¿Sabía usted que los partidos políticos reciben 20 lempiras (1 dólar) por cada voto válido que obtiene en las contiendas electorales, más 8 lempiras por voto, en concepto de un ingreso llamado “transporte? Sabía usted que sólo en los últimos tres procesos eleccionarios (2001, 2005 y 2009) el Tribunal Supremo Electoral entregó más de 3 mil millones de dólares a los institutos políticos en concepto de transporte y unos 11 millones de dólares por deuda política?
Quizás su respuesta sea afirmativa, pero lo que estamos seguros que desconoce, es el destino real de los millones de lempiras que el pueblo hondureño paga en impuestos, para costear la famosa deuda política de los partidos políticos.
En Honduras existen cinco partidos políticos legalmente inscritos. El Partido Liberal, fundado el 5 de febrero de 1891; el partido nacional, instituido el 27 de febrero de 1902; la Democracia Cristiana que surge como partido el 10 de septiembre de 1968; el partido Innovación y Unidad Social Demócrata, Pinu-SD, creado legalmente el 4 de diciembre de 1978 y Unificación Democrática, instituido como tal, el 29 de septiembre de 1992.
Precisamente el financiamiento de las campañas electorales de estos partidos en Honduras, ha sido tema de debate y de cuestionamientos.
De acuerdo con la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, los partidos legalmente inscritos, deberán recibir ingresos por concepto aportaciones privadas en dinero o especies, registradas en los libros contables de los partidos (Art. 84). Mientras que el artículo 86, de las aportaciones privadas para campañas electorales de candidatos, establece que éstas serán canalizadas y contabilizadas por el Partido Político que postuló el candidato.
Aunque nadie ha brindado pruebas fehacientes, se dice a los “cuatro vientos” que los políticos reciben dinero de los empresarios, e incluso del narcotráfico y el crimen organizado. Pero de la gama del financiamiento de los partidos, también forma parte la llamada “Deuda Política”, el tema que nos ocupa en este trabajo periodístico.
¿Qué es la deuda política?
Según el artículo 82, de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la Deuda Política es la contribución otorgada por el Estado a los partidos políticos para el financiamiento de los procesos electorales. Se incorpora como figura en la Ley Electoral en el año 1982.
Según Adán Palacios, hombre con una trayectoria y experiencia amplia en materia política y electorera, y actual Coordinador del Mirador Electoral, fue Miguel Andonie Fernández, quien al realizar una gira por América latina, en los años 80, recogió experiencias que facilitaban en otros países las candidaturas independientes y la incorporación de la figura de la deuda política. Desde entonces se incluyó en la discusión hasta aprobarse en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de Honduras.
 |
| Adán Palacios |
Con esa determinación, el Estado de Honduras se ve obligado a proveer a los partidos políticos, 20 lempiras por cada voto válido que obtenga en las contiendas electorales. Hay que sumarle a esa cantidad, 8 lempiras más, siempre por cada voto, en concepto de transporte; esta última cifra varía, pues se calcula según el índice de inflación reportado por el Banco Central de Honduras –BCH-.
Según datos oficiales, sólo en los últimos tres procesos eleccionarios (2001,2005 y 2009) el Tribunal Supremo Electoral –TSE- entregó 62 millones 291 mil 685 lempiras (3, 273,788 dólares) a los institutos políticos en concepto de transporte.
“La Ley no habla de un porcentaje por transporte, no sé de dónde se valen para entregar ese porcentaje, presumo que hay algún decreto, pero yo nunca lo he visto”, cuestionó al respecto el entrevistado.
La Deuda política es un dinero del cual se desconoce en qué se invierte
Al igual que en temas como el manejo y gasto de dinero para pago de la publicidad gubernamental, o el manejo y rendición de cuentas de los subsidios del Congreso Nacional, el dinero que se emite y maneja por deuda política resulta un acertijo: la población no sabe exactamente cuánto se le da a los partidos políticos y muchos menos, en qué se invierte o se gasta.
