Tegucigalpa, Honduras.- Pero, en lugar de rentar edificios y casas a costos onerosos para el funcionamiento de las entidades estatales ¿por qué no comprar, construir o remodelar las viejas instalaciones propias?
El dinero que el Estado invierte en rentar edificios, podría invertirse en la compra de locales propios o mejoras a los ya existentes y que se están deteriorando con el paso del tiempo.
Con el dinero que el Estado gasta anualmente en rentas, se podrían construir unas 11 escuelas, con aulas para los seis grados de la educación básica y sus respectivos baños y oficinas administrativas.
Una investigación realizada por Revistazo.com, en ocho de las más de 50 dependencias del Estado, establece que en algunas de las dependencias se paga precios por alquiler, por sobre el valor del mercado.
Para otras dependencias, se realizan alquileres a familias ligadas al poder y se deja a un lado, a edificios que podrían reconstruirse, caerse a pedazos.
La Comisión Nacional de Banca y Seguros y el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, son algunas de las entidades que se exceden en el pago de alquiler.
Edificios vetustos: refugio de delincuentes
Varios son los edificios que la historia registra como aquellos en los que un día sirvieron como edificios del Estado; edificaciones que en lugar de ser remodelados son utilizados por los transeúntes para hacer sus necesidades fisiológicas.
Como un monumento a la ignominia estatal se erige en las calles de Comayagüela, un edificio ubicado en uno de los costados de parque La Libertad. La Secretaría de trabajo dejó de funcionar en él, a mediados de los años 90.
Hoy se convirtió en un refugio de delincuentes, que observan junto al resto de la población el abandono y lento deterioro del bien inmueble.
“Ese lugar se ha convertido en un foco de infección para las personas que pasamos a diario por esa zona, porqué los hombres que pasan por allí hacen sus necesidades; además es una guariada de ladrones” expresó Emelda Chavarría, capitalina que transita la zona hace más de 25 años.
Chavarría le pide al Estado que restaure el viejo inmueble para que no se desaten infecciones ya que en los alrededores de ese lugar se encuentran centros hospitalarios. Sugiere además que el gobierno mande a restaurar todos los edificios que tienen abandonados para que se deje de erogar grandes cantidades en alquileres.
Secretaría de Trabajo le cuesta más de 600 mil dólares anuales a las y los hondureños
La Secretaría de Trabajo tiene nueve años de operar en el boulevard La Hacienda, zona donde se alquila además un anexo, para albergar a todo las y los empleados que allí laboran.
Anualmente este ente invierte por concepto de alquiler 610,984.73 dólares (11, 608.710 lempiras) que bien podrían ser invertidos en la restauración del local desertado en la zona de Comayagüela.
El monto mensual por el alquiler del edificio principal y el anexo donde operan las oficinas de la Secretaría de Trabajo es de 50 mil 915. 36 dólares por mes (967 mil 392 lempiras).
De acuerdo a la documentación obtenida por este medio, el arrendatario o dueño de los locales alquilados por este ente gubernamental es Fernando José Agurcia Lefebvre.
Cabe hacer mención que las autoridades de la Secretaría de Trabajo se negaron en un principio a emitir la información. Fue después de la insistencia y de la advertencia del seguimiento que se haría al proceso de negativa a brindar información que establece la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, que se remitieron escuetos datos.
Sin embargo hubo una total negativa a entrevistas con las autoridades al respecto.
“No tengo tiempo, eso no es de importancia”, fue la respuesta enviada con la oficial de acceso a la información Marlen Ayala, de parte la Sub Gerente de Presupuesto de la Secretaria de Trabajo, Laura Elisa Buck Valladares, cuando ASJ intento en reiteradas ocasiones consultar el porqué de tan elevado gasto por concepto de alquiler.
Letrina pública edificio de la ENNE
En una letrina pública y basurero también se ha convertido el abandonado terreno ubicado en las cercanías del Congreso Nacional, donde funcionaron las oficinas administrativas del Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) durante más de 40 años.
Los restos que quedan del vetusto edificio fueron construidos en la administración del ex presidente Ramón Villeda Morales, desde ese tiempo funcionó la parte administrativa de la ENEE, hasta finales de los 90 cuando el huracán Mitch dañó la infraestructura. Desde ese entonces el edificio se cae a pedazos.
Pero más allá del irrespeto hacia la población que sostiene a los funcionarios públicos y el mantenimiento de los edificios con sus impuestos, resulta indignante la corrupción que se gesta con los alquileres que hace el Estado para el funcionamiento de sus dependencias.
Familia Lefebvre favorecida con alquileres de sus edificios
El pago de la renta del edificio donde opera la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha generado polémica en los medios de comunicación.
