La corrupción y la indolencia en altos funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP) se estarían conjugando para afectar a miles de familias pobres que en Honduras luchan para legalizar un pedazo de tierra donde con mucho esfuerzo han logrado construir sus viviendas. A pesar que la lucha por la tierra se ha teñido con sangre en este país centroamericano, las autoridades siguen demostrando abandono para el proceso de regularización. “Solo de nosotros son 1,700 títulos los que están sin firmar en el IP”, dijo a Revistazo, Danilo del Arca, presidente de la Asociación de Patronatos de la Villa Cofradía, en la jurisdicción de San Pedro Sula.
La Directora General de Regularización Predial, Claudia Sierra, ha confirmado este retraso y culpa a la ex Secretaria General del IP, Belinda Flores y al Consejo Directivo, de no reprogramar la entrega de los documentos. “Teníamos programado entregar 7,500 títulos de propiedad en los primeros 100 días de gobierno y eso acumula 3,700 de la Zona Norte”, sostuvo la funcionaria.
La costumbre ha sido que inexplicablemente los títulos de propiedad sean entregados por el Presidente de la Republica en las distintas regiones del país, hasta donde se traslada con numerosas comitivas, que generan onerosos gastos. En tal sentido la ex Secretaria Ejecutiva del IP, Belinda Flores, consideró que el costo de estos viáticos era demasiado elevado y solicitó al Consejo Directivo emitir una resolución para reprogramar la entrega.
“Son expropiaciones y levantamientos, las expropiaciones son 1,200 títulos que la gente ya pagó, ya se emitieron los títulos y están listos, pero estamos a la espera de la reprogramación”, reiteró Claudia Sierra.
El Presidente de la Federación de Patronatos de Cofradía dijo a este medio digital que en muchas ocasiones estas comitivas han viajado a la Costa Norte con una lista de ocho títulos y que al final solo entregan dos, porque el resto no los encuentran.
Pero ¿Solo 7,500 debe el IP?
Según la Directora General de Regularización Predial, el IP únicamente mantiene pendientes de entregar los títulos emitidos en los últimos 8 meses y asegura que de esos, 3,700 corresponden a San Pedro Sula, Puerto Cotes y alrededores. No obstante, el presidente de la Federación de Patronatos de Cofradía, Danilo del Arca, asevera que solo a ese sector de San Pedro Sula les deben 1,700, de los cuales varios corresponden a titulaciones por expropiaciones llevadas a cabo desde 2005.
Como ejemplo mencionó a David Castillo, un poblador de ese sector que desde el año 2006 terminó de pagar el valor de su predio, pero que todavía no recibe el título de propiedad por parte las autoridades.
De la misma forma, la presidenta de la federación de patronatos de Villanueva Cortés, Irma Hernández, también se ha referido al tema, y alega que el IP mantiene engavetados desde hace varios años más de 40 mil títulos de propiedad. Sin embargo, la Directora de Regularización Predial insiste en que solo son 7,500, y que no se han entregado por decisión de las autoridades superiores.
Su cargo es relevante en la institución, pero asegura no conocer el día ni la hora en que las autoridades decidirán entregar los títulos de propiedad.
Se avizoran un agravamiento
Al retraso en la entrega de títulos de propiedad, en las últimas semanas también se ha sumado el debilitamiento de la Dirección General de Regularización Predial por parte de la ex Secretaria Ejecutiva del IP, Belinda Flores y de la Directora de Registro, Sybil Aney León.
Fue la misma Directora de la Regularización Predial, Claudia Sierra, quien denunció recientemente una supuesta confabulación de estas dos funcionarias para perjudicar la oficina bajo su cargo. Sostuvo que el pasado 24 de abril la Secretaria Ejecutiva del IP, inconsultamente removió de su cargo a Bertha Cerrato, una abogada que desde nueve años se ha venido desempeñando como analista legal y registradora de todos los títulos de propiedad derivados de expropiaciones de la costa norte—proceso generalmente utilizado para regularizar y extender títulos en las comunidades más pobres y marginales del país.
