 ¿Qué análisis hace la sociedad civil sobre la trata y explotación de menores en Honduras?
R.
Estudiosos de la materia han llegado a catalogar el fenómeno de la trata, la explotación sexual comercial y la utilización de los niños, niñas y adolescentes en la pornografía como uno de los negocios más grandes que circulan en la región centroamericana, e incluso en Latinoamérica.
La trata es de los negocios más grandes y lucrativos.
Honduras ha tenido algunos avances como la ratificación por parte del Estado del Foro Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, que incluye un protocolo que tiene que ver con la niñez en conflictos armados y otro con la utilización de los niños y niñas en la explotación sexual comercial. En este último año se logró la aprobación de la Ley contra la Trata, que sin duda alguna esto viene a fortalecer todos los mecanismos de protección que hay en el país y todos los seguimientos que se deben de dar desde las instancias del Estado a la problemática.
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 ¿Es importante la aprobación y la ratificación de instrumentos jurídicos—¿pero el Estado los cumple?
R.
Se logró conformar una comisión nacional que le está dando seguimiento a la implementación de esta ley [Ley contra la Trata] en todas las secretarías de Estado, pero sobre todo a las acciones que se impulsan desde las organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de la comunidad internacional. Falta mucho por hacer y creemos que es importante el rol que asuman los operadores de justicia, el Ministerio Público, particularmente con los Jueces de la Niñez y la participación directa que pueda tener el Registro Nacional de las Personas.
Es poco lo que se ha hecho, yo me atrevería a decir que esto va creciendo, y si ha resultado ser un negocio lucrativo para estas bandas criminales, lógicamente aquí tenemos un problema que se le debe dar respuesta desde las autoridades y los distintos sectores organizados. La policía tiene una unidad especial para darle seguimiento a esta situación y han demostrado ser comprometidos con la temática, lo que pasa es que eso, comparado con la problemática es pequeño con lo que debería estar haciendo el Estado.
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 ¿Ante la magnitud del problema, qué propone la sociedad civil que trabaja el tema?
R.
Tenemos que lograr ubicar la temática como un eje transversal en todas las acciones que la Policía Nacional pueda impulsar.
El tráfico de personas no solo se da por las fronteras sino también dentro del país.
Es necesario lograr sensibilizar a las policías comunitarias e igual a las Fuerzas Armadas, porque nada tiene que ver, pero ahora también hacen trabajo policial. Falta mucho por hacer y creemos que el crimen organizado logra tener control de los operadores de justicia y eso lo podemos ver en todos los estratos y en todo eso, tienen mucho que ver los políticos de turno que mantienen secuestradas las instituciones del Estado.
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 ¿Qué ha pasado con las recomendaciones de protección a la niñez de los organismos internacionales?
R.
El Estado tiene 24 años de estar recibiendo recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño, se le han dado recomendaciones en tres periodos consecutivos y estas han sido reiterativas. Cuando digo reiterativas, esto quiere decir que a pasar que se lo dijeron en un primer informe no lo hicieron, se lo dieron en un segundo y tampoco lo hicieron, se lo dicen en un tercero y todavía sigue sin hacer nada, entonces consideramos que hay acciones muy importantes que se les debe comenzar a dar atención.
No basta con los instrumentos jurídicos, se necesita la aplicación de los mismos y como logar presupuesto de la república para focalizarlo en la implementación desde las secretarias de Estado con acompañamiento de la sociedad civil.
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 ¿Mantienen estadísticas puntuales de menores afectados por la trata y la explotación?
R.
Hablar de números específicos es complicado porque en Honduras una de las debilidades es la falta de documentación y sistematización, para contar con estadísticas claras no solo se debe hacer monitoreo de los medios de comunicación, sino que estas sean el producto de investigaciones.
Las organizaciones solo damos seguimiento a la implementación de políticas públicas y también se les da tratamiento a aquellas personas que han sido víctimas de la trata y de la explotación, toda la parte investigativa corresponde directamente la fiscalía y ellos las mantienen de manera confidencial por asuntos de investigación.
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