Los estudiantes universitarios, Rafael Alejandro Vargas y Carlos David Pineda Rodríguez, aparecieron asesinados el 22 de octubre de 2011 en el kilómetro 8 de la carretera que de la capital conduce al sur de Honduras. Por sus muertes la justicia hondureña ha declarado culpables a cuatro policías y se dispone a individualizar las penas.
| Rafael Alejandro Vargas Era hijo de la Rectora de UNAH, Julieta Castellanos, ella y doña Aurora de Pineda, madre de Carlos David Pineda, emprendieron la lucha para exigir justicia, destaparon la corrupción y ahora claman un proceso de depuración de la policía, del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia.
Alejandro Vargas era estudiante de sociología y Carlos Pineda la carrera de derecho de la UNAH. |
El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa había programado dictar la pena que impondrá a cada culpable, el miércoles 11 de septiembre, pero a última hora pospuso la audiencia para el lunes 14 de octubre de 2013.
La Fiscalía Especial de los Derechos Humanos como parte acusadora ha solicitado la pena máxima, para los policías Santos Arnulfo Padilla, José Rubén Pozo López, Gabriel Donatilo Marcia Hernández y Wilson Roberto Córdova Rodríguez, quienes de acuerdo al relato de hechos, al momento cometer el crimen eran miembros del distrito policial 1-6 del barrio La Granja del Distrito Central.
De acuerdo al Código Procesal Penal las penas serían de 20 a 30 años de cárcel por el asesinato de cada uno de los estudiantes y de 3 a 6 años por abuso de autoridad. Es decir, los acusados podrían permanecer recluidos hasta 66 años, si así lo determinan los jueces.
Pruebas
La terna que conforma el Tribunal de Sentencia, validó como hechos probados que a la 1:30 de la madrugada del 22 de octubre de 2011 los dos universitarios salieron de una reunión, que abordaron un vehículo Toyota Rav-4 conducido por Rafael Alejandro Vargas y que entre la 1:45 y las 2:00 de la mañana llegaron a un karaoke donde se les impidió ingresar porque ya era la hora de cerrar, que en ese momento hubo una pequeña discusión y que los guardias de seguridad pidieron el apoyo de la policía.
También validó que los universitarios abandonaron el lugar con dirección al bulevar de acceso al aeropuerto Toncontín, pero que minutos después, cuando circulaban por la calle principal de la colonia 15 de Septiembre, fueron alcanzados por la patrulla M1-92, que era dirigida por el subinspector, Carlos Yovani Galeas, en compañía de tres policías más: Wilfredo Figueroa, Santos Arnulfo Padilla y José Rubén Pozo, quienes les ordenaron detenerse.
Durante el juicio oral y público las madres de los dos universitarios tuvieron una participación activa y aportaron pruebas a la Fiscalía. En la audiencia de debate el Tribunal declaro culpable a los cuatro policías. // Foto: Jorge C. |
Los estudiantes desacataron la orden y los policías dispararon en cuatro ocasiones contra el vehículo. Un proyectil de Galil, arma oficial de la policía, impactó en la espalda de Vargas y el balazo lo obligó a detener la marcha. Vargas fue bajado de su vehículo y subido en la parte trasera de la patrulla, mientras que dos agentes entraron en la camioneta para custodiar a Pineda. Los dos vehículos fueron conducidos a un sector oscuro y despoblado de la aldea Villa Real, en la salida al sur del país, donde los dos estudiantes fueron asesinados.
A Vargas le propinaron dos disparos de nueve milímetros en la cabeza, mientras que a Pineda tres. Antes de ejecutar a los estudiantes, en la colonia Loarque de la capital, al operativo se sumaron Gabriel Donatilo Marcia y Wilson Roberto Córdova de la patrulla M1-30. Los restos de los universitarios fueron lanzados a una hondonada llena de piedras, en la aldea Villa Real, mientras que el carro en que se conducían fue dejado a la altura de la aldea Santa Rosa. En los carros de la policía los investigadores encontraron cabellos y sangre de las víctimas.
El Tribunal de Sentencia aceptó las pruebas y declaró culpables del asesinato a los policías Santos Padilla, José Rubén Pozo, Gabriel Marcía y Wilson Córdova. A Padilla y Pozo les atribuye culpabilidad de coautores con alevosía y abuso de autoridad, mientras que a Marcía y Córdova, asesinato por omisión impropia y abuso de autoridad.
Los cuatro ex agentes se encuentran recluidos en la Penitenciaría Nacional, Marco Aurelio Soto, de Tegucigalpa, mientras que el subinspector, Carlos Yovani Galeas y el agente, Wilfredo Figueroa, también implicados en el crimen, están prófugos de la justicia, desde el 28 de octubre de 2011, cuando sus jefes superiores les autorizaron una salida de fin de semana.
Los implicados estaban bajo el resguardo del jefe de la Policía Metropolitana número 1, subcomisionado Jorge Alberto Barralaga Hernández. El Ministerio Público acusó a este oficial de ser sospechoso del delito de violación de deberes de los funcionarios, pero en junio pasado, los juzgados capitalinos le dictaron sobreseimiento definitivo.
Se destapa la olla
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Rafael Alejandro era hijo de la rectora de la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, quien utilizando recursos técnicos de la máxima casa de estudios y los videos que le proporcionaron diversos centros comerciales de la ciudad, pudo probar que los homicidas de los dos estudiantes eran miembros de la policía.
Para ese momento ya nadie desconocía que al interior de la policía operaban bandas delincuenciales. Sin embargo, fue ese crimen el que marcó el punto de partida para destapar la corrupción que envuelve a las distintas instituciones operadoras de justicia. La fiscalía ha descubrió que postas enteras de la policía formaban parte de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el sicariato.
Las revelaciones obligaron al gobierno a la creación de organismos y leyes que permitieran un proceso de depuración policial, que de acuerdo a estimaciones de la sociedad civil no ha dado los resultados que se esperaban, situación que se vuelve preocupante sobre todo porque el país se ubica entre los más violentos del mundo, con una tasa de 20 homicidios diarios, de los cuales según datos oficiales el 80% quedan en la impunidad.
Honduras vive una tremenda crisis de violencia y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo ha considerado como el país más violento del mundo. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras registra veinte muertes violentas diariamente, mientras que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, considera que cada 72 minutos muere un hondureño.