Es así que la transparencia y la de rendición de cuentas en el manejo de los fondos que recibe cada partido en concepto de deuda política o de fondos provenientes de otros sectores, se convierte en otro “talón de Aquiles” en el manejo del erario de Honduras.
Conocedores e involucrados en la materia no dudan que los institutos políticos o que las candidaturas, reciban fondos de fuentes que la Ley de las Organizaciones políticas prohíbe.
 |
| Sergio Castellanos |
“Debe de haber un límite para gastar en una campaña política, por ejemplo el Estado podría decir que solo se pueden gastar 50 millones de lempiras, con esto se evitaría que otros tipos financien, como el narcotráfico y los grupos de poder, estos a cambio de dinero piden favores políticos”, sugiere Sergio Castellanos, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso Nacional.
Palacios por su parte, rememora un episodio que según su criterio, evidenció la forma en cómo se manejan las cosas dentro del mundo del financiamiento de los partidos políticos.
“Yo recuerdo que para las elecciones para las elecciones primarias y generales (2009) fuimos a entregar el informe a Santa Rosa de Copán, al final de la jornada unos periodistas me invitaron a cenar y ahí me empezaron a contar que unos tipos habían llegado a una reunión donde estaba el candidato a alcalde y le entregaron un sobre, y le dijeron aquí le manda mi jefe, él quiere que usted gane”.
Ausencia de formación política
La debilidad de la deuda política, de acuerdo con entendidos en la materia, se encuentra en que el dinero entregado a los diferentes partidos solo sirve para las campañas y no para un trabajo permanente y de formación.
“No hay formación política, los partidos tradicionales que tienen más de cien años y no tienen un instituto de formación política, entonces yo no dudo que el financiamiento ilícito del crimen organizado haya entrado en la política”, dijo Palacios.
Castellanos, por su parte agregó que, “El Estado debería de financiar, pero también debería de controlarlos los gastos; pero de qué sirve que el Estado venga y financie, si no hay una buena rendición de cuentas, cuentas claras, un buen informe”.
Deuda política en Centroamérica
Al igual que en Honduras en los demás países de la región los partidos políticos reciben del Estado dinero para subsidiar las campañas electorales; en el caso de Guatemala se le asigna una cantidad por voto obtenido.
Costa Rica, Nicaragua y Panamá definen el monto como una proporción del PIB o del presupuesto estatal. En Salvador es fijado por la autoridad electoral ajustando el monto distribuido en la elección anterior por la inflación.
En los últimos tres procesos eleccionarios (2001,2005 y 2009) el Estado de Honduras ha otorgado a los partidos políticos más de 212 millones de lempiras, unos 11 millones de dólares.
Abuso de patrimonios gubernamentales para fines electorales
El estudio sobre “Financiamiento de Partidos Políticos en Centroamérica y Panamá”, realizado Kevin Casas Zamora, para el Mirador Electoral, establece que la Deuda Política es un abuso directo de los recursos estatales por parte de los detentadores del poder para sus propósitos electorales
Los datos en el estudio afirman que en febrero de 2001, en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, fueron asignados grandes cantidades de dinero para ciertas instituciones con particular visibilidad electoral, como la Presidencia de la República y el Ministerio de Gobernación y Justicia.
Ese mismo año en el Congreso Nacional se aprobaron varias partidas por un monto total de casi 6 millones de dólares, para gastos de desarrollo comunitario y rural, que estarían manejadas por la presidencia del legislativo, ocupada por el aspirante presidencial del Partido Liberal, Rafael Pineda Ponce.
Dirigentes del opositor partido Nacional denunciaron en repetidas ocasiones durante la campaña de 2001, el uso de estos recursos para favorecer la campaña de Pineda Ponce, y la programación casi diaria de anuncios publicitarios del Congreso Nacional en los que figuraba este personaje.
