Los trece miembros del patronato de El Suyatal, Cedros, Francisco Morazán, quienes por defender el agua como derecho humano, fueron acusados por el Ministerio Publico de obstaculizar un plan de manejo del bosque, recibieron sobreseimiento provisional, luego que el Juzgado e Letras de Talanga, considerara la inexistencia de pruebas para continuar el caso.
“El juez consideró que si se había cometido un delito, pero el Ministerio Público no acusó a personas en particular sino que al Patronato, y la responsabilidad penal es personal”, dijo a Revistazo.com, el abogado Rodolfo Antonio Zamora, quien en condición de apoyo acompañó en la defensa a las abogadas, Kenia Oliva y Karol Cárdenas, del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH).
Por oponerse a explotación irracional del bosque generador de múltiples fuentes de agua que abastecen todas las comunidades de la región, el Ministerio público acusó a los dirigentes comunales de obstaculizar los trabajos del empresario de la madera, Alberth Regino Matamoros, quien es beneficiario de un plan de manejo de la foresta.
Los vecinos de El Suyatal son del criterio que solamente protegiendo el bosque pueden garantizar que los vecinos de varias comunidades gocen del servicio de agua. “Si nosotros no protegemos el bosque nos quedaremos sin ese preciado líquido”, expresan los imputados.
Magda Ramos, Luís Raudales, Nidia Raudales, Mario Luque, Griselda Durán, Elio Banegas, Osman Canaca, Carlos Banegas, Walter Rivera, Carla Andrade, Ingrid Rivera, Rica Canaca y Raúl Canaca, son los miembros del patronato de El Suyatal, son los acusados por el Ministerio Publico. Ellos/as dijeron a este medio que no comprenden porqué una institución que debería defender los derechos del pueblo, se parcializa con los empresarios que destruyen el medioambiente.
De acuerdo a las declaraciones del abogado Zamora, el caso queda cerrado de manera provisional y el Ministerio Público tiene cinco años para acreditar las pruebas y las personas que se opusieron al plan de manejo. Sin embargo, “son 5 años que tiene para buscar nuevos elementos y procesar a personas particulares, pero el Ministerio Público no se da abasto para hacer el trabajo que le llega y para documentar este caso, tendrían que haber intereses muy poderosos de parte de las personas interesadas en la explotación del bosque”, indicó.
Los pobladores de la zona afirman que la tierra donde se encuentra el bosque que se denuncia en proceso de explotación, no es privada sino ejidal. Los imputados fueron beneficiados el pasado 8 de julio, con medidas sustitutivas de prisión preventiva
