 ¿Cómo analiza usted la criminalidad y la violencia en Honduras?
R.
La inseguridad y la criminalidad continúan aumentando en el país y no se ve una mejoría sustantiva, ni siquiera se mantiene estacionaria y el problema es que la impunidad. Debemos pensar que el problema de la violencia es más profundo, debemos analizar sus raíces históricas, culturales, políticas y el modelo económico, las políticas ecológicas, las políticas de ambiente, tenemos un país donde más del 30% está ocupado por concesiones mineras y eso significa que estamos perdiendo el país y que los grupos más afectados son los campesinos, indígenas, garífunas y misquitos. Por otro lado tenemos alrededor de 80 mil policías privados y eso indica que la seguridad se ha convertido en uno de los mejores negocios.
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 ¿Qué políticas considera necesarias para disminuir la inseguridad?
R.
Esta situación se ha ido agravando desde el año 2000 cuando hubo crecimiento de la violencia y lo primero que hay que evaluar es la política criminal del Estado, cómo el Estado dirige el manejo de las situaciones violentas, en segundo lugar hay que dejar de criminalizar la pobreza, luego hay que educar a la policía, a los cuerpos militares y a la población.
Otro problema es que la mayor parte de la protección es para las empresas multinacionales. Ellas nos contaminan el ambiente, nos destruyen la naturaleza, generan enfermedades y al mismo tiempo hay que protegerlas. Son los batallones los que están protegiendo a las mineras y a las represas y por otro lado estamos golpeando a los pueblos. |
 ¿Qué piensa de la depuración policial?
R.
Se habla mucho de la depuración policial, pero aquí hay que depurar todo el aparato de seguridad, policías y militares. Además hay que hacerlo de una forma ética y bien estructurada porque yo diría que hay buenos policías y buenos militares, pero el problema es que los buenos no tienen oportunidad de actuar. |
 ¿Resolverá el problema la policía Tigres y la militar que piensan aprobar en el Congreso?
R.
La pregunta es, ¿se va a mejorar la seguridad aumentando el número de gente armada?, -no, porque eso implica mayor erogación del presupuesto del Estado que debería estar destinado a educación, salud y a otros rubros. Nos parece que la política de seguridad no debe estar en manos exclusivas de militares y policías, sino que deben existir proyectos de carácter social, donde la seguridad sea realmente una cuestión más profunda, investigativa y sobre todo con presencia civil.
El ejército está entrenado para matar en una guerra, pero no para trabajar en poblaciones civiles, creo que se debe desarrollar una política criminal en la cual se logre el respeto a la vida, pero que no militarizando a la sociedad. Sí necesitamos depurar la policía, el ejército y otras instituciones, pero incorporando al sector civil en las instituciones y en la toma de las decisiones.
Aquí todo se le quiere entregar a los militares, pero ellos no están preparados para manejar la seguridad nacional, hay una línea de militarización de todas las instituciones del Estado y eso dice que no hay un enfoque correcto de la política criminal. Las masacres en las cárceles son reflejos de la debilidad del aparato de seguridad, que los internos reciban armas dentro de los centros penales significa que hay corrupción en el aparato represivo del Estado.
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 ¿A que le atribuye usted tanta impunidad en el país?
R.
El proceso de investigación ha sufrido algunos reveses, antes el Ministerio Público tenía una policía que investigaba los casos, pero se le quito y este cuerpo pasó a la estructura de seguridad, ahora la Fiscalía no puede hacer las investigaciones, porque ¿Como se explica usted el robo de una avioneta de una base militar y que no hayan culpables?, otra situación es la impunidad por violaciones a los derechos humanos, en el 80% de estos casos no hay juicio abierto. |
Juan Almendrares Bonilla