El presidente del legislativo y aspirante a la candidatura presidencial negó estar usando fondos del Estado para su campaña, y sostuvo que lo único que hacía era publicitar leyes aprobadas por el Congreso para “beneficiar a la comunidad”. Pineda Ponce fue derrotado en la elección presidencial.
Honduras a un paso de convertirse en un narco Estado
Durante los últimos años cobrado mayor fuerza la afirmación de que el narcotráfico y el crimen organizado podrían estar infiltrados en la política apadrinando ha aspirantes a puestos políticos. Para Raúl Pineda Alvarado, analista político, el narcotráfico está aportando dinero sin ninguna limitación pero con muchas condiciones, y esto trae muchas consecuencias. “De eso derivada que muchos congresistas hondureños que se han vinculado a esta actividad al no poder cumplir con los compromisos contraídos terminan asesinados”.
 |
| Raúl Pineda Alvarado |
El entrevistado agregó que el asesinato de los congresistas no es el único problema que se deriva de la infiltración del narcotráfico en la política, a esto también se agrega la violencia, el empobrecimiento de la sociedad y la imposibilidad de que empresas honestas no puedan desarrollarse por no poder competir con las empresas de los lavadores.
Increpó que los procesos electorales deben ser objeto de revisión y control para así evitar que el país se convierta en una “especie de narco Estado o en un gobierno dominado por los corruptos”.
“El riesgo de que Honduras se convierta en un narco Estado, o que al menos nuestras principales autoridades contraigan compromisos con jefes de los grupos criminales es una posibilidad muy real”, apuntó.
Las aportaciones privadas a los partidos políticos “generan impunidad y corrupción”
Pineda Alvarado considera que las aportaciones privadas a los partidos políticos deben excluir de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas o “por lo menos reducirse a su mínima expresión”.
Cabe mencionar que la Ley Electoral en su artículo 84 no establece un monto máximo o mínimo de aportaciones que provengan del sector privado. “Un empresario que aporta 10 ó 12 millones a un aspirante presidencial, ese empresario se va a cobrar en el primer año de gobierno la aportación hecha”, expresó.
Pineda Alvarado asegura que el problema no son las aportaciones a los partidos políticos, sino que “son las aportaciones que se hacen al candidato, porque lo comprometen personalmente y esos compromisos generan contratos leoninos que pagan con el patrimonio del Estado”.
“Esto genera impunidad y genera un fenómeno generalizado de corrupción de otros compromisos más serios que derivan los aportes que hacen los criminales del narcotráfico a las campañas políticas”, añadió.
 |
| Mauricio Velasco |
El analista político siguió apuntando que mientras no se establezca un techo o un monto máximo para llevar a cabo las campañas electorales y un uso efectivo de los recursos recibidos los políticos hondureños seguirán recibiendo “ dinero caliente y se tomará el riesgo de que un presidente sea puesto por los narcotraficantes como se ha dado en otros países”.
Por otra parte agrega que el manejo de la deuda política carece de transparencia ya que los encargados de efectuar estos controles son nombrados por los mismos partidos políticos. “Los partidos políticos que están perpetrando el mal manejo de los recursos que les da el Estado”.
Por su parte Mauricio Velasco- Pro Justicia Honduras- piensa que la falta de transparencia en la Deuda Política radica en que muchas de las donaciones que se hacen para realizar las campañas políticas no son reportadas.
Se deben o no financiar los partidos políticos
Alrededor de unos nueve mil niños pudieron haber sido beneficiados con la construcción de unas sesenta escuelas en el nivel primaria. Sólo en los últimos tres procesos electorales el Estado entregó más de 62 millones de lempiras a los partidos políticos.
Al respecto Raúl Pineda Alvarado considera que el financiamiento a los partidos políticos debe de seguir, pero con un debido control o seguimiento del dinero que se les entrega del erario nacional.
“Es importante que el Estado aporte recursos a los partidos políticos, pero que haga al mismo tiempo dos cosas: que no permita las aportaciones privadas y que de la misma manera ejerza un control adecuado”, manifestó.
