Contradiciendo el discurso y las afirmaciones de la oligarquía que dio golpe de Estado en Honduras, el informe que dio a conocer la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) este día, establece que en Honduras no hubo sucesión constitucional alguna, sí un golpe de Estado al Ejecutivo al que le prosiguió un gobierno de facto y violaciones de derechos humanos en el marco del uso excesivo de la fuerza por parte de militares y policías.
El informe denominado “Para que los hechos no se repitan”, fue dado a conocer este día por las y los miembros de la CVR, quienes dijeron haberlo concluido, basado en documentos, testimonios y otros fundamentos con los que concluyen aspectos relacionados con hechos sobre el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, sobre lo que ocurrió en 28 de junio del 2009 (acciones del Congreso Nacional), sobre las Fuerzas Armadas, la Organización de Estado Americanos –OEA- y su papel el golpe de Estado y las violaciones de derechos humanos y los medios de comunicación.
Eduardo Stein, presidente de la Comisión, hizo un recuento de situaciones, de los hallazgos y de las conclusiones a las que llegaron luego de indagar 427 días sobre situaciones antes, durante y después del golpe de Estado y que dejó 20 mil 250 millones de lempiras en pérdidas económicas a Honduras.
El informe sostiene que los hechos que se suscitaron desde enero del año 2009, cuando desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo se pretendió incluir a altos funcionarios en la lista de candidatos a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, al margen de los 45 seleccionados por la Comisión nombrada para tal efecto, fueron las situaciones que dieron paso a la crisis que desembocó en el golpe de Estado.
La Comisión de la Verdad prosiguió haciendo un recuento de las situaciones que rodearon la convocatoria por parte del presidente de la república a la consulta popular y a la cuarta urna y con lo que se “marcó un momento irreversible en la crisis» y propició la confrontación que tuvo como desenlace la captura, por orden judicial, del presidente José Manuel Zelaya y su posterior expulsión del país a San José, Costa Rica, ejecutándose de esa forma el golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo.
El presidente de la CVR, dijo en la lectura de los hallazgos encontrados que la expulsión del ex presidente, «fue responsabilidad de él mismo y de los que lo sacaron».
El informe hace mención a que el uso de procedimientos al margen de la ley, así como de la fuerza para expulsar al presidente de la república del país y utilizando a las Fuerzas Armadas, evidencia la poca capacidad que demostró la clase política para llegar a acuerdos, así como la incapacidad de las instituciones democráticas de resolver la crisis haciendo uso de los mecanismos y disposiciones de las leyes de Honduras.
En el informe se aclara que la institucionalidad de Honduras no fue efectiva para resolver la crisis y evitar la salida violenta de Zelaya, no por falta de acciones y resoluciones tomadas, sino porque las decisiones de las autoridades fueron desconocidas y no acatadas por el ex mandatario.
Al respecto, la CVR afirma que la Constitución hondureña actual no tiene un procedimiento suficientemente claro de la responsabilidad institucional para tratar la situación de un alto funcionario del gobierno. “Como el caso del presidente, que atentó contra las normas constitucionales positivas con el fin de buscar un cambio constitucional y la entrada a un nuevo régimen”.
Gobierno de micheletti era de facto
Por otro lado, la CRV dejó establecido que las actuaciones de las y los diputados al mando de Roberto Micheletti Baín, se realizaron al margen de la ley.
“La famosa carta”, presuntamente firmada por Manuel Zelaya Rosales, en la renunció de su cargo y que fue leída por las autoridades del Congreso, haciéndola ver ante la población hondureña como genuina, fue otra de las situaciones que salen a colación en el informe.
Stein dijo que la carta de renuncia de Zelaya Rosales se leyó el mismo día en el que desde en horas tempranas, el ex mandatario había salido del país con rumbo a Costa Risa, por la fuerza.
La CVR hizo la observación de que ningún diputado o diputada hizo la solicitud de verificar el origen o autenticidad de la carta, misma que de acuerdo a las investigaciones, es falsa.
Concluye la CVR que ese Poder del Estado no tenía potestad para destituir a Zelaya o para nombrar un sustituto, tal como se hizo con Roberto Micheletti, en el cargo de presidente de Honduras. “El gobierno de Micheletti es un gobierno de facto”, dice el informe.
En violaciones a los derechos humanos hubo uso desproporcionado de la fuerza
Las y los representantes de la CVR dijeron, en relación con los abusos y violación de Derechos Humanos, que «constatamos y recibidos testimonios de que del 28 de junio de 2008 al 27 de enero de 2010, autoridades y agentes del orden cometieron violaciones a los derechos humanos para reprimir protestas en un marco general de impunidad y tolerancia por mandos superiores».
Sostuvieron que unas 12 personas murieron por el uso desproporcionado de la fuerza de policías y militares quienes al mando del gobierno de facto trataban de impedir la movilización de manifestantes en las calles.
Stein afirmó que 7 de esas muertes ni siquiera tuvieron relación con las manifestaciones. «En ningún caso se justifica la respuesta con fuerza mortífera que conocían mandos superiores de la Policía y de las Fuerzas Armadas», agregó.
«Ocho opositores podrían haber sido asesinados selectivamente por agentes del Estado u otros perpetradores que servían a la política estatal» y que aunque no existe información contundente, no debe descartarse la influencia de la autoridad, dijo Stein.
El papel de las Fuerzas Armadas, el accionar del Comisionado Nacional de Derechos Humanos y de la Organización de Estados Americanos –OEA- entre otros temas, se destacan en el informe, mismo que ponemos a su disposición a continuación:
Informe de Hallazgos y recomendacione: Resumen
Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: TOMO I – TOMO II