En la actualidad la Empresa Nacional de Energía Eléctrica opera en la Residencial El Trapiche. De acuerdo con la información oficial, proporcionada por esa dependencia, el Estado eroga más de 720 mil dólares al año, (unos 8 millones 640 mil lempiras) en concepto de alquiler.
Sin embargo cabe destacar que ante los medios de comunicación, Miguel Aguilar, presidente del sindicato de trabajadores de la estatal, ha denunciado el alto costo del alquiler de esa dependencia y que asciende a 18 millones 936 mil dólares anuales.
«La posición del sindicato va dirigida a que no es coherente de que estemos rescatando una empresa y que la administración esté haciendo una erogación demasiado alta, eso se lo expresamos a la administración”, dijo Aguilar en declaraciones pasadas a la prensa nacional.
Incluso por este caso, se libró orden de captura contra Rixi Moncada, acusada por los delitos de abuso de autoridad por favorecer a terceros con el arrendamiento del edificio.
Para la abogada Orestila Muñoz, jefe del Departamento de Servicios Generales, ese gasto es justificado porque es un beneficio para ellos como empleados y para la población que requiere de los servicios de la ENEE, ya que en local donde operaban, se encontraban en constante riesgo por las amenazas de los delincuentes.
Sin embargo, la sede de la ENEE que funcionó en el centro de Tegucigalpa, resultaba un lugar accesible a la población, particularmente la de escasos recursos económicos, que hoy tiene que costearse el pago de varios buses para llegar hasta el nuevo edificio de este ente estatal.
Coincidentemente, el edificio donde se ubica la ENEE, es también propiedad de la familia Lefebvre, la que también alquila al Estado, el edificio donde opera la Secretaría de Trabajo. Vea tabla de resumen de contratos de alquiler
Comisión Nacional de Bancos y PRONADER pagan más de la cuenta por los edificios donde funcionan
Este ente gubernamental opera en el edificio Santa Fe ubicado en la Colonia Castaño Sur, el inmueble consta de cuatro niveles por los cuales la CNBS, eroga 403 mil 200 dólares anuales (unos 7 millones 656 mil lempiras).
En la documentación oficial entregada a este medio de comunicación se establece que el propietario es Luis Alfonso Deras. Sin embargo una fuente de entero crédito dijo a Revistazo.com que el edificio pertenece al grupo Continental, de Jaime Rosenthal Oliva.
Revistazo.com contrató a un experto en temática de evalúo de edificios, quien afirma que el monto que se debe pagar por concepto de alquiler por la CNBS, basado en el pago que se hace por metros cuadrados, contemplado en el mercado, debería ser de 25 mil dólares mensuales, unos 9 mil dólares menos que el monto actual que se paga.
Lo anterior implica que el Estado está pagando 108 mil dólares más, por año.
Las autoridades de la CNBS, al igual que en la Secretaría de Trabajo se negaron a dar declaraciones sobre el gasto en el pago de alquiler. En reiteradas ocasiones se intentó obtener una entrevista al respecto, sin embargo lo único que se obtuvo fue el envío de una respuesta negativa a través de una de las empleadas de aseo de la entidad.
¿Cuánto se podría hacer con el total de esos dineros erogados?, ¿por qué el Estado paga más en alquileres, que el valor establecido en el mercado? y ¿qué harán entes como el Tribunal Superior de Cuentas para remediar esta situación?, son preguntas que quedan en el aire sin una respuesta concreta.
PRONADER: Otro drenaje de recursos
El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible- PRONADER– ha estado ubicado en muchos lugares de Tegucigalpa; el edificio donde opera actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores en la plaza Cívica, fue mandado a construirse para que funcionara en él, pero hoy alquila sus instalaciones.
El costoso edificio se encuentra ubicado en la Colonia Puerta del Sol, contiguo a la Secretaría Técnica de Cooperación SETCO. Según la información obtenida de forma oficial por Revistazo.com, anualmente se eroga por alquiler 222 mil 079 dólares unos 4 millones de lempiras.
El experto contratado por este medio asevera que el costo por alquiler de este inmueble debería ser de 132 mil 228 dólares al año, unos 2 millones 514 mil lempiras.
Al hacer la resta entre el total pagado por año, reportado de forma oficial y el total que el experto sugiere que debería pagarse, surge una diferencia de 89 mil 850 dólares anuales.
Vea cuadro de comparación de montos de alquileres
“El Estado abusa y paga favores políticos con alquileres de edificios”
De acuerdo con las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas –TSE-, el 90 por ciento de las instituciones del Estado alquilan edificios para el funcionamiento de las Secretarías de Estado, entes concentrados, desconcentrados entre otras dependencias, lo que origina una erogación mensual y anual millonaria.