Velasco considera que el Estado debe de invertir en los partidos políticos, ya que es el costo de la democracia. “Si es necesario, siempre y cuando tomando en consideración que Honduras es un país que no tiene grandes recursos para financiar campañas millonarias”, dijo.
 |
| Guillermo Casco Callejas |
Afirmó que el Congreso Nacional ha “abusado y exagerado” en las cantidades que se destinan al financiamiento de los partidos políticos. “Debería de existir una mayor fiscalización por parte del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Superior de Cuentas de estos financiamientos que se hacen a través del erario nacional”.
“El partido para poder funcionar requiere de dinero, para financiar sus campañas. Lo que hay que hacer es regular bien tanto las campañas políticas como el control y la proveniencia de los fondos”, explicó Guillermo Casco Callejas.
Ley Electoral debe de reformarse
A criterio de los entendidos en la temática la Ley Electoral y de las Organizaciones políticas debe de reformarse. Una de las reformas que propone Velasco es que los medios de comunicación obligatoriamente den espacios de publicidad a los diferentes aspirantes en los procesos electorales. “Se debe de dar oportunidad por igual a todos los candidatos que compiten en las campañas políticas, en la propaganda política en los medios de comunicación”, dijo.
Además plantea que se debe de crear un artículo que mande que todos los movimientos y los partidos políticos sean obligados a comunicar al Tribunal Supremo Electoral, todas las donaciones y los orígenes de las aportaciones que entran a los movimientos.
Por su parte, Casco Callejas considera que la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, debe ser revisada minuciosamente, pero con mayor énfasis en el apartado de la Deuda Política. “Debe de haber un mayor control en las aportaciones que reciben los partidos políticos y deben de obligarlos a cumplir estrictamente la Ley”.
Pineda Alvarado propone, establecer un techo o un límite en los gastos que realicen los candidatos en sus campañas políticas. “Tienen que poner un límite de lo que va a gastar un candidato en la campaña; México ya estableció claramente que las campañas en los medios de televisión o son pagadas por el Estado o son otorgadas por los medios de comunicación”.
Así, la historia de sustento de la clase política sobre la base del pago de impuestos del pueblo hondureño se repite con la deuda política, una figura que como bien apuntan los entrevistados, “implica una sangría económica para el país”.
REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Deuda Política Elecciones Generales 2009
Acuerdo No. 33-2009 del 21-12-2009
OBS: El anticipo de Deuda Política que corresponde al 60%, se calculó en base al resultados electoral 2005 y se entregó a los Partidos Políticos en el año 2009
La cancelación que corresponde al restante 40% de la Deuda Política y el Transporte, se calcula en base a los resultados electorales 2009 y se entregó a los Partidos Políticos en el año 2010
El cálculo para los Partidos; PUD, PDCH Y PINU-SD, se aplica en base al 15% del Partido Político más votado en la última Elección General 2009 (PARTIDO NACIONAL), articulo 82 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
En lo referente a la candidatura Independiente del Departamento de Comayagua, Municipio de la Villa de San Antonio, se aplica el art. 136 de la Ley Electoral y de las Organizaciones
Políticas.
REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Deuda Política Elecciones Generales 2009
Acuerdo No. 33-2009 del 21-12-2009
OBS: El cálculo para los Partidos; PUD, PDCH Y PINU-SD, se aplica en base al 15% del Partido Político más votado en la última Elección
General 2005 (PARTIDO LIBERAL), articulo 82 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
En lo referente a la candidatura Independiente del Departamento de Comayagua, Municipio de la Villa de San Antonio, se aplica el art. 136 de la
Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEUDA POLITICA Y TRANSPORTE PAGADA ELECCIONES 2005
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
DEUDA POLITICA Y TRANSPORTE PAGADA ELECCIONES 2001
* El Cálculo de Transporte para el PINU-SD, P.U.D. Y P.D.C.H. Se aplica el 15% del Partido más votado
(PARTIDO NACIONAL)
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera
Tribunal Supremo Electoral
