Honduras se dispone celebrar elecciones generales el 24 de noviembre de este año.
Con ello ha surgido de nuevo el fantasma del financiamiento de las campañas políticas, caracterizadas por la falta de transparencia y la rendición de cuentas.
Líderes de la sociedad hondureña han señalado que los últimos dos procesos electorales habrían sido financiados por el narcotráfico y el crimen organizado, lo que las autoridades se resisten a admitir y, lo peor de todo, a investigar.
Además, movimientos partidistas que participaron en noviembre del año pasado en la consulta interna y primaria han señalado que ese proceso estuvo plagado de fraude.
La fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral y demás instituciones contraloras conocieron la situación, pero no hicieron nada para castigar los delitos denunciados.
El Congreso tampoco ha demostrado voluntad para aprobar reformas legislativas que permitan la transparencia en las elecciones nacionales.
La corrupción estatal y la penetración del crimen organizado en las campañas políticas son elementos que atentan contra la institucionalidad del país, situación que comienza a calar en la sociedad civil organizada.
En tal sentido, el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) se dispone a monitorear las actividades previas a los comicios generales.
El CEDOH realizó el 12 de marzo el primer foro de reflexión sobre el tema.
CARRERA LOCA
Adán Palacios |
El ex presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Adán Palacios, sostuvo en el foro que la debilidad institucional y la falta de decencia de la clase política hondureña han permitido la penetración del crimen organizado en los procesos eleccionarios.
Para él, los partidos políticos no deberían tener injerencia en el TSE.
Indicó que en su “carrera loca” los políticos buscan más el financiamiento que a los votos de los ciudadanos y que los partidos se han convertido en escenarios favorables para que los delincuentes puedan blanquear sus operaciones ilegales.
En tal sentido, mencionó el contexto en que se desarrollaron las elecciones internas y primarias.
“El TSE no funcionó cuando el crimen organizado regaló dinero para comprar votos”, aseguró Palacios.
Denunció que en el departamento Olancho, los narcotraficantes proporcionaron teléfonos celulares para que los electores fotografiaran el voto que depositaron y, de esa manera, cobrar después los 500 lempiras que les ofrecieron pagar.
CONFABULACIÓN
Según Arístides Mejía, ex magistrado del TSE, las instituciones del Estado se han confabulado en favor de la corrupción.
Arístides Mejía |
“Ese es un problema que se encuentra lejos de solucionar”, subrayó.
Señaló que el Congreso y la alcaldía de Tegucigalpa invirtieron millonarias cantidades de recursos públicos en la campaña mediática y que pese a que hubo acusaciones de uno y otro lado, el TSE no actuó.
En la campaña de 2012, el aspirante presidencial del oficialista Partido Nacional, Miguel Pastor, denunció al actual alcalde y correligionario Ricardo Alvarez por traer gasolina de El Salvador para venderla a mejor precio a Honduras.
El caso se conoció popularmente como “El Gasolinazo” y fue tema de campaña, pero las autoridades no hicieron nada para investigarlo, tras aducir la falta de pruebas.
De igual manera, recordó esas mismas acusaciones de gasolinazo hechas por Pastor contra Alvarez en campañas anteriores.
Según Mejía, el dinero público utilizado en las actividades proselitistas sobrepasa al que podrían aportar las organizaciones ilícitas. Por tal razón, propuso disminuir la duración de seis meses de las campañas, que se dan de mayo a noviembre.
IMPUNIDAD
Eugenio Sosa |
El sociólogo y catedrático universitario Eugenio Sosa sostuvo que la corrupción seguirá imparable mientras el Estado mantenga una política de impunidad.
“Lo que tenemos es una expansión alarmante de la impunidad porque las autoridades no hacen nada para investigar las denuncias”, afirmó.
Sosa dijo que esta situación vulnera la ciudadanía y aumenta la desconfianza en la institucionalidad y la sociedad.
