“Soy madre soltera y tengo una hija especial, lo que gano trabajando es solo para medio pasar, yo quisiera que se arregle todo para que me devuelvan mi terreno”. Así lo expresó, con palabras sencillas, pero anegadas de dolor, Mariana Catalina Izaguirre, una humilde mujer que por la inoperancia estatal, un juez le ordenó desalojar la casa que con mucho esfuerzo y sacrificio construyó.
VIDEO // El costo humano del desorden en el Instituto de la Propiedad (IP)
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El 15 de mayo de 1979, ciento cincuenta hombres y mujeres jefes de familias pobres y necesitadas de una vivienda iniciaron la lucha para recuperar los terrenos donde ahora se ubica el Sector 6 de la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. La lucha no era fácil, pero allí estuvo Mariana, dispuesta a todo, hasta a ofrendar su vida si era necesario.
De manera organizada, Mariana y sus compañeros iniciaron los trámites para la legalización de la tierra, paralelamente comenzaron a construir sus viviendas y finalmente lograron que la Alcaldía Municipal del Distrito Central poco a poco se las fuera legalizando.
El 25 de abril de 2003, veinticuatro años después de haber iniciado los trámites de legalización, la Alcaldía Municipal, gobernada por Miguel Rodrigo Pastor entregó a Mariana la escritura pública número 66 inscrita con el numeral 24 del tomo 4011 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán. No obstante, el 25 de junio del 2009 un juzgado penal de la sección judicial de Tegucigalpa le ordenó desalojar su casa.
A pesar de contar con la escritura debidamente legalizada por la Municipalidad del Distrito Central, Mariana fue acusada del delito de usurpación. Su acusador, Moisés Ordoñez, probó en el tribunal de justicia ser el legítimo dueño de la propiedad que la Alcaldía le vendió a esta humilde mujer.
Ordoñez acreditó haber comprado el predio a la señora Reina Valladares de López y su escritura pública también se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad. Es decir, existen dos escrituras de un mismo predio y cualquier persona podría preguntarse ¿Por qué?, la situación que se muestra compleja, pero que se resume en una palabra: negligencia.
Sucede que Mariana ha sido víctima de una disputa de tierras que desde 1985 han mantenido la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la señora Reina Valladares de López. Las dos partes tienen documentación, pero el Instituto de la Propiedad (IP) no realizó el correspondiente levantamiento catastral para deslindar el área que le corresponde a cada una.
El levantamiento catastral no es más que la elaboración de un mapa que deslinde cada uno de los predios contenidos en una área determinada a fin de las autoridades cuenten con la información precisa al momento de titular los terrenos.
La Ley de Propiedad obliga al IP a realizar el levantamiento catastral, pero esta institución creada y dotada de todos los recursos humanos, logísticos y económicos, para evitar este tipo de conflictos, es la responsable que Mariana haya perdido su casa.
El Instituto de la Propiedad debió titular el predio de Mariana a través del procedimiento de regularización por necesidad pública, un principio legal que es utilizado para la solución de conflictos de tenencia de tierras, pero no lo hizo. Ahora de la vivienda de Mariana solo quedan los vestigios porque a los pocos días de que fue desalojada, Moisés Ordoñez, ordenó que la destruyeran.
La casa se desplomó y con ella también cayó la esperanza de una familia que durante tres décadas luchó de frente y pasó las penurias sufren los pobres cuando se proponen construir su vivienda.
Mariana Catalina Izaguirre. // Foto: Revistazo // Ver video |
La casa era el único patrimonio de Mariana y allí estaba junto con su hija que sufre de retos especiales, cuando llegaron a desalojarla. Sus otros cuatro hijos andaban en la escuela y no se imaginaban lo que ocurría con su madre y su hermana. Empleados del poder judicial y varios miembros de la policía los echaron a la calle y allí quedaron, sin a dónde ir, les prohibieron regresar a la vivienda. Horas más tarde un pastor evangélico los acogió y les dio albergue hasta que encontraron donde alquilar.
