Más de 1,300 millones de lempiras habrían malversado las autoridades del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP).
La junta directiva de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo (ANJUPEMP) pidió al Ministerio Público investigar los hechos.
La acusación entregada el lunes 29 de abril en la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción involucra a los últimos tres administradores que ha tenido la institución.
DESFALCO
Los jubilados informaron que a finales del 2002 cuando fungía como director ejecutivo, Pedro Francisco Milla, la Junta Directiva del INJUPEMP aprobó una transferencia de 50 millones de dólares (1,000 millones de lempiras) del bono regional al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La junta directiva también aprobó un depósito de 100 millones de lempiras en el BCIE cuando Lucio Izaguirre fungía como director del INJUPEMP.
La denuncia señala que en medio de la crisis política generada por el golpe de Estado, en agosto de 2009 el presidente del Banco Central de Honduras, excluyó al BCIE como entidad bancaria supranacional.
“Por cuestiones de confianza y seguridad el INJUPEMP debió haber retirado los 50 millones de dólares y los 100 millones de lempiras”, señala la directiva de la ANJUPEMP.
La acción se basó en la resolución 378-8/2009 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
La ANJUPEMP presume que sólo en este caso desaparecieron 1,050 millones de lempiras.
Ellos también denunciaron un desfalco de 18 millones de lempiras, de los cuales únicamente recuperaron doce.
El hecho ocurrió en la administración de Lucio Izaguirre.
Asimismo el 22 de agosto de 2012 el INJUPEMP invirtió 100 millones de lempiras en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas a una tasa del 12.27%.
La decisión solo fue aprobada por dos de los ocho miembros que conforman el comité.
La acusación también señala irregularidades en el pago de 24 millones de lempiras a un abogado que se encargaría de recuperar un predio invadido por particulares.
El INJUPEMP mantiene en sus planillas un equipo de asesores legales y de acuerdo a lo manifestado, no había necesidad de contratar profesionales particulares.
DEMANDAS LABORALES
El documento presentado en el Ministerio Publico también refiere erogaciones millonarias por demandas laborales generadas por los despidos injustificados.
Para ellos, el despido injustificado de 108 trabajadores provocó una erogación de 120 millones de lempiras en concepto de prestaciones.
Aseguran que sólo el asesor legal, Cesar Girón, estaría recibiendo 90 millones de lempiras por una demanda laboral perdida por el Estado.
SOBREVALORAN REPARACIONES
Entre los hechos denunciados también destaca la inversión 7 millones de lempiras para mejoras de la sala de velatoria.
Según jubilados, la reparación fue sobrevalorada y las autoridades se resisten a rendir cuentas.
Sostienen que también debe investigarse el paradero del mobiliario y el equipo con que contaba la sala.
Las mejoras realizadas a esta sala velatoria fueron reinauguradas recientemente por el Presidente de la Republica, Porfirio Lobo Sosa.
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La denuncia también señala que el director del INJUPEMP, Andrés Torres, paga mensualmente dos millones de lempiras en publicidad.
“Cantidad exorbitante y según documentación varios de ellos no son periodistas”, señala el documento entregado a la Fiscalía.
NIEGAN INFORMACION PÚBLICA
La corrupción denunciada en el INJUPEMP provocó la reacción del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, representante en Honduras de Transparencia Internacional.
Este organismo acompaña a los jubilados en la busca de la verdad y la justicia.
Para esclarecer la situación, ALAC buscó información en distintas instituciones públicas y privadas, pero debido a la complicidad de las autoridades, no fue posible que la obtuviera.
“Se hizo solicitud de los retiros financieros del INJUPEMP en el BCIE pero la misma fue negada alegando que los archivos del banco eran inviolables y gozan de inmunidad absoluta”, señala uno de los capítulos de la denuncia.
ALAC también pidió que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) facilitara las auditorías realizadas en el INJUPEMP. No obstante, esta institución también se negó a colaborar en la investigación.
La CNBS argumentó que de acuerdo a la resolución 062/15-01-2008 esta es una información reservada.
Basándose en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ALAC le pidió al INUPEMP entregar la información relacionada a la denuncia, pero en clara violación de la Ley, este organismo la negó.
Por esta acción, ALAC ha presentado en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) un recurso de revisión, que se encuentra pendiente de resolver.
