Organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el verdadero desarrollo del país, han manifestado su preocupación por la falta de voluntad política demostrada por los funcionarios del gobierno, encargados de dirigir el proyecto Pacto por Honduras.
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En una carta enviada recientemente al asesor presidencial, Alden Rivera, más de medio centenar de organizaciones aglutinadas en coaliciones como Transformemos Honduras, Grupo de Sociedad Civil, Alianza por la Paz y la Justicia, Proyecto Aldeas Global y Compasión Internacional, entre otras, pidieron al funcionario que al menos se respeten las convocatorias de dialogo.
“Como organizaciones de sociedad civil comprometidas con el desarrollo democrático de nuestro país, que voluntariamente hemos decidido atender la invitación del Gobierno a participar en el diálogo del Pacto por Honduras, por este medio queremos expresar nuestra preocupación por el desarrollo de dicho proceso”, dice la misiva, contentiva de seis incisos demostrativos de la situación.
Informalidad en la convocatoria, falta de una metodología clara y coherente, carencia de una base clara y concreta sobre los temas y la falta de voluntad política manifestada por el mismo presidente Juan Orlando Hernández, forma parte de la inconformidad de las organizaciones civiles.
Para ellos, no se ha generado un verdadero diálogo ni se han abierto los espacios de participación propositivas que ayuden a construir la concertación desde la sociedad civil. “Lo que se ha dado es un proceso de presentaciones y reacciones sin llegar a la discusión precisa de acuerdos”, advierten, al ratificar que con estas acciones el gobierno ha provocado que las organizaciones se sientan manipuladas y pierdan interés en el proceso.
¿Para qué? si ya lo están haciendo
El coordinador del Grupo de Sociedad Civil (GSC), Omar Edgardo Rivera, ha ido más allá al señalar la existencia de un paralelo en la gestión del presidente Hernández. Sostuvo que el gobierno le apuesta por un lado a un gran pacto por Honduras, pero que en otro sentido toma decisiones unilateralmente.
“Entonces, ¿para qué ir a un pacto fiscal si las medidas tributarias y fiscales ya las tomaron? ¿Para que ir a un pacto social si ya le apostaron a un programa clientelista o paternalista en el marco de la iniciativa de Vida Mejor? ¿Para qué ir a un pacto de reforma institucional si ya reformaron la institucionalidad? Yo creo que el Pacto por Honduras dista mucho de ser vinculante, y lo que allí se va a tratar difícilmente se va a volver algo concreto, porque lo concreto ya lo están haciendo”, enfatizó Rivera.
El coordinador del GSC también ha expresado que con este proyecto el gobierno solo busca acariciar el tímpano de los hondureños, “o darles atol con el dedo, porque es un proceso que yo no identifico como exitoso”, reiteró.
Auguró, que los temas de máxima relevancia para el país no serán tratados en el marco del Pacto por Honduras. “La reforma constitucional, que busca garantizar la reelección presidencial, no va ser discutido allí, pero después nos van a salir con él. Todo lo que tiene que ver con la entrega de nuestros activos a través de las ciudades modelos, tampoco, pero lo van a ejecutar; todo lo que tiene que ver con la militarización del Estado, de eso no se habla, pero es un proyecto que avanza de manera vertiginosamente”, detallo Rivera.
Es una pérdida de tiempo
Un ex oficial de la Policía Nacional que en representación un conjunto de organizaciones de la sociedad civil participa en la mesa sectorial de seguridad ha manifestado a Revistazo que son varias las organizaciones de la sociedad civil que se integraron a trabajar en el tema. No obstante, es incierta la posibilidad de que sus propuestas sean vinculantes con las decisiones del gobierno.
“El coordinador de la mesa me dijo que eso se hacía solo para socializar el tema porque las decisiones ya las habían tomado”, dijo la fuente que prefirió mantenerse en el anonimato.
A pesar de la situación, aunó que seguirán trabajando para la elaboración de un documento ajustado a las necesidades y a la realidad del país. “Vamos a proponer un perfil que reúna los requisitos de aptitud, actitud, nivel de conocimientos, destrezas y habilidades que se requieren para pertenecer a la Policía Nacional y al Ejército Hondureño”, explicó.
Informó que también le propondrán al gobierno mejorar el programa educativo de la Policía a fin de corregir el nivel profesional de los agentes. Esta mesa sectorial también se propone que el gobierno establezca una Comisión de Censura para la clasificación o prohibición de películas, programas de televisión, libros, revistas y música, contrarias a las leyes, las buenas costumbres y la moral.
