“No hay voluntad política en el Congreso de aprobar una buena ley minería, lo sostengo con argumentos y la ley que tenemos fue hecha maliciosamente; aprobada en un solo debate y de noche, el 30 de noviembre en pleno huracán Mitch, por Pineda Ponce y lo que ha traído es desastre, acusó el Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Copan, Monseñor Luis Alfonso Santos.
Santos se refirió en esos términos al salir de una reunión sostenida en la capital entre los representantes de la sociedad civil y la Comisión de Minería del Congreso Nacional y Fiscalía del ramo el pasado jueves 19 de mayo.
Expresó que con el argumento de que viene a invertir y a darles trabajo a los hondureños, las empresas mineras explotan de manera inmisericorde los recursos naturales del país, provocando contaminación en los ríos que abastecen de agua a las comunidades.
“Ha venido el nuevo presidente de la comisión, Donaldo Reyes Avelar, pero él, ya sabemos que está a favor de los mineros metálicos, es de Santa Bárbara y ahí tiene la mina del Mochito, desde hace 82 años”, afirmó.
Su crítica la hizo con el siguiente ejemplo: “si los inversionistas llegaran para cultivar cacao, por lo menos estarían hablando de darle trabajo a los campesinos; la contaminación sería insignificante comparada con la minería. Y del cacao se hace chocolate, que es comestible, pero ¿las minas?”, se preguntó.
Ante las dificultades para que en el Congreso Nacional se apruebe una norma que regule las operaciones mineras, el líder religioso dijo: “la consigna mía es que se organicen las aldeas, municipios y grupos, y que se opongan a la minería metálica”.
Expresó que a pesar de la lucha de las comunidades, la destrucción provocada en la mina de San Andrés, jurisdicción del municipio de La Unión Copan, en el occidente del país, sigue igual o peor. Agregó que las compañías siguen haciendo lo mismo de siempre, “contaminan el río Lara, afluente del Higuito o Jicatuyo, el más grande de la zona que desemboca en el Ulúa, que recorre el norte de Honduras”.
El Obispo lamentó que Honduras todavía no cuente con los laboratorios de análisis para medir el grado de contaminación que provocan las empresas mineras. Otra de sus preocupaciones son las amenazas que reciben los líderes del movimiento de lucha contra la minería metálica.
“En Choluteca amenazaron a un dirigente de la iglesia de que lo iban a descuartizar y por eso dije yo, que si van por la vía de matar a la gente, entonces la gente se va a armar también y podrían suceder cosas que hasta hoy no han sucedido”, sostuvo.
Ante la noticia de que el territorio hondureño podría ser poseer petróleo en cantidades comerciales, el obispo dijo que la explotación de ese producto empeoraría las cosas, sobre todo porque la ex ministra de la Serna, Mayra Mejía, concesionó 294 mil hectáreas, que abarcan a siete municipios de Santa Bárbara y Taulabé en Comayagua.
Aseguró que el presbiterio de la Diócesis de Copán, se ha organizado y que en las aldeas y municipios de los tres departamentos existe un rechazo contra la explotación minera que no tutela el ambiente y que prácticamente es un saqueo del oro.
Programan visita a zonas mineras
Con el objetivo de convencer a la comisión de minería sobre los daños provocados por la industria minera en el país, los representantes de la sociedad civil que participaron en la reunión, pidieron a los diputados hacer un recorrido por las distintas zonas afectadas.
La propuesta fue consensuada y el diputado Donaldo Reyes Avelar, presidente de la comisión, informó que el recorrido iniciará con la visita al Valle de Siria y verificar los daños provocados por la empresa Entremares.
Programaron además la visita a la mina de El Mochito, Santa Bárbara, para comprobar los daños producidos por la empresa American Pacific (AMPAC). Se prevé también una reunión en Santa Rosa de Copan, con Monseñor Luis Alfonso Santos y luego la visita a la mina de San Andrés.
¿Qué debe contener la nueva Ley?
El Director Ejecutivo de la Dirección de Fomento a la Minería, Aldo Santos, aseguró que uno de los principales ejes de debe contener la nueva Ley, es el establecimiento de mecanismos para la socialización de los proyectos mineros. La participación ciudadana es un tema que fue vedado en la legislación aprobada 1998.
Santos, quien hace algunos años se desempeñó como Fiscal del Ambiente, señala otro punto que no debe quedar fuera de la Ley: la regulación ambiental.
“Debe dársela mayores facultades a Defomín para tener mayores atribuciones de supervisión de la actividad minera metálica y no metálica en el país”.
De igual manera dijo que también deben darse las regulaciones legales para que las comunidades que realizan acciones mineras de forma artesanal puedan obtener la orientación adecuada y la protección requerida. Refirió que como producto del abandono, miles de personas trabajan de manera desprotegida. El funcionario citó como ejemplo, las labores que realizan en San Juan, jurisdicción de El Corpus Choluteca.
Informó que con el propósito de hacer las recomendaciones del caso, otro tema que están trabajando en la entidad que el pago de impuestos. Hasta hoy las empresas mineras pagan tributos insignificantes al país y a los municipios donde realizan sus operaciones.
Sobre la aplicación de los 13 artículos de la Ley declarados inconstitucionales, el director de Defomin dijo que, “hemos estado corrigiendo errores que en administraciones pasadas se estaban cometiendo, hoy si puedo asegurarle que ya no se están aplicando los 13 artículos declarados inconstitucionales”, afirmó.
Reveló la existencia 93 concesiones mineras metálicas, 350 no metálicas otorgadas desde 1998. En la actualidad debido a la prohibición contenida en un acuerdo ejecutivo de la administración de Ricardo Maduro y ratificado por Manuel Zelaya Rosales con su Consejo de Ministros, Defomin únicamente está autorizando concesiones no metálicas.
No obstante, existen 104 solicitudes pendientes, que solo podrán resolverse cuando el Congreso Nacional apruebe la nueva Ley de Minería.
