Actos de corrupción y mediocre desempeño en el Instituto de la Propiedad limitan el acceso a la tierra a los hondureños más humildes
Hay que decirlo sin anestesia: al sistema de regularización predial en Honduras lo está matando la corrupción, la politiquería y la codicia. El Instituto de la Propiedad (IP) en un solo día y de un solo plumazo inscribió 25 mil hectáreas de tierra a favor de una sola persona en una privilegiada zona del caribe hondureño, según señala una investigación realizada por el Proyecto Patrimonio Seguro de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción(ALAC).
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Lo anterior contrasta con el sufrimiento de miles de pobladores de las colonias marginales quienes deben esperar hasta 30 años para obtener un título de 400 varas cuadradas.
Ante tal situación, surge la siguiente interrogante, ¿qué está sucediendo en Honduras para que el Instituto de la Propiedad (IP) con tan solo una década de funcionar haya perdido su rumbo?
La respuesta es sencilla: esta institución fundada en el 2004 con el objetivo de crear políticas enfocadas a los más altos intereses del pueblo, se sumó al resto de entidades que cobijan el clientelismo político y que están al servicio del partido de turno. Sus funcionarios tampoco responden a un compromiso social ni a capacidades profesionales.
Siendo la tierra el recurso más valioso para los sectores vulnerables, esta se encuentra en la incertidumbre a pesar de que hace 10 años el gobierno creó al IP como una solución a la situación de regularización predial. No obstante, las determinaciones político-partidarias y la corrupción que envuelve a muchos de sus funcionarios, provocan retrasos en la titulación de las colonias expropiadas, mientas que la Dirección de Regularización Predial titula predios en asentamientos carentes de los requisitos legales.
Trámite rápido para actos irregulares, mientras los pobres deben esperar
“El 10 de marzo del 2011, se presentaron 5 títulos de propiedad, todos ubicados en la aldea el Cacao, municipio de Jutiapa departamento de Atlántida—al menos uno colindante con el Mar Caribe—a favor de Raúl Enrique Merlo”, señala de manera textual la investigación de Patrimonio Seguro y ALAC, tras indicar que a las 11 de la mañana de ese mismo día los documentos fueron registrados por el IP.
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Los cinco títulos otorgados a Merlo suman casi 25 mil hectáreas, un fraccionamiento que no es permitido por la ley.
Este compromiso de los funcionarios disiente con la realidad de los pobladores de bajos recursos económicos, quienes sufren de la discriminación social impuesta por el sistema corrupto que impera en el IP, organismo que en las últimas semanas ha retirado de sus puestos de trabajo a las únicas dos registradoras que durante nueve años se habían encargado de la regularización de colonias expropiadas.
Otra evidencia de este favoritismo se puede observar en el listado de 12 registradores que las autoridades han designado para atender exclusivamente las operaciones de la banca privada. Según los fuentes consultados, a estos registradores también se sumarían 8 asistentes. Del total de 40 individuos que atienden a los usuarios en Registro en Tegucigalpa, la mitad están designados a atender el sector bancario mientras que los demás deben atender a un aproximado de 1,000 usuarios por día.
De acuerdo a estimaciones de expertos y proyecciones del mismo IP, esta institución tiene la capacidad de emitir 45,000 títulos por expropiación al año, pero esa es la cifra que logró acumular en 10 años de existencia. Es decir, la producción de esta entidad solo llega a un 10%, a pesar de que las reformas a la Ley de Propiedad incrementaron las ocupaciones irregulares.
En 42 veces sube el costo de cada título
En los últimos cinco años el presupuesto para la emisión de un título de propiedad creció exageradamente. Si se compara el presupuesto total del IP contra el número de títulos emitidos, en el año 2007 el estado gastó aproximadamente 17,661 lempiras por cada título emitido, pero para el 2012 este costo subió a 74,105 lempiras, 42 veces más.
Expertos aseguran esta institución tiene la capacidad de poder seguir todos los pasos que requieren los procesos de regularización de más de 60 colonias en un solo año, pero la indolencia y el irrespeto a la ley de parte de sus funcionarios han ocasionado retrasos, que no solo afectan a los pobladores sino también a la empresa privada y al gobierno mismo.
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La politización
El IP no se desmarca de las costumbres del resto de instituciones públicas en términos de contratación de personal. Muchos empleados son contratados a través recomendaciones políticas porque de acuerdo al reglamento interno los postulantes a cualquiera de los cargos solo deben entregar dos fotografías y llenar un formulario, sostuvo Carlos Hernández, director de la ASJ.
Carlos Hernández, director de la ASJ. |
Hernández mencionó lo anterior, el miércoles cuatro de junio, en momentos en que hacía la presentación del informe (Power Point) de ALAC y Patrimonio Seguro, en un hotel capitalino.
Reprochó la duplicidad de funciones y falta de coherencia entre los salarios y los niveles de responsabilidad y antigüedad en esa institución.
Además dijo que como producto de la politización en el IP se han registrado contrataciones masivas de trabajadores. “En un solo mes, en septiembre del 2009 el gobierno de Roberto Micheletti contrató por acuerdo a 200 personas, el 60% ya estaba por contrato y los demás venían entrando al IP”, expresó, tras agregar que también existe abuso en el otorgamiento de vacaciones y en las incapacidades del personal. Denunció la agilización de trámites a cambio de soborno a empleados del IP.
Hernández también se refirió a los requisitos para ser miembro del Consejo Directivo, y “ha sido activismo dentro del partido del gobierno, pocos miembros han tenido una formación profesional en el tema de tierras”, afirmó. Sustentó que Pompeyo Bonilla, con una formación militar, Hugo Vásquez, como docente y Elvin Santos, empresario, fueron presidentes del Consejo Directivo del IP.
