En medio de un polémico debate el Congreso Nacional aprobó el martes 16 de abril una Comisión Interventora del Ministerio Público.
La decisión tomada por la mayoría de los diputados que conforman la Asamblea Legislativa separa por el tiempo que dure la intervención, al fiscal general Luis Rubí y al fiscal adjunto, Roy Urtecho.
Las atribuciones que corresponden a los funcionarios serán asumidas por la misma Comisión.
Para algunos diputados del Partido Liberal que votaron en contra, la separación del fiscal violenta la Constitución de la Republica.
El decreto que crea la Comisión Interventora tuvo una votación de 113 votos a favor, 10 abstenciones y 5 en contra en la mayoría de los artículos.
|
Yani Rosenthal |
El artículo 5 relativo a la suspensión de los dos fiscales fue el que causó mayor polémica entre los diputados.
En su intervención el jefe de la bancada liberal, Yani Rosenthal, expuso que quitarle atribuciones al fiscal general, era una cuestión delicada porque esta es una figura con rango constitucional.
Explicó que las actuaciones del Ministerio Público están basadas en la delegación del fiscal general a los demás fiscales.
JUICIO POLITICO
Descargue votaciones
|
El diputado Partido Unificación Democrática, Sergio Castellanos, propuso que para evitar caer en irregularidades lo mejor era que el fiscal general fuera sometido a juicio político.
La propuesta de Castellanos fue respaldada por su compañero de bancada y vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce.
La propuesta de Castellanos no pasó y al final la Cámara resolvió aprobar el artículo tal como estaba redactado.
La votación para suspender a los fiscales se desarrolló así: 92 a favor, 9 abstenciones y 27 en contra.
LA COMISION
Los parlamentarios fueron convocados para este miércoles 17 de abril para seleccionar a los miembros de la Comisión.
A criterio del presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, la nómina debe ser consensuada con todas las bancadas y con los miembros de la Alianza por la Paz y la Justicia.
Esta Comisión deberá estar conformada por tres miembros propietarios y un suplente.
¿POR QUE LO SUSPENDEN?
A petición de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) el Congreso Nacional requirió al fiscal general, Luis Rubí, para que diera un informe de su gestión.
En su comparecencia realizada el miércoles 10 de abril, Rubí reconoció su incapacidad al frente de la institución.
Con 20 asesinatos diarios y con una tasa de 85.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, Honduras se ubica en los primeros lugares del mundo en violencia.
El Estado invierte millonarios recursos en el funcionamiento de instituciones creadas para el combate de la criminalidad. Sin embargo, el fiscal general, asegura que en Honduras sólo se investiga el 20% de homicidios.
Ante esta situación tanto los parlamentarios como la sociedad en general consideran que la gestión de Rubí en el Ministerio Público ha sido un fracaso.
