La falta de control en las investigaciones de campo realizadas por el Instituto de la propiedad (IP) hizo que el presidente Porfirio Lobo se equivocara al aprobar en Consejo de Ministros el 26 de junio un decreto tendiente a expropiar 32 comunidades de tres departamentos de Honduras, donde viven más de 50.000 familias pobres.
Dos colonias urbanizadas de San Pedro Sula y Villanueva, ambas en el departamento de Cortés, están entre los terrenos expropiados y son las Kitur de San Pedro Sula y Guacamaya II de Villanueva.
Ambas resultaron urbanizadas con la Ley de Promoción de Inversiones.
La situación causó malestar cuando el jefe del gabinete presidencial, Octavio Sánchez, solicitó una reconsideración del acta anterior del Consejo de Ministros para luego admitir que por error se incluyeron a las citadas dos colonias de la costa atlántica.
Las autoridades no han explicado si la medida se aprobó inicialmente para favorecer a algunos pobladores de los terrenos aledaños a La Guacamaya II y Villas Kitur o por otras razones aún ignoradas.
Por ello, Lobo ordenó realizar investigaciones de campo con el fin de reformar el decreto en una próxima sesión de sus principales colaboradores.
Para evitar ese tipo de errores, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) propuso en el 2010 al IP que todo decreto de expropiación cumpla los requisitos que la ley establece.
Entre esos criterios están el de definir con exactitud el área a expropiar y sus colindancias o dueños, fijar un precio justo, establecer el mecanismo del fideicomiso para garantizar que los pobladores favorecidos paguen el terreno al banco para disponer después su título de propiedad, y que el legítimo dueño de la tierra sea compensado.
El fideicomiso es un contrato entre el gobierno, el poblador y un banco, en el cual la tierra se inscribe a favor del Estado. El banco administra el terreno hasta que el beneficiado concluye de pagarlo y lo pone luego a su nombre.
Expropiar significa que el Estado se adueña de una tierra cuya propiedad no es clara o está en litigio y la entrega a hondureños que vivían allí de junio de 1999 al 2004, cuando se aprobó la Ley de la Propiedad.
La medida se puso en práctica en el 2004, durante el gobierno del presidente Ricardo Maduro.
Antecedentes
El 19 de junio pasado, mediante decreto ejecutivo, el gobierno expropió 32 colonias en seis municipios de La Lima, San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma, Potrerillos y Comayagüela.
El decreto expropió once colonias de San Pedro Sula: La Unión, Villas del Aeropuerto, San Manuel, La Puerta 1 y 2, Villas Kitur 3, Nueva Esperanza, Miguel Angel Pavón I, Guillén II, La Victoria y Siete de Julio.
Y en La Lima fueron dos: San Francisco y Rafael Cerrato.
Otras cinco se expropiaron en La Ceiba: 24 de Octubre, Altos de Palmira, 30 de Noviembre, 2 de Agosto y Vegas de Palmira.
En la lista figuran también las comunidades de Poder Ciudadano No. 2 de Potrerillos, Nueva Jutosa y Buen Samaritano de Choloma y La Guacamaya, Nueva Granada, Santa Rosita y Los Potrerillos de San Antonio de Cortés. Y la aldea Las Lomitas de Puerto Cortés.
En el Distrito Central están 7 comunidades: Unidad y Fuerza, Predios del Recreo, Modesto Rodas Alvarado, Alemania I y II, 21 de Febrero y Nueva Esperanza.
De acuerdo a estadísticas oficiales, en esas comunidades hay muchas familias que por casi 20 años han estado en posesión de sus tierras y las pagan a través del fideicomiso que estipula la ley.
