El Proyecto Patrimonio Seguro y el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), ambas dependencias de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)—la cual es el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional—han presentado ante la Fiscalía Especial de lucha contra la Corrupción treinta denuncias de supuestas irregularidades cometidas por funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP).
La acción realizada en la tarde del miércoles 11 de junio corresponde a la segunda de cinco entregas que semanalmente harán ante el Ministerio Público (MP) a fin de que se investigue y se penalice a los implicados. Estas denuncias corresponden a irregularidades cometidas por funcionarios de la Dirección de Registro, mientras que las veinte que entregaron el miércoles de la semana anterior están ligadas con acciones ilícitas en la Dirección de Regularización Predial.
Gilda Espinal, coordinadora de Patrimonio Seguro, pidió a las autoridades deducir las responsabilidades del caso a fin de reducir la inseguridad jurídica y el riesgo de las familias de quedar sin su propiedad. “La corrupción en el IP también afecta el patrimonio de futuras generaciones”, sostuvo.
Entre tanto, Ludim Ayala, coordinadora de ALAC, dijo que la corrupción en el Instituto de la propiedad alcanza niveles exorbitantes y que el Ministerio Público debe actuar oportunamente a fin de corregir las anomalías que se denuncian.
“Y esperamos que las autoridades tomen las medidas administrativas correspondientes”, enfatizó Ayala.
Asimismo, informó que con la entrega de hoy ya suman 50 las denuncias que han presentado contra funcionarios del IP y que alistan la documentación de casi un centenar de irregularidades más que se han cometido en esa institución.
ALAC y Patrimonio Seguro son organismos que en esta ocasión unen esfuerzos para trabajar por la justicia y la transparencia en el proceso de titulación de tierras.
“Con el debido respeto pedimos admitir la presente denuncia junto a los documentos que se acompañan y en definitiva resolver conforme a derecho iniciando la respectiva investigación”, señala cada una de las 30 acusaciones que ALAC y Patrimonio Seguro presentaron ante el Ministerio Público.
Irregularidades
En una de las denuncias que conoció la Fiscalía contra la Corrupción, Patrimonio Seguro y ALAC piden investigar a la ex registradora del IP, Susy Moncada, quién se negó injustificadamente a cumplir un fallo judicial que le ordenaba inscribir un inmueble a favor de 17 trabajadores del Hotel Prado, luego de haber ganado una demanda laboral.
“Se solicitó al Juzgado de Trabajo embargo precautorio sobre el inmueble inscrito bajo nuero 15 del tomo 4737 y trasladado a la matricula 352783 y habiéndose decretado embargo, el juez libró comunicación al Instituto de la Propiedad con fecha 21 de septiembre del 2010”, señala la acusación.
Patrimonio Seguro y ALAC también han solicitado investigar supuestas irregulares cometidas por Carlos Alberto Solíz, registrador del Instituto de la Propiedad en la ciudad de La Ceiba Atlántida. Este funcionario “ha cometido graves errores en varias de las inscripciones afectando el derecho de Piedad Santos Euceda Ordoñez y Roció Maribel Irías Euceda”, indica la denuncia.
Además, solicitan que se investigue al ex director de Registros, Lisandro Sánchez, por supuestas irregularidades en la reinscripción de terrenos con litigio judicial localizados en varias colonias de la capital.
La acusación señala que el 11 de abril del 2013, Wilfredo Alejandro Pineda Silva representante legal de Urbanizaciones Hasbun denunció que en el Registro de la Propiedad se habían cometido irregularidades en la inscripción de los supuestos derechos comunitarios del sitio denominado El Chile o Cerro Grande.
