En un juicio oral y público sin precedentes en Honduras, un tribunal condenó por corrupción a dos ex funcionarios a permanecer en la cárcel por 2.120 y 1.060 años.
El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa culpó a Raúl Barnica Solórzano, ex secretario general del Ministerio de Salud a 2.120 años en prisión y a José Alfredo Sarmiento Zelaya, ex coordinador del Proyecto Praf a 1.060 años.
Los jueces Alex Núñez, Leslie Gallardo y Telma Cantarero descubrieron que ambos cometieron 424 delitos, 212 delitos por fraude y 212 por falsificar documentos públicos.
Condenaron asimismo a Tania Gricelda Santos Chirinos, supervisora de caja de un banco capitalino, por 212 delitos de fraude en perjuicio de la administración pública.
Los cálculos los hizo el tribunal en base a las penas fijadas para el fraude y falsificación, multiplicadas por 212.
El tribunal valoró las evidencias aportadas por la Fiscalía contra la Corrupción para decretar la culpabilidad y la pena a los tres acusados, que permanecerán con medidas cautelares hasta que la sentencia esté firme.
La pena no se puso en vigor de inmediato porque los defensores de los inculpados interpusieron un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, la que deberá resolver pronto el caso.
La Corte puede confirmar o revocar el fallo.
Sin embargo, la sentencia es más que todo moral porque los tres inculpados sólo estarán 30 años en la cárcel, que es la pena capital o máxima que prevalece en Honduras.
Los delitos los cometieron los imputados entre el 16 de mayo y el 11 de septiembre de 2005, cuando el Estado perdió alrededor de 20 millones de lempiras (equivalente a un millón de dólares).
