Organizaciones campesinas y de derechos humanos denunciaron la existencia de un plan en Honduras para asesinar al dirigente campesino Rafael Alegría y pidieron a las autoridades investigar y castigar a los responsables.
Alegría es el coordinador en Centroamérica de la Vía Campesina y en la actualidad acompaña la lucha por la tierra que mantienen los movimientos campesinos asentados en el Valle del Aguan y otras regiones del país.
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Rafael Alegría |
A la una de la tarde del jueves veintisiete de septiembre pasado, Alegría recibió una llamada del coordinador del Centro para el Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), doctor Juan Almendarez Bonilla, quien le informó sobre la existencia de un plan para atentar contra su vida.
A las 7.05 de la noche de ese mismo día, el dirigente campesino también recibió llamada del Ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla, quien le comunicó que de fuentes fidedignas había tenido conocimiento que planificaban un atentado contra su persona.
A pesar que este funcionario es el responsables de la seguridad ciudadana de los hondureños, se limitó a recomendar que Alegría se cuidara, sin que hasta hoy se conozcan acciones para investigar y castigar a los responsables.
Al siguiente día, Alegría recibió la visita del dirigente popular, Carlos H Reyes y Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Oliva y Reyes pidieron una audiencia con el presidente de la república, Porfirio Lobo, y, quien los atendió esa misma noche para manifestarles que había ordenado al Ministro de Seguridad que se comunicara con Alegría porque tenia conocimiento de ese plan.
Lobo les ratificó que las fuentes eran confiables y les advirtió que debían tomar las medidas del caso.
La existencia del plan para asesinar al dirigente campesino también fue confirmada por el Coordinador de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, Víctor Meza. No obstante, de acuerdo a averiguaciones hechas por este funcionario, la acción se ejecutaría después de las elecciones internas.
El Director Nacional de la Policía, Juan Carlos Bonilla, también pidió que el dirigente campesino se cuidara.
Alegría, quien a la fecha lleva doce días viviendo en la clandestinidad solicitó al gobierno la ejecución de acciones para desarticular los grupos que asesinan a dirigentes populares en Honduras.
“Aquí nací, aquí crecí y aquí voy a morir, espero que no se concreten estas amenazas”, expresó Alegría, tras demandar del gobierno la garantía de que seguirá viviendo.
Tomando en consideración que su denuncia proviene de las declaraciones de funcionarios públicos, Alegría es del criterio que el gobierno conoce bien la procedencia de las amenazas.
El presidente de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), Ramón Navarro, ha exigido al gobierno parar la ola criminal en contra de dirigentes populares.
Entre tanto, la coordinadora del COFADEH, condena que las autoridades obligadas a investigar se limiten a informar sobre este tipo de situaciones sin prestarle la debida atención.
Sobre el tema también se ha pronunciado el dirigente sindical Juan Barahona, quien es del criterio que el Ministro de Seguridad debe garantizar la vida de Alegría.
Según Barahona el Estado es incapaz hasta de desarticular a quienes están amenazando y asesinando a dirigentes populares.
“¿En que estado vivimos?, – en un estado en un estado de muerte y de terror, ¿en que sociedad vivimos?- en una sociedad indefensa. Esa política de muerte es un peligro para todos” sentenció Barahona.
Cabe mencionar que la semana anterior también fueron amenazados de muerte la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda y el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Cesar Ham.
