Unos 400 millones de lempiras manejarán, a través del Fondo Social Departamental las/los diputados del Congreso Nacional durante el año 2010. Se acostumbra, cada año, la emisión de recursos que supuestamente se invierten en obras sociales que requieren las comunidades a las cuales pertenecen los congresistas, pero el manejo de ese dinero sigue envuelto en un velo de misterio, de corrupción y de abusos de autoridad.
Como medio de comunicación le hemos dado seguimiento al tema, tarea que no ha sido fácil por la gran cantidad de obstáculos existentes para impedirlo. Hasta la ridícula petición de un millón de lempiras en pago de fotocopias conteniendo la documentación que evidencie los montos asignados a cada diputado/a, así como los proyectos en los cuales se invirtió el dinero, con sus respectivos comprobantes de inversión, nos han pedido desde la oficina de Transparencia del Congreso Nacional.
Revistazo.com nuevamente le invita a que se entere de lo que ocurre “tierra adentro”, con el uso del dinero que usted paga con sus impuestos, transformados en los subsidios que anualmente se les entrega a los 128 diputados del Congreso Nacional y sus respectivos suplentes.
De la falta de mecanismos de control por parte del Estado en la entrega de los subsidios, surgen interrogantes que como: ¿Los subsidios son la mejor forma de resolver las necesidades de los pueblos, o son una forma de os políticos de agenciarse poder e imagen?
La protección de los recursos naturales, la distribución equitativa de la riqueza y la mejora en las condiciones de vida de los pobladores, debería ser la carta de presentación de los diputados que aspiran a mantenerse en el Congreso Nacional.
Aunque los cheques provenientes del Fondo Social de Planificación Departamental, salen a nombre de las municipalidades o de personas naturales o jurídicas, quienes hacen su respectivo retiro son los mismos diputados.
Los fondos destinados a los subsidios del Congreso Nacional llegan a manos de alcaldías, patronatos y organizaciones no gubernamentales, algunas de las cuales, de acuerdo a denuncias, cobran hasta el 10 por ciento del monto del proyecto, por el manejo de los recursos.
Pero veremos también el papel que juega el Tribunal Superior de Cuentas, de la Contraloría General de la Republica y el mismo Congreso Nacional, en la fiscalización y auditoria de los fondos asignados.
Los escasos registros
La Fundación Democracia sin Fronteras –FDsF- junto al Centro de Promoción de los Derechos Humanos –CIPRODEH- son las únicas dos entidades en Honduras que realizan monitoreo en el Congreso Nacional.
Estas instituciones hacen registro de las mociones y anteproyectos de leyes y su calidad, de la asistencia de las/los congresistas, y con mucha dificultad del dinero que se emite a cada diputado a través del Fondo Social Departamental.
Monitorear los subsidios que se entregan a discreción del presidente del Congreso Nacional, ha sido imposible. Nadie, absolutamente nadie tiene acceso fácil a esos datos.
El Informe de Producción Legislativa y Manejo de Recursos Públicos, correspondiente al año 2006, elaborado por la FDsF, señala que el dinero fue distribuido en los 18 departamentos del país.
Otro informe fue presentado sobre el tema, por el CIPRODEH, organización no gubernamental a la que en septiembre de 2009 el ex presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, amenazó con demandar judicialmente por haber revelado en su balance legislativo, que las bancadas del Congreso Nacional durante el 2008 se repartieron unos 147 millones de lempiras.
Según ese informe, la bancada liberal recibió 50 millones de lempiras, 20 millones la bancada nacionalista, cuatro millones la Democracia Cristiana, dos millones el Pinu y un millón de lempiras la UD.
Los diputados que más gestionaron subsidios fueron el liberal Marco Antonio Andino, el nacionalista Juan Orlando Hernández, el democristiano Ramón Velásquez Názar, el pinuista Toribio Aguilera y la udeísta Silvia Ayala.
La asignación de los recursos comprendidos en el referido Decreto, fue realizada con nombres y apellidos de los proyectos enmarcados en los planes de ordenamiento territorial de cada uno de los departamentos. Sin embargo, la falta de control y fiscalización en el manejo de los recursos públicos, permitió que muchos de estos subsidios fueran desviados a obras distintas.
Los informes establecen que en la pasada legislatura, comprendida entre los años 2006 y 2010, los departamentos con mayores asignaciones fueron Francisco Morazán con 127,1 millones, Cortés con 51,7 millones, Yoro 35.9 millones, Santa Bárbara 28.5 millones, Choluteca, 25.4 millones y Copan con 20.9 millones. Les siguen en el orden Atlántida, Comayagua, Valle y Lempira.
Además del Fondo de Planificación Departamental, los diputados también “manosean” enormes cantidades de dinero a través de la gestión de proyectos vía decretos. Un ejemplo claro lo constituye el Decreto Legislativo 195/2006, que permitió que las y los diputados del Congreso Nacional en el período comprendido entre enero de 2008 y enero de 2009 ejecutaran la cantidad de 427 millones 921 mil 992 lempiras con 85 centavos.
Conozca el manejo de subsidios en Lempira, Copán y Santa Bárbara
Con el propósito de continuar indagando en el manejo de los recursos públicos entregados por el Congreso Nacional a las corporaciones municipales, Revistazo.com se desplazó a distintas municipios del occidente del país.
En esta región, encontramos municipios abandonados por el gobierno, pero al igual que en el resto del país, también le mostraremos como sin un registro y fiscalización, los ediles no ejecutaron el dinero, en unos casos, en otros, sostienen que si se invirtieron en proyectos distintos al cual estaban destinados inicialmente.
Le invitamos a que le dé seguimiento a un tema que debe ser visto con “ojo crítico” y no quitar “el dedo de la llaga”. Se trata de cada “centavo” que usted aporta con sus impuestos y que debe ser retribuido en obras sociales que mejoren la calidad de vida de las poblaciones rurales del país.
