El pleno del Congreso Nacional conoció recientemente un proyecto de Ley Anticorrupción que de ser aprobado sería aplicable a todos los funcionarios públicos que dilapidan los recursos del Estado. La iniciativa presentada por el diputado, Jari Dixon Herrera, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), intenta establecer mejores controles para el manejo del erario y los mecanismos necesarios de rendición de cuentas.
Jari Dixon Herrera |
El diputado propone endurecer las penas para los funcionarios o empleados públicos que se apropien de caudales o bienes que les hayan sido confiados por naturaleza de sus cargos. En tal sentido plantea reclusión de 9 a 12 años si el valor no excede de 100 mil lempiras y de 12 a 15, si sobrepasa esa cantidad. El espíritu de la Ley también contempla la inhabilitación absoluta para ejercer un puesto público por el doble del tiempo que dure la reclusión.
Además, esta legislación crearía una Agencia Nacional Anticorrupción, adscrita a la Fiscalía General de la República, pero con independencia funcional. La entidad tendrá como fin hacer efectiva la responsabilidad penal de los funcionarios infractores.
El diputado proyectista, considera la corrupción como una plaga incontrolable generadora de la principal de los problemas sociales que enfrenta Honduras, “sin que hasta la fecha haya habido voluntad política para su combate de forma profesional, valiente y contundente”.
Sostuvo que Honduras pierde al año un aproximado de 30 mil millones de lempiras por concepto de corrupción y que solo en defraudación fiscal la cifra asciende a 12 mil millones de Lempiras, situación que en términos reales representa una escalada de problemas sociales, como la agudización de la pobreza, incremento de la criminalidad, emigración, desintegración familiar y deficiencias en los sistemas de salud y de educación, entre otros.
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La iniciativa Herrera ocurre en el momento en que el país ha sido sacudido por millonarios actos de corrupción que mantienen en al borde de la quiebra al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y al Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP), entre otras instituciones públicas.
Autoridades, como el Fiscal Especial de Lucha contra la Corrupción, Ricardo Matute, acepta que la situación generada en Honduras por la corrupción es difícil, por lo que se manifiesta en favor de que el proyecto sea aprobado en la Cámara Legislativa. “Todo proceso legislativo que busque obtener una mayor eficacia en los operadores de justicia en la persecución a delitos contra la corrupción debe de ser apoyado por toda la sociedad”, señaló este funcionario del Ministerio Público.
Matute dijo que solo en Tegucigalpa el Ministerio Público mantiene un total de 3,180 casos entre judicializados y los que todavía están en proceso de investigación y que en San Pedro Sula, se maneja una cantidad similar.
Entre los principales casos de corrupción que maneja la fiscalía que dirige mencionó, las irregularidades cometidas por los funcionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA), del Instituto de Jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), el saqueo de medicinas de la Secretaría de Salud, los abusos del ex ministro de salud, Arturo Bendaña y el de jueces que torcieron la ley para dejar en libertad narcotraficantes.
Problema histórico
Para sustentar que la corrupción en Honduras no es un problema nuevo, el diputado Herrera, proyectista de la Ley, ha manifestado que este flagelo tiene raíces de tiempos de la colonización y posterior independencia. Asegura que los funcionarios de aquel momento, también cometieron actos de corrupción similares a los hoy.
“Encontramos una federación centroamericana dirigida por Manuel José Arce [en los años 1825 al 1829], obligada a suscribir el primer empréstito con un banco inglés por la cantidad de 5 millones de pesos, de los cuales solo ingresaron 300 mil a las arcas de la Federación”, sostuvo el parlamentario.
Mencionó que en 1862 durante el gobierno del General José María Medina se otorgaron poderes plenipotenciarios a un hondureño y a un francés radicados en Francia para suscribir empréstitos a nombre del Estado de Honduras para la construcción del ferrocarril interoceánico, obra que todavía siguen esperando lo hondureños, porque los prestamos fueron suscritos y Honduras tuvo que pagarlos a pesar de que nunca se recibió un tan solo centavo.
“Se hipotecó el Estado hondureño y Francia llegó al extremo de ofrecer en venta a nuestro país a los Estados Unidos. Así de mal hemos estado con la corrupción”, reflexionó el parlamentario, sin dejar de recordar a Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, quienes con la apertura al desarrollo económico durante la reforma liberal también se agenciaron recursos provenientes de la explotación minera.
Ex presidentes de Honduras mencionados en actos de corrupción
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Manuel José Arce |
General José María Medina |
Marco Aurelio Soto |
Ramón Rosa |
Además dijo, que a inicios del siglo XX varios funcionarios salieron beneficiados con la concesión de las mejores tierras de la costa norte a las compañías bananeras a cambio de casi nada para el Estado. “Y son estas las que con su poder económico compran la voluntad de los gobernantes, financian revueltas, quitan y ponen presidentes y se convierten en el poder detrás del trono, siendo tanta la corrupción que el magnate del banano en ese entonces, Samuel Zamurray, en un acto de sobrado poder, se atrevió a decir que en Honduras es más barato comprar un diputado que una mula”, aseveró.
Tiburcio Carias Andino |
“Y qué decir de las expropiaciones forzosas de capital y otros bienes propiedad de alemanes residentes en el país al declararse la guerra a Alemania por parte del presidente de la República, General Tiburcio Carias Andino, en donde al remate de dichos bienes acudieron los más conspicuos colaboradores del presidente para hacerse a precios ridículos de aquellos bienes expropiados ilegalmente”, reflexionó, al referirse también a la entrega de nacionalidades de forma irregular a ciudadanos chinos y judíos.