Ya han pasado cinco años y Mariana todavía no resigna, con la tristeza reflejada en su rostro, recuerda: “Aquí era el lavandero donde lavaba mi ropa, este era el baño y el servicio, esta era la única pared de ladrillo, porque las demás eran de madera. Ya tenía 30 años de vivir aquí, mis hijos aquí crecieron”, afirmó la angustiada mujer, que por un instante deja perder su mirada en el espacio.
Desde que fue desalojada, ha tenido que alquilar en cuatro lugares distintos, su situación económica no le ha permitido saldar a tiempo el pago del arrendamiento y por ese motivo en muchas oportunidades ha sido amenazada con sacarla.
Cuando pueden mis hijos me ayudan, pero tengo amenazas de que me van a sacar porque a veces me paso del plazo”, expresó Mariana.
No cuenta con un abogado que le ayude a realizar los trámites administrativos en la Alcaldía. Sin embargo, tampoco pierde las esperanzas de recuperar su propiedad.
Quiero ir donde el alcalde para que me entreguen el terreno o que me reubique en otro lado, no quiero dejar a mi hija así, porque al faltar yo me la van a tirar a la calle, ella es especial y no puede trabajar”, afirmó Mariana.
La hija de Mariana es Oneida, una muchacha de treinta años que sufre de epilepsia y que por falta de dinero se queda sin medicinas. Su situación es difícil porque en varias ocasiones ha sufrido quemaduras cuando está cocinando y le pega el ataque. Vale mencionar que los medicamentos para el tratamiento de su enfermedad tienen costos elevados y que los hospitales públicos están desabastecidos.
Alcaldía debe reubicar a Mariana
Gilda Espinal, Patrimonio Seguro – ASJ. // Ver video |
| Patrimonio Seguro cuenta con una línea de denuncias más información AQUI
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La coordinadora del proyecto Patrimonio Seguro, de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Gilda Espinal, explicó que la Alcaldía Municipal debe de reubicar a Mariana porque al haberle otorgado la escritura pública adquirió una responsabilidad administrativa con ella.
Además dijo que Mariana tiene todas las de ganar y que cualquier profesional del derecho con el conocimiento catastral y registral podría lograr que la Alcaldía Municipal la reubique en lugar con iguales o mejores condiciones a las que tenía antes de ser desalojada.
“Registralmente hay de donde ganar y catastralmente hay de donde ganar”, expresó Espinal, quien determinó el problema como una falta de voluntad entre autoridades municipales y doña Reina Valladares para solucionar un conflicto que solo afecta a ciudadanos que nada tienen que ver en el asunto.
Cuarenta familias son las afectadas
La falta de una demarcación de las áreas en conflicto de parte del Instituto de la Propiedad provocó que la Alcaldía Municipal haya vendido dominios plenos en las tierras de doña Reina Valladares y que ella también haya traspasado a particulares terrenos de la municipalidad.
Revistazo conoció que la Alcaldía Municipal vendió dominios plenos en una área de 7,748.96 varas cuadradas, propiedad de doña Reina Valladares de López y que ella, vendió predios en un lote de 3,147.75 varas cuadradas que corresponden a la municipalidad.
Lo anterior afecta directamente a 40 las familias y aunque han solicitado una solución definitiva, el problema sigue porque ninguna de las partes acepta las condiciones propuestas. Doña Reina exige que la municipalidad le pague los terrenos que vendió en su propiedad y la alcaldía afirma que ella jamás ha pagado impuestos y que esos predios sean la compensación de esos tributos.
La Municipalidad también ha pedido que doña Reina deje molestar a los moradores, pero ella le ha respondido con desalojos. Los vecinos aseguran que al menos dos terrenos, incluido el de Mariana Izaguirre, fueron vendidos por doña Reina a pesar de que en ellos ya habían edificaciones.
Para Gilda Espinal, los pobladores con escrituras otorgadas por la Alcaldía deben exigirle a la Corporación Municipal que les responda por sus propiedades. “Incluso pueden demandar nacional e internacionalmente, lastimosamente en la instancia nacional no se espera la respuesta que uno desearía”, afirmó.
