Los representantes de las instituciones operadoras de justicia serán interpelados en el Congreso debido a la fallas en la depuración del sistema de justicia iniciada hace más de un año. Es por eso que la Alianza por la Paz y la Justicia se pronunció para exigir transparencia y cambios en el proceso. La mayor petición de las 16 organizaciones que forman la coalición es que se transparente el proceso y se eliminen las medidas restrictivas y la opacidad con la que se ha llevado el proceso. Desde hace tres meses, el Ministerio de Seguridad prohibió a todo su personal dar a conocer información sobre el trabajo de su cartera, incluyendo la depuración policial y las cifras de homicidios.
Además, la depuración policial está funcionando sin ningún marco legal. Desde hace seis meses que se venció el decreto vigente para llevar a cabo el proceso, este no se ha renovado. Por lo que las organizaciones solicitaron al Congreso aprobar un nuevo decreto que aplique para regular los procedimientos.
Josué Murillo, representante de la Asociación por la Paz y la Justicia en la Alianza afirma que las consecuencias del mal manejo de la depuración son: la pérdida de vidas humanas, el retiro de la ayuda internacional y el aumento de la desconfianza en el aparato de justicia del país.
También se solicitó a la junta interventora del Ministerio Público que presente los hallazgos, después de dos meses de funcionamiento. Según la Alianza por la Paz y la Justicia, el proceso de depuración de la Policía debería ser simultáneo en el Ministerio Público y el Organismo Judicial pero esto no se ha realizado.
Las peticiones hechas por la Alianza también incluyen al presidente, Porfirio Lobo, quien debe nominar a las personas que podrían encargarse de la Dirección de la Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), que es el órgano encargado de coordinar la depuración policial. Esto luego de que en abril el director, Eduardo Villanueva, dimitiera de su cargo y reconociera el fracaso del proceso que estaba bajo su control.
Los representantes de organizaciones civiles también hicieron énfasis en que el Congreso debe realizar un juicio político al Fiscal General y al Fiscal General Adjunto por los malos resultados de la institución durante su mandato.
El proceso de depuración policial inició en mayo de 2012 y hasta la fecha no se tiene ningún resultado. Según una audiencia celebrada en el Congreso en abril solo se han separado temporalmente a siete agentes policiales de sus puestos porque no superaron las pruebas de confianza.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos también retiró el financiamiento a la depuración luego de los resultados negativos. Según un informe de la representación de ese país en Honduras se realizaron 378 pruebas de polígrafo y solo 231 agente la aprobaron.
La Alianza teme que se pierda la importancia a la depuración cuando inicié la campaña electoral para las elecciones que serán celebradas en noviembre de este año.
