Por considerar que las pruebas incriminatorias no eran suficientes para declarar su culpabilidad, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) absolvió a César Daniel Amador Estrada y Ramón Eusebio Solís, quienes en febrero de 2009 habían sido declarados culpables por la muerte del abogado, Dionisio Díaz García.
Díaz García, trabajaba en el Proyecto Laboral de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y fue asesinado en las inmediaciones de la teletón, el 4 de diciembre de 2006, cuando se dirigía a los tribunales de justicia.
En enero del año 2008 el Tribunal de Sentencia de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, condenó a Ramón Eusebio Solís Zelaya, ex guardia de seguridad y al ex agente de la Dirección de Investigación Criminal, César Daniel Amador Estrada, quienes purgarían penas de 20 y 21 años de cárcel. No obstante, la secretaría general de la CSJ publicó este jueves, un fallo que los exime de responsabilidad.
En su resolución el máximo tribunal de justicia plantea que la sala de sentencias había condenado a los procesados violando el principio de presunción de inocencia, dado que las pruebas incriminatorias, no eran suficientes para declarar la culpabilidad.
Por su parte la ASJ anunció que en las próximas horas estará pronunciándose sobre el particular.
Los casos de Dionisio
Información proporcionada por la ASJ, afirma que al momento de su muerte, Dionisio Díaz García, representaba a 20 trabajadores de distintas empresas de seguridad, que habían llegado a la institución en busca de asesoría legal, por los abusos cometidos en su contra. La mayoría de las demandas habían sido incoadas en contra de Empresa Delta Security Service y de la compañía de Seguridad Técnica de Honduras (SETECH).
Además representaba a guardias de la empresa Security Sistems de Honduras (Inter-com) y de trabajadores que denunciaron explotación y abusos en las empresas de comidas rápidas, particularmente del grupo Industrias Turísticas INTUR, entre otras.
De igual forma representaba a varios trabajadores de los restaurantes de comida rápida agrupadas en INTUR, propietario de las franquicias de Burger King, POPEYES, CAMPERO, Church´s Chicken y Baskin Robin, entre otras, que denunciaron atropellos laborales. Previo al asesinato, Díaz García recibió múltiples amenazas de muerte.
Embargo a vehículo de SETECH
En la demanda laboral contra SETECH, el abogado Díaz García, logró que el Juzgado de Letras Primero del Trabajo, embargara un vehículo que formaba parte de los bienes de la empresa. El automotor debía servir para amortizar las deudas que la compañía había contraído con los empleados al despedirlos sin el pago de sus derechos laborales.
El vehículo decomisado fue sustraído del lugar donde había sido depositado por las autoridades judiciales. Por el hecho, Díaz García acusó a SETECH en la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) y contradictoriamente, SETECH también acusó al abogado, por el extravío del vehículo.
La denuncia interpuesta por el defensor de los guardias de seguridad no prosperó, pero sí la realizada por la empresa. Díaz García también denunció el caso ante la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, acción que también realizó la empresa. La denuncia de la SETECH avanzó, mientras la ejecutada por Díaz García desapareció misteriosamente.