Entre tanto, una representante de Transformemos Honduras, organización de la sociedad civil que participa en las mesas sectoriales de educación y salud, ha dejado entrever la irresponsabilidad de los funcionarios públicos que evidenciando irrespeto por los demás se han limitado a la presentación de sus propuestas dejando a un lado las opiniones los representantes de la sociedad civil.
A su juicio, las únicas dos reuniones llevadas a cabo desde que se instaló la mesa sectorial de salud, en febrero pasado, han sido una pérdida de tiempo.
El Proyecto
Se instalan las cinco mesas de trabajo. |
El 28 de enero pasado, un día después de su toma de posesión, el presidente Juan Orlando Hernández, instaló en el salón Morazán de la Casa Presidencial, las cinco mesas de diálogo y de consenso para llevar a la práctica el Pacto por Honduras, un proyecto ratificado por diversos sectores de la sociedad consientes de la necesitad de transformación que requiere el país.
Teóricamente, Pacto por Honduras está relacionado con decisiones que girarán en torno a temas de seguridad, desarrollo social, crecimiento económico, lucha contra la corrupción, transparencia, rendición de cuentas y modernización del Estado.
El proyecto señala que en un máximo de 90 días el gobierno y la sociedad civil contarían con los acuerdos suficientes para darle forma al contenido de un documento que les permitiera avanzar en la resolución de los problemas. No obstante, la falta de voluntad de los funcionarios para abrir espacios reales de participación, no han permitido la generación de los convenios que se requieres, aun cuando ya se ha vencido el plazo.
Ver presentación de la agenda establecida por el gobierno para las mesas sectoriales.
Una copia al carbón
Sitio web Pacto por México |
Pacto por Honduras no es un concepto original, la idea y el nombre fueron copiados del proyecto, Pacto por México. Tampoco representa una aspiración nueva, y basta con mirar hacia atrás, para darse cuenta que en el pasado ya se intentaron esfuerzos similares, donde se gastaron enormes cantidades de recursos sin los resultados esperados.
Como ejemplos de estas iniciativas se pueden mencionar los proyectos “Poder Ciudadano”, iniciado en el gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales y el “Plan de Nación, visión de país 2010- 2038” que en su mandato apadrinó el nacionalista Porfirio Lobo Sosa. En las dos intenciones se gastaron recursos públicos que solo sirvieron para mantener en la palestra pública a los funcionarios involucrados.
Más atrás, los hondureños también nos encontramos con el Plan Nacional de Desarrollo, iniciado en 1974 por la Junta Militar de gobierno, comandada por el general, Oswaldo López Arellano.
Las antes mencionadas han sido iniciativas que una vez finalizado determinado el periodo de gobierno dejaron de ser prioridad para quienes sucedieron en el poder.
Poder Ciudadano, se trató de una estrategia para darle participación a la ciudadanía a través de la puesta en práctica de ordenamientos estatales con fuerte contenido social. Teóricamente planteaba equidad en la distribución de la riqueza, salarios justos y empoderamiento de la población a través de los ideales democráticos.
Lamentablemente el proyecto nació para morir repentinamente porque quienes lo impulsaron, no tenían ni la menor convicción ni la determinación política para impulsarlo. Mucho dinero se gastó en las asambleas de Poder Ciudadano, pero los funcionarios regresaron de las comunidades sin resultados favorables. Siempre se habló de participación ciudadana, pero jamás se organizó una tan sola comisión que respaldara el proyecto.
Como una copia del Poder Ciudadano, Lobo Sosa, también erogó recursos en los denominados Diálogos Regionales. A pesar que contaba su propuesta de Plan de País, elaborada por famosos técnicos que se reunieron en grandes hoteles para desarrollarla, al parecer el presidente no confiaba en el documento, siempre viajaba para pedirle explicaciones a la población sobre las necesidades que los aquejaban.
Y por medio del Plan Nacional de Desarrollo, el General Oswaldo López Arellano buscaba asegurar que la población llegara a obtener los ingresos adecuados para satisfacer sus necesidades vitales. Contempló distribuir 600 mil hectáreas de tierra entre 120 mil familias campesinas, organizadas en 1200 empresas productivas, por lo que la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos FENAGH, expresó su inconformidad.
Perseguía una reforma agraria impulsada por inversionistas nacionales en función de sus propios intereses, pero esa reforma, aunque promovía cierto desarrollo de la producción y de la productividad, fue incapaz de resolver los problemas fundamentales del campesinado. A largo plazo buscaba ampliar el mercado interno para beneficio de los agro-industriales, mientras que en la inmediatez pretendía contener la lucha campesina para evitar posibles rebeliones.
