad con problemas en los nombres, apellidos y números de identidad de beneficiarios, pero según el informe de la segunda auditoría, eso ya es historia. PS también afirma que en este nuevo grupo de títulos, los planos llevan la firma y sello de la Dirección de Catastro y Geografía, la información del área del predio, la clave catastral, colindancias y demás información detallada del inmueble.
Aun les hace falta mejorar en algunos detalles
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Sin embargo, el informe de PS también revela puntos negativos que tienen que ver con algunas equivocaciones en los nombres de colindantes.
Describe que el título de propiedad con clave catastral 0501-6300-00199 a nombre de Sulmy Salome Ramos, presenta un error de dedo y en lugar de “municipio” aparece “unicipio”. Además “5 títulos de la colonia Modesto Rodas Alvarado, en la parte inicial del título se describe asentamiento humano Modesto Rodas Alvarado, sin embargo, más adelante donde se describe la ubicación del inmueble se dice: ubicado en la colonia Modesto Rodas Alvarado N° 1”, expresa el PS, en su informe.
También, existen títulos a favor de familias de la colonia Lisandro Paz, donde el nombre Lisandro aparece escrito con “z” y no con “s” como debe ser.
“Los 2 títulos de la colonia Villa Cristina mencionan el decreto No. N-PCM-033-2005 y no el PCM-033-2005, como aparece publicado en el Diario Oficial La Gaceta.” En tres documentos según PS aparece un colindante no determinado y no se especifican los propietarios en los linderos de norte, sur, este y oeste. El informe narra que estos títulos de propiedad cuentan con una matrícula activa en el Sistema Unificado de Registros.
En otro sentido también da a conocer que en el titulo con clave catastral 0801-0074-00537 aparece la abreviatura del primer nombre de la beneficiaria. “Ma Reinalda Gómez Gómez, se desconoce si es una abreviación de María”, sostiene el informe.
Documentación sin revisar
Durante la auditoría PS no tuvo acceso a los expedientes de donde se desprenden los títulos de propiedad, porque las autoridades les informaron que en ese momento realizaban el inventario. “Por lo tanto, el procedimiento legal seguido para la emisión de estos títulos de propiedad se desconoce”, puntea el informe.
La ONG tampoco observó las copias de las tarjetas de identidad de los beneficiarios y en tal sentido no puede dar fe que los datos personales estén debidamente escritos.
Recomendaciones
Patrimonio Seguro ha recomendado cotejarse los expedientes y corregir el número de decreto de la expropiación en los 2 títulos de propiedad de la colonia Villa Cristina e incorporar las colindancias, previo a que sean firmados por el Secretario Ejecutivo del IP.
Asimismo, recomienda que estos títulos de propiedad no sean registrados sin contar con la minuciosa revisión y aprobación de parte del Secretario General, porque a su juicio, los nombres y apellidos de los beneficiarios deben quedar bien escritos.