Además dijo que de la misma forma también le han notificado traslado a María Lidia Paz, registradora de los todos los títulos por expropiaciones en la capital.
Cerrato y Paz son las únicas dos registradoras que en los últimos nueve años han venido atendiendo la demanda de titulación por expropiaciones a nivel nacional.
“Leí un artículo publicado por ustedes y yo desconocía que habían 11 registradores para los bancos, aquí siempre han habido solo esas dos y la demanda ha crecido, pero han pasado 6 directores y siempre ellas han estado allí. A mí me causó sorpresa porque las únicas dos registradoras que tengo, me las trasladan para registro, no nombran nuevas y mi pregunta es, ¿qué está pasando?,” expresó a Revistazo, Claudia Sierra.
Sierra también denunció que Belinda Flores, ha desligado de la Dirección de Regularización Predial, el centro regional que opera en San Pedro Sula, porque “dice que ella lo va a manejar y me instruye a que me abstenga de girar instrucciones al personal de allá”, afirmó.
Para María Lidia Paz, la situación se torna difícil, sobre todo, porque las autoridades no han nombrado a nadie para que las sustituya en sus cargos. “Nosotros registramos colonias expropiadas y también elevaciones de forma masiva a través del Programa de Administración de Tierras (PATH) y eso se va a parar porque la abogada Bertha Cerrato, allá está haciendo otra cosa”, explicó.
Reveló, que ella y Cerrato fueron nombradas como analistas legales y que por ese cargo es que el gobierno les paga un salario. Sin embargo, dijo que desde hace nueve años también se han desempeñado como registradoras adjuntas, una labor que realiza gratuitamente. “Fuimos nombradas ad honorem solo para registrar los títulos que nacen de expropiaciones”, expresó.
Es de mencionar que en las últimas horas el Consejo Directivo ha determinado destituir a Belinda Flores del cargo de Secretaria Ejecutiva, mientras que al resto de directores, incluidos, Sybil Aney León y Claudia Sierra, fueron suspendidos durante 49 días.
Corrupción
El pleito entre estos funcionarios que no afectan más que a los pobladores que luchan por legalizar un pedazo de tierra, ocurre en momentos en que la institución es sacudida por la revelación de enormes actos de corrupción que no descartan situaciones generadas en la Dirección General de Regularización Predial.
El informe de una investigación desarrollada por el Centro de Atención Legal Anticorrupción (ALAC), adscrito a Transparencia Internacional, revela irregularidades en los procesos de titulación, que muchas veces desembocan en la violencia entre los pobladores y poseedores de la tierra.
“Otra situacion que se detectó en el proceso investigativo, es que previo a la Reforma del Articulo No.75 de la Ley de Propiedad, la Direccion General de Regularizacion Predial fraccionaba los predios que tenían un área superior al límite permitido por la Ley, para beneficiar al solicitante incurriendo así, en un grave ilícito”, destaca ALAC en su investigación.
ALAC asegura haber verificado que los predios titulados a través del fraccionamiento aparecen algunos a favor de una misma persona y otros titulados a nombre de testaferros. “Pero en ambos casos el común denominador es que en su conjunto conforman grandes extensiones de territorio de uso exclusivo de la persona que tenía la posesión del mismo”, indica.
Detalla que por la falta de planeación y de investigación jurídica, muchas colonias o barrios no concluyeron exitosamente los procesos de expropiacion y asegura además que por irresponsabilidad del Instituto de la Propiedad muchos asentamientos humanos se establecieron en zonas de riesgo.
El organismo anticorrupción también encontró irregularidades en la suscripcion de los fideicomisos. “Tenemos la Colonia Cristiana en San Pedro Sula, en donde en forma abusiva e ilegal se suscribieron dos (2) contratos fiduciarios con diferentes instituciones bancarias”, señala ALAC.
