El clamor social por mejoras en los sistemas de seguridad justicia en Honduras ha provocado que las autoridades reconozcan su fracaso en las políticas destinadas a reducir el crimen y la impunidad.
En tal sentido los titulares de las instituciones operadoras de justicia tendrán que presentarse ante el pleno del Congreso Nacional a rendir cuentas por sus acciones.
Cifras oficiales y de organizaciones sociales señalan que en los últimos tres años en Honduras se registraron 20,644 muertes violentas que por desidia de las autoridades se mantienen en la impunidad.
De acuerdo a lo anterior, los 38 meses de mandato del Porfirio Lobo, se han caracterizado por un desenfrenado aumento de la criminalidad. Es decir, un promedio de 18 asesinatos diarios se habrían ejecutado durante el gobierno humanista y cristiano.
NO AGUANTAMOS MÁS
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Este es el nombre de una campaña iniciada por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) para exigir políticas reales que permitan reducir la criminalidad y la impunidad que impera en este país centroamericano.
La APJ es una coalición que agrupa al menos 15 organizaciones de la sociedad civil que luchan para reestructurar la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
El miércoles 3 de abril ellos pidieron que el Congreso Nacional exija que titulares de estas instituciones den explicaciones del fracaso que registran en el combate y castigo del crimen.
Producto del número de homicidios que ocurren a diario, Honduras se ubica entre los países más violentos del planeta.
De igual manera con una tasa de homicidios de 173.6 por cada 100,000 habitantes, San Pedro Sula ha sido calificada como la ciudad más violenta del mundo.
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El presidente del Congreso y candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, reconoció que su partido ha fracaso en la política de seguridad y llamó a los operadores de justicia a rendir cuentas.
El Fiscal General del Estado, Luis Alberto Rubí; el Director de investigación y evaluación de la Carrera Policial, Eduardo Villanueva; el Secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, llegarán al Congreso a reconocer o a desestimar la incapacidad que les acusan.
La APJ ha solicitado al Congreso Nacional tomar decisiones favorables al pueblo luego de la comparecencia de cada uno de los funcionarios.
En el caso particular del titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), la coalición pidió su destitución.
Para ellos, la DIECP fracasó en el proceso de la depuración policial.
En torno al fiscal general, trascendió que el Congreso Nacional podría conformar una Junta Interventora para reordenar el Ministerio Público.
COMPARECENCIAS
De acuerdo a la programación del Congreso las audiencias para la rendición de cuentas de los operadores de justicia iniciarán este martes 9 de abril.
A las cinco de la tarde llegará al hemiciclo legislativo el director de la DIECP, Eduardo Villanueva, quién dará a conocer sus acciones en torno a la depuración policial, un proceso que a criterio de la APJ ha fracasado.
El turno para el Fiscal General, Luis Alberto Rubí, será a las 6.30 de la tarde de este mismo martes 9 de abril.
Por su parte el Secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, ha sido citado para el miércoles 10 de abril a las 5pm y Jorge Rivera, presidente de la Corte Suprema de Justicia, para Jueves 11 de abril a las 10 de la mañana.
Agenda de las audiencias
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Fecha |
Hora |
Audiencia |
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Martes 9 de abril
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5:00 p.m.
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Eduardo Villanueva (DIECP)
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Martes 9 de abril
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6:30 p.m.
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Luis Alberto Rubí (Fiscal General)
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Miércoles 10 de abril
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5:00 p.m.
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Pompeyo Bonilla (Secretaría de Seguridad)
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Jueves 11 de abril
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10:00a.m
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Jorge Rivera Avilés (CSJ)
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