Moisés López, magistrado electo del TSC, afirmó que han hecho sugerencias y recomendaciones al gobierno para que las instalaciones que son subutilizadas y están en desuso puedan ser manejadas como oficinas de los diferentes entes.
“El gobierno tiene muchas instalaciones subutilizadas que perfectamente podrían instalar oficinas para evitarse el gasto, nosotros realmente no tenemos así el valor exacto de cuanto le cuesta o cuánto gasta el Estado en arrendamiento, pero si somos del criterio, somos del parecer que el Estado debería de ahorrarse; ya sea construyendo sus propias instalaciones, ocupando las instalaciones que tiene o los edificios que tiene donde pueden ubicar varias oficinas”, sostuvo López.
El TSC ha propuesto incluso que el propio Estado a través de los gobiernos, siga un proceso de negociación de acuerdo con La Ley de Contratación del Estado y así adquirir sus propias instalaciones.
El representante de esa entidad hace un fuerte cuestionamiento a los gobiernos de turno. “Hay un abuso en cuanto a que se alquilan edificios de funcionarios, de particulares, mediante los cuales se dice se les paga las ayudas que se les hace a los gobiernos en el poder.
López aclara que, “no es que sean innecesarios los arrendamientos, son necesarios porque de lo contrario no tendrían donde trabajar o donde desempeñarse, es decir son pocas las dependencias del Estado que generan ingreso para construir sus propias edificaciones”.
Agrega que se deben generar mecanismos eficaces y transparentes en las contrataciones. “De repente se paga más de lo debido eso pueda ser, en este caso nosotros lo que recomendamos es que siendo una necesidad contar con esas instalaciones para ubicar sus oficinas, que sigan los procedimientos de la Ley de Contratación del Estado para generar competitividad de los arrendadores para adquirir mejores condiciones de arrendamiento”.
El Tribunal Superior de Cuentas tiene como función la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que recibe o administre recursos públicos de fuentes internas o externas. Al amparo de ese mandato, deberían actuar solicitando información e investigar las “nebulosas” que persisten en la contratación de edificios y alquileres de edificios estatales.
¡Corrupción que paga favores políticos!
Para el analista Efraín Díaz Arrivillaga el alquiler de edificios es un drenaje de recursos que se ha utilizado para confirmar servicios o favores de campaña. “Definitivamente es una retribución de favores políticos, se podría calificar al Estado como un Estado patrimonialista”.
El consultado asevera que si se lograra instalar las oficinas de las diferentes instituciones gubernamentales en un lugar común, el Estado podría invertir el dinero que se utiliza para alquiler, en otras necesidades que hay en el país como educación, salud, infraestructura y el sector agrícola.
“El Estado debería establecer un reglamento o buscar los mecanismos, para la contratación o renta de edificios, para hacer de una manera más transparente este tipo de contrataciones o adquisición de otros bines”, añadió el analista.
Lamentable resulta conocer que de acuerdo con el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaria de Finanzas, no hay un registro de los gastos exactos en los que el Estado incurre por el alquiler de edificios para sus diferentes dependencias.
“En una paga de favores de campañas políticas, se ha convertido la renta de edificios que realiza el Estado a través de sus diferentes dependencias”, al menos así lo califica el Abogado Mauricio Velasco, miembro de Pro-justicia de Honduras.
Para Velasco la renta o contratación de edificios, solamente deberían ser justificadas cuando las instituciones no tienen los recursos de infraestructura. “Todo funcionario debe de respeta, La Ley de Contratación del Estado, esto haciendo propuestas o licitaciones públicas” añadió.
El entrevistado propone que en el caso de que los funcionarios de no lleven estrictamente a cabo las leyes, debe de ser investigado por el Tribunal Superior de Cuentas, y si se encuentran irregularidades hacer los requerimientos que establece la ley y si es necesario llevarlo a juicio.
Una Ley de Contratación del Estado “inservible”
Sorprendente resulta que Ley de Contratación del Estado en ninguna disposición determina el proceso de licitación de edificios a alquilarse, tampoco el valor que se debe pagar por cada metro cuadro de los inmuebles que el Estado adquiere en arrendamiento.
Los arrendamientos se hacen a discreción de quienes administran los edificios. Los valores adjudicados por renta están sujetos a las relaciones del inquilino con el propietario del inmueble, a la oferta y la demanda del momento y las mejoras que se incluyan al momento de la firma del contrato.
Sin embargo, aunque esta no es una situación que se contemple en la agenda de las autoridades del gobierno, los expertos y consultados en el tema sugieren que debería cambiarse el panorama.
En un país como Honduras, donde las carestías de servicios básicos hacia la población pobre son muchas, resulta obligatorio preguntarse, si es necesario que el país deje de erogar las millonarias cantidades de un dinero que perfectamente podría palear las carestías de la población pobre de Honduras?
