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Honduras invirtió apenas 1.3 dólares (29.72 lempiras) anuales por habitante a su órgano contralor estatal entre 2009 y 2015, según Informe Estado de la Región. |
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ASJ propone veeduría social previo a la elección de nuevos magistrados del organismo. |
Tegucigalpa. Honduras destinó alrededor de 30 lempiras por habitante al año para la investigación de casos de enriquecimiento ilícito y auditorías a instituciones públicas realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) entre 2009 y 2015, según el Quinto Informe Estado de la Región en Desarrollo Sostenible 2016.
El documento elaborado por el Programa Estado de la Nación de Costa Rica, señala que el TSC cuenta con una de las planillas de empleados más pequeñas en comparación con otros órganos contralores de Centroamérica, así como la menor cantidad de fondos invertida por habitante al año.
El reporte señala que durante el período 2009-2015 todos los órganos contralores centroamericanos experimentaron crecimientos nominales en sus presupuestos anuales, aunque con amplias diferencias entre los países.
En los años estudiados, Honduras, al igual que Nicaragua y Guatemala, dedicó entre uno y tres dólares anuales (22.86 y 68.58 lempiras al año) por habitante a su ente contralor; mientras Panamá, Costa Rica y El Salvador destinaron 10, siete y seis dólares anuales (228.60, 160.02 y 137.16 lempiras) por habitante.
En el caso específico de Honduras, la inversión promedio fue de 1.3 dólares (29.72 lempiras) per cápita por año.
| PAÍS | PRESUPUESTO PER CÁPITA ANUAL (USD) |
| Costa Rica | 7.3 |
| El Salvador | 5.7 |
| Guatemala | 2.8 |
| Honduras | 1.3 |
| Nicaragua | 1.2 |
| Panamá | 21.0 |
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, plantea una veeduría social al TSC en el marco de la próxima selección de los nuevos magistrados del organismo.
Nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo y pedimos el apoyo y acompañamiento de la ciudadanía. El TSC no es cualquier institución, es una institución importantísima en la lucha contra la corrupción en el país. Hay que fortalecer esta instancia y esto comienza nombrado a los mejores profesionales”, expresó Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ.
La veeduría incluiría áreas claves como la determinación del enriquecimiento ilícito, resultados de auditorías practicadas y recomendaciones a la judicialización de los pliegos de responsabilidad que emite el TSC.
Entre otras diferencias, el Quinto Informe de la Región detectó que la mayor contratación anual de personal corresponde a Panamá, con 2,496 funcionarios, seguida por Guatemala con 1,423 y El Salvador con 1,255. En el otro extremo figuran Costa Rica, Nicaragua y Honduras, con nóminas de entre 461 y 649 empleados.
Con respecto a las denuncias, en Honduras el TSC atendió un promedio de 282 gestiones por año, cifra superior a la reportada en Nicaragua, Guatemala y El Salvador (menos de 160). En la región, Panamá reporta la mayor cantidad de casos con un promedio anual de 1,183, seguido por Costa Rica con 570.
| PAÍS | PRESUPUESTO (MILLONES USD) | PERSONAL | DENUNCIAS |
| Costa Rica | 38.0 | 675 | 673 |
| El Salvador | 37.4 | 1,280 | 245 |
| Guatemala | 55.3 | 1,556 | 92 |
| Honduras | 11.9 | 531 | 282 |
| Nicaragua | 7.7 | 449 | 36 |
| Panamá | 86.2 | 2,727 | 1,079 |
| Promedios del Quinto Informe Estado de la Región entre 2009 y 2015 | |||
Pese al ya limitado presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas, el anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 2017 contemplaría una reducción de fondos al órgano contralor del Estado, limitando aún más su accionar.
La reducción en el presupuesto del Tribunal, de acuerdo a lo expresado por fuentes de la Secretaría de Finanzas, sería de casi 39 millones de lempiras menos que en 2016.
Para el año en curso, el presupuesto aprobado para el TSC fue de 294,968,946 lempiras, mientras el anteproyecto de presupuesto 2017 propone un monto de 255,969,787 lempiras, es decir una reducción de 13% por ciento.
El TSC es el órgano encargado de controlar y auditar el uso de los fondos públicos en el país y de examinar la gestión de casi un centenar de instituciones públicas. Su mandato incluye la realización de auditorías a las 298 municipalidades de Honduras, investigar casos con presunción de enriquecimiento ilícito y las denuncias recibidas sobre supuestos casos de corrupción o mala administración de fondos públicos.
