Cada 4 de julio tenemos sentimientos encontrados por la deuda histórica que tiene los Estados Unidos de América (EUA) en Honduras, pero también, por las oportunidades económicas que les brinda a tantas familias que tienen a un miembro –o varios- en el país del norte.
Fue en nuestro país donde el escritor estadounidense William Sydney Porter, más conocido por su nombre de pluma como, O´ Henry, acuñó el término “República Bananera”. Para hacerles la historia corta, allá por 1910, O´Henry se escondía en Puerto Cortés como prófugo de la justicia norteamericana (siendo cajero había robado un banco en Austin, Texas) y beneficiándose que no había acuerdo de extradición con Honduras; llega a observar cómo las trasnacionales del banano corrompían y controlaban a los políticos del momento (Miguel Dávila y Manuel Bonilla), llevándolos a librar guerras civiles para lograr concesiones y beneficios fiscales en la exportación del monocultivo.
Más de cien años han pasado desde que se acuñó ese término considerado despectivo, los políticos hondureños siguen siendo altamente vulnerable a la corrupción y la captura por agentes económicos, igualmente promovida por el comercio transfronterizo que va para el Norte, incluyendo el del tipo ilícito, como el narcotráfico. Por eso, tampoco debe extrañar que se utilice un término despectivo más contemporáneo como “Narco-Estado”.
Aunque muchos desearían creer, los Estados Unidos de América (EUA) no es país monolítico, su concepción republicana basada en libertades individuales –inicialmente solo para hombres blancos letrados protestantes-, hace que la nación sea sumamente plural y fragmentado, al grado que existen fuertes tensiones dentro de su territorio y población que se reflejan en los liderazgos y políticas que se implementan. Un lugar donde confluyen todos estos ingredientes es el Congreso de la nación. A lo largo de las décadas las bancadas legislativas han acordado puntos de encuentro que permiten que el modelo bipartidista y bicameral puede producir resultados para el desarrollo del país. No ha sido fácil y ha tenido retrocesos, los períodos de Barack Obama y el mismo Donald Trump, lo han demostrado.
Pero el pasado 27 de mayo de 2020, el Servicio de Investigación del Congreso (Congressional Research Service, CRS) –uno de estos espacios de trabajo bipartidista- publicó el reporte “Contrarrestando la corrupción a través de Asistencia Extranjera de los EU” (Countering Corruption Through U.S. Foreign Assistance). Este informe tiene el potencial de convertirse en la punta de lanza del nuevo enfoque anti-corrupción requerido para que la cooperación para el desarrollo estadounidense tenga éxito efectivo y sostenible en Honduras.
Tal como la democracia en todo el mundo está pasando por una crisis existencial, también la lucha contra la corrupción. Muchos académicos y expertos están inquietos y frustrados por los resultados que se ha obtenido a lo largo de los últimos 20 años –a pesar de tantas convenciones internacionales, leyes nacionales e instituciones anticorrupción. Esto está impulsando un movimiento revisionista en materia de lucha contra la corrupción que en lo personal me tiene muy entusiasmado.
Unas de las razones de los pobres resultados es el hecho que el mundo de la cooperación internacional no quiere reconocer –política y programáticamente- que para reducir la corrupción efectivamente, no solo hay focalizar esfuerzos en los aspectos de Estado de Derecho (justicia independiente), fortalecimiento institucional (capacidad instalada) o participación ciudadana (derechos civiles y políticos, sociedad civil), sino, sobre todo, en los actores que concentran el poder y la riqueza en un país. Es decir, en los liderazgos políticos y élites dominantes (económicas, religiosas, militares) que se benefician del estatus quo para extraer riqueza y privilegios. Pues esta es la raíz de la corrupción endémica del país.
Otro factor que está muy latente en el caso hondureño es cuando las medidas anticorrupción promovidas por la cooperación estadounidense, entran en conflicto con otras políticas más prioritarias de otras ramas del gobierno federal, lo cual produce discontinuidad en el impacto anti-corrupción y mucha frustración en la población. Ejemplo claro de esto fue la aceptación de la terminación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) por la Administración de Trump en enero de este año, a cambio de suscribirse a la política anti-migratoria por parte del presidente Juan Orlando Hernández. Al final se incumplió el principio del mundo de la cooperación, de “No hacer daño” (do no harm).
En todo caso, para tener mayor efectividad de la asistencia estadounidense, el informe bi-partito del Congreso considera evaluar las siguientes estrategias:
| – Reconceptualizar el término de corrupción. si los resultados anti-corrupción han sido magros, es porque el problema no está bien definido. Y el problema está en cómo se accede al poder público y cómo se dispone de ese poder de manera impune para fines privados. |
| – Revisión de los indicadores. Contrarrestar la corrupción como un problema meramente técnico a ser abordado en un proyecto de unos cuantos años, queda corto. Para ser más efectivo se requiere retar a los gobiernos –nacionales y locales- en los puntos “políticos” de la corrupción (financiamiento político, contratación pública, servicio civil, control y regulación). |
| – No existe una medida anti-corrupción “universal”. Muchas veces se pretende extrapolar “buenas prácticas”, sin tomar en cuenta las “malas prácticas” prevaleciente en el país y tratar de mitigarlas como parte de la asistencia. |
| – Focalizar en sectores con altos riesgos de corrupción. El focalizarse en la corrupción en un sector en particular, por ejemplo, salud o seguridad, permite atender el problema de manera sistémica y descentralizada. |
| – Integralidad de la política exterior. Las medidas anti-corrupción que se traten de impulsar, deben estar asimiladas por todas las facetas de la política exterior estadounidense, a través de las vías diplomáticas, económicas y de seguridad. Obviamente hay que mantener las buenas relaciones y continuar con los negocios, evitando contrarreformas (push-backs), como los pactos de impunidad. Sin embargo, lo que se busca es sostenibilidad de largo plazo. |
Con todo lo que expongo anteriormente, no quiero que me mal interpreten. Queda en los actores nacionales reducir la corrupción de un país. Las más recientes historias de éxito como Singapur, Corea del Sur e incluso, Costa Rica, comparten un denominador común: las élites se pusieron de acuerdo en cumplir y hacer cumplir la ley de manera imparcial e universal. En otras palabras, acordaron ser sociedades más incluyentes. Lo que no solo les ha producido menos corrupción, sino más estabilidad política y desarrollo económico.
Por el momento, veremos qué pasa después de las elecciones presidenciales de noviembre en los EUA. En conmemoración de la Independencia de los EUA, que inspiró a próceres latinoamericanos como Bolívar y Morazan, los dejo con unos de los más grandes estudiosos de la democracia estadounidense, Alexis de Tocqueville:
“Lo más importante para la democracia es que no existan grandes fortunas en manos de pocos.”
