A juicio del Coordinador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, el enjuiciamiento de presidentes no representa el verdadero éxito en la lucha contra corrupción de un país. Para él, las acciones deben continuar hasta llevar a la cárcel a todos los miembros de esas estructuras que impiden el desarrollo de los Estados.
Velásquez, se refirió al tema, en los actos de inauguración del Foro Centroamericano de Periodismo (ForoCAP), a donde fue invitado a participar. Este evento se desarrolló en San Salvador, en la semana del 9 al 14 de mayo, con el patrocinio del periódico digital, El Faro.
En muchas ocasiones se confunde, como si retirar a una persona de un escenario significara modificar el escenario, entonces, se puede considerar que ése es el éxito, pero todos los actores continúan trabajando mientras mucha gente está mirando solamente a ese actor retirado del escenario”, expresó Velásquez, tras indicar, que esa ha sido la dificultad de la CICIG.
Sostuvo que la CICIG fue creada para contribuir con el Ministerio Público en la persecución a los aparatos ilegales de seguridad, pero que ese mandato no es pétreo y conforme a ese criterio puede examinar organizaciones que han ido evolucionando en el tiempo.
Creo que entender esa evolución permite realizar investigaciones de lo que estamos sufriendo hoy, que son actos cometidos por esos mismos [grupos] que hemos venido identificando como redes económicas políticas ilícitas”, indicó.
Respaldo popular y fortalecimiento del Ministerio Público, claves en la lucha contra la impunidad
Velásquez dijo que el respaldo popular que la CICIG ha recibido sigue siendo clave para sostenerse en Guatemala.
Una CICIG sola no transforma nada y hay que pensar en todos los elementos que permiten ayudar en la lucha contra la impunidad”, señaló.
Además, dijo que la CICIG fue creada en Guatemala como respuesta a los reclamos populares y que una vez instalada, encontró que el Ministerio Público estaba permeable a la corrupción y el crimen organizado. Ante tal situación, en medio de las protestas, desilusiones y realidades, asumieron la tarea de buscar en la Fiscalía a los funcionarios en que podían confiar.
Entonces se celebra el convenio que permite la creación de la ahora llamada Fiscalía Especial contra la Impunidad, una sección de la Fiscalía donde se vinculan funcionarios de confianza para el trabajo con la CICIG”, afirmó Velásquez.
Acotó que con el apoyo de la ex Fiscal General, Claudia Paz y Paz, y la sociedad guatemalteca, lograron que el Ministerio Público se consolidara. “Cada evento se interrelaciona con el respaldo de las manifestaciones populares que ayudaron bastante porque el Ministerio Público por si solo, en una realidad como la de Guatemala, ha tenido una gran dificultad por los poderes paralelos que están presionando para impedir la absoluta libertad para que haga sus tareas contra la criminalidad. Pero ese Ministerio Público ahora encuentra respaldo en la CICIG, que tiene una garantía de mayor independencia, porque la CICIG, por tratarse de una institución internacional, no tiene esos factores de poder ni vínculos de poder en el país”, detalló.
De igual manera, indicó que la CICIG desarrolla su función en la investigación criminal que sirve de apoyo y de impulso al Ministerio Público, permitiendo fortalecer la institucionalidad a través de fiscales comprometidos y no coartados por los grupos de poder como ocurría antes. Según Velásquez, este perfil fortalecido del MP despierta interés de la ciudadanía que participa en manifestaciones y evita reacciones del gobierno en contra el Ministerio Público, como una destitución de la fiscal general, por ejemplo, o una terminación del convenio con la CICIG.
“Y toda esa reacción del gobierno se vio cerrada por esa gran manifestación popular permanente y actualmente se siguen presentando casos y la sociedad se sigue manifestando cada semana en la plaza y también cada semana el Ministerio Público, con CICIG mostrando una realidad de un Estado penetrado de la corrupción, de un poder coartado y entonces la sociedad continúa reclamando, ya no solo por justicia, sino porque se reforme ese Estado”, reafirmó Velásquez.
Confianza ciudadana
Luego de las investigaciones realizadas por la CICIG y funcionarios del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, fue la persona que fungiendo como Fiscal General de Guatemala, enjuició y logró que una corte guatemalteca condenara a 80 años de cárcel al ex presidente de ese país, Efraín Ríos Montt.
Ríos Montt, general retirado del ejército, que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, uno de los períodos más sangrientos de la guerra civil en ese país, fue encontrado culpable de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, luego que la Fiscalía aportara las pruebas suficientes para incriminarlo por las matanzas sistemáticas de los indígenas de ese país.
“Eso fue muy importante y creo que fue la posibilidad de saldar una deuda histórica que se tenía con la ciudadanía”, advirtió la ex Fiscal, que luego continuó diciendo que “no es un esfuerzo que se hizo de la noche a la mañana, son esfuerzos de los sobrevivientes del genocidio durante muchos años y de las organizaciones de derechos humanos”.
Explicó, que construyeron un caso muy sólido, con más de 40 delitos, que les permitió a las víctimas tener de frente Ríos Montt y narrarle el sufrimiento, “y decirle, ‘nosotros no somos animales, usted nos causó todos estos sufrimientos’”, especificó la ex Fiscal. Para ella, el punto más importante es haber logrado la confianza de los ciudadanos las instituciones del Estado.
“Otro hecho importante fue que en el año 2009 alcanzamos una fuerte ola de violencia y alcanzamos un índice de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes, muchas voces criticaban las ejecuciones extra judiciales y tuvimos que comenzar a resolver los homicidios de una forma ordenada con la policía, de una forma rápida y respetuosa de los derechos humanos, y aquellas personas a quienes se les había negado la justicia, la Corte Suprema les abrió las puertas y eso cambió mucho a Guatemala, a las víctimas y al resto de ciudadanos”, añadió.
Para la ex Fiscal, en Guatemala los jueces han recuperado su independencia y por tal razón, “justamente el mismo juez que envió a prisión a Ríos Montt fue el mismo que le siguió el juicio a Otto Pérez”, declaró, Paz y Paz, quien considera, que la demanda social que desde 1980 hasta el 2013 protagonizaron los sobrevivientes del genocidio y organizaciones de los derechos humanos fue importante, para que la Comisión de Investigación y Esclarecimiento Histórico tuviera la posibilidad de exhumar cadáveres y obtener las pruebas científicas que presentaron en el juicio.
Ella es del criterio que en todo esto, la CICIG ha jugado un papel clave, porque en su primera etapa encontró a fiscales de fuerza, logró procesos de elección en la Corte Suprema y de la Fiscalía, cambios en el Ministerio de Gobernación, y enjuiciamiento de al menos cuatro Ministros.