“Nos mandaron presos”: Roberto Silva
Los pobladores del sector 6 de Villanueva recuperaron los terrenos a través de los comuneros constituidos en patronatos, construyeron sus casas y ahí vivieron pacíficamente hasta 1985, cuando varias personas, incluida doña Reina Valladares de López, se proclamaron dueñas de la tierra.
Desalojos, amenazas y encarcelamientos, forman parte de la situación que estas familias han tenido que sufrir en la lucha por la tierra. “Nos acusaron de ser invasores y nos mandaron presos, nos perseguía la DNIC porque la policía estaba bien involucrada y me querían desparecer. A mi familia la hostigaban también”, dijo don Roberto Silva, uno de los líderes de la comunidad.
A juicio de Silva, los gobiernos que ha tenido Honduras solo le han servido a los poderosos, criterio que comparte doña María Caridad Castro, una madre soltera que también ha lidiado con cinco personas que han querido despojarla de su vivienda, sin que las autoridades le respondan.
“Primero doña Gloria Gómez, después Adán Martínez, luego Ramón Velásquez, uno de apellido Castro y por ultimo llego doña Reina”, dijo Caridad, al referirse a las personas que se han proclamado dueñas de la tierra donde tiene su casa.
“El tal Castro llegó a mediodía, yo estaba asoleada porque venía de traer a mi hija de la escuela, estaba haciendo almuerzo y atendiendo la pulpería. Llega y me dice, ‘Vengo a que desocupe porque de aquí yo soy el dueño.’ Agarré un machete y le dije, ‘Mejor salíte porque si tocas a uno de Villa Nueva los vas a tocar a todos, ya van a venir a defenderme y la primera que te va tragar la sangre soy yo’”, prosiguió Caridad. Indicó, que el hombre se alejó y no volvió a molestarla.
Los pobladores están organizados y desde que entraron a la tierra han realizado gestiones de titulación. La mayoría cuenta con escritura pública, pero a pesar de ello, algunos siguen recibiendo amenazas de doña Reina Valladares, quien les exige el pago de los predios.
Un título y una nueva casita: lo que pasa cuando el IP hace su trabajo
La historia de estas familias fuera distinta si entre la Alcaldía Municipal y doña Reina Valladares no existiera conflicto, pero para ello, el Instituto de la Propiedad tuvo que haber realizado el levantamiento catastral, o barridas catastrales como son conocidas.
Cuando las autoridades realizan de manera eficiente los procesos de regularización y titulación, los pobladores alcanzan beneficios importantes, como los que describe Miguel Ángel Ponce, vecino de la colonia Modesto Rodas Alvarado, de Comayagüela. “Cuando me dieron la escritura la hipotequé y así construí mi casa que antes era de madera”, dijo regocijantemente.
Miguel Ángel Ponce, muestra a Revistazo su título de propiedad. // Ver video |
Su situación no siempre fue de alegría. Obtuvo su título en dominio pleno en 1987 al pagar 400 lempiras que era el valor catastral establecido en el Plan de Arbitrios de la Municipalidad, pero anteriormente experimentó amenazas similares a las sufridas por doña Mariana y sus vecinos.
Antes pasamos en zozobra porque venían personas que decían que eran los dueños,” recuerda.
Estas presiones desaparecieron definitivamente en el 2004, cuando el Instituto de la Propiedad agotó los trámites legales, técnicos y administrativos para expropiar la colonia Modesto Rodas y cambiar la escritura que emitió la Alcaldía por un título de propiedad a favor de Miguel Ángel.
Ahora estamos seguros y lo que tenemos se lo podemos heredar a nuestros hijos”, afirmó.
Con su título como respaldo, Miguel Ángel obtuvo un préstamo de 62 mil lempiras, dinero que fue suficiente para la construcción de su casa. En ese tiempo la bolsa de cemento costaba 15 lempiras y de mano de obra solo pagó 20 mil. Haber obtenido su escritura en aquel momento también fue beneficioso porque “ahora ni con 400 mil la hubiera construido”, enfatizó.