En su exposición de motivos convertida casi en una cátedra de historia de Honduras, el parlamentario no dejó de mencionar que durante la guerra de 1969 entre Honduras y El salvador, se pudo comprobar que el gobierno militar de Oswaldo López Arellano, mantenía planillas fantasmas de soldados que recibían salario y que no aparecieron al momento del conflicto bélico.
Señaló casos, como la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) provocada por empresarios que de manera inescrupulosa acapararon millones de lempiras, sin que el Estado les haya deducido responsabilidad. El Bananagate, el chinazo, el pasaportazo, los Sextos Juegos Centroamericanos y el fondo petrolero, también fueron recordados por el parlamentario para justificar la necesidad de la Ley Anticorrupción.
¿Por qué habla de eso?
Entre 2004 y 2013, Jari Dixon Herrera estuvo nombrado como coordinador de la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público en Tegucigalpa, función que desde 2009 no desempeñó porque la Fiscalía General de la República se lo impidió. El entonces fiscal, fue suspendido de su cargo sin goce de salario por haber protagonizado junto a 70 hondureños más “La Huelga de hambre contra la corrupción y la impunidad”. Su despido fue notificado en abril de 2013.
La Huelga se desarrolló en los bajos del Congreso Nacional entre el 7 de abril y el 14 de mayo de 2008. Los manifestantes recibieron la solidaridad del pueblo hondureño que realizó diferentes tipos de acciones en todo el territorio Nacional y a la misma, se unieron reconocidas personalidades como la ex magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Tirza Flores; el superior de los jesuitas en Honduras, Ismael Moreno; el pastor evangélico, Evelio Reyes y la entonces diputada del Congreso Nacional, Marleny Paz.
Jari Dixon en una conferencia de prensa durante la huelga contra la corrupción y la impunidad |
Ellos exigían que el Fiscal General y Fiscal General adjunto, Leónidas Rosa y Omar Cerna, respectivamente, desengavetaran las imputaciones presentadas contra ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Ana Belén Castillo, acusada de fraude y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública por haber construido varios edificios sin la debida licitación.
De igual manera reclamaban darle trámite a una denuncia interpuesta contra el ex Fiscal General, Ovidio Navarro, acusado de malversación de caudales en perjuicio de la administración pública. En el 2004, Navarro formuló pagos para acallar las protestas de los fiscales, requerimiento que según ellos se encontraba engavetado en la fiscalía general.
También exigían darle curso a una denuncia contra el ex alcalde de Tegucigalpa, Miguel Pastor, quién habría utilizado los fondos de las aportaciones de los empleados jubilados INJUPEMP, para el pago de salarios de la Municipalidad durante su administración. El ex edil fue acusado de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
Las acusaciones por la quiebra del Banco Corporativo, BANCORP y varios casos incoados contra del ex presidente, Rafael Leonardo Callejas, también eran mencionadas por los manifestantes. Exigían además que el fiscal general y fiscal adjunto, fueran suspendidos durante las investigaciones. Sin embargo, el Congreso Nacional, que en ese momento era presidido por Roberto Micheletti, decidió no atender la demanda.
Honduras entre los más corruptos del mundo
 Honduras retrocedió en materia de corrupción en el 2013 según Transparencia Internacional |
Organismos internacionales han calificado a Honduras como uno de los países más corruptos del mundo. Tal es el caso, del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, una institución que en el 2013 encontró este país es el más corrupto de Centroamérica. A nivel continental Honduras solo es superado por Paraguay, Haití y Venezuela y ocupa la posición 140 de 177 naciones investigadas mundialmente.
Lo anterior detalla que 139 países del mundo son más transparentes que Honduras y que solo 37 se encuentran en igual o peor situación. Esto representa un retroceso de 7 puntos, ya que en el 2012, Honduras ocupaba el lugar 133.
Transparencia International es representada en Honduras la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organismo que ha seguido de cerca diversos casos de corrupción en los sectores de seguridad, salud y educación pública.
En el caso de salud, investigaciones llevadas a cabo por la ASJ han permitido el enjuiciamiento de varios funcionarios, como es el caso del ex ministro de Salud Arturo Bendaña, y la jefa del Almacén Central de Medicinas, Marixa Solórzano, entre otros. El saqueo INPREMA y del INJUPEMP también han sido documentados por la ASJ.
El costo de la impúdica transparencia
En una investigación realizada a mediados de 2011, este medio digital comprobó que anualmente el Estado eroga más de 345 millones de lempiras en nueve instituciones encargadas de controlar el gasto público. Sin embargo, los altos índices de corrupción que hay en el país no son congruentes con el trabajo que estos entes deben realizar.
| Descarga estudio: El Lado Oscuro del Presupuesto Nacional”
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Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Comisión Interinstitucional de Medicamentos (CIM), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Congreso Nacional y dos Comisiones de presupuesto, forman parte de los organismos del Estado con dualidad de funciones entre ellos.
La investigación denominada, “El Lado Oscuro del Presupuesto Nacional”, cita que el TSC maneja anualmente 213.9 millones de lempiras, el CNA 22 millones, el IAIP con 36.8, la CIM 4.5 millones y los departamentos de auditoria de varias secretarías de estado con 33 millones. A esta erogación también hay que sumarle el costo de la Fiscalía de lucha contra la Corrupción, el de las oficinas de transparencia de las instituciones del Estado, incluidas las municipalidades y el de las comisiones de transparencia municipal.
