A raíz de las fuertes presiones de distintos sectores de la sociedad civil, el Congreso Nacional dejó en suspenso momentáneo la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, aprobada por ese poder del Estado la noche del jueves 16 de enero. Sin embargo, Transparencia Internacional (TI), organismo que lucha contra la corrupción a nivel global, ha solicitado desechar en forma definitiva la polémica legislación.
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Transparencia Internacional asegura que tal como está planteada esta Ley solo favorece que los corruptos actúen con impunidad. Nadie ignora que Honduras ocupa la peor posición en términos de transparencia de la región, pero la clase política del país sigue demostrando falta de voluntad para mejorar la situación.
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Alejandro Salas, Director para |
“Parece que el mensaje no le llegó suficientemente fuerte y claro a los líderes políticos de Honduras. Los resultados del último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International muestran que en Centroamérica se observa una preocupante tendencia a la baja. Honduras no es excepción, ocupa la peor posición entre los países de esa región. Medidas como esta ley que están tratando de impulsar los congresistas que van de salida de la presente legislatura no ayudan más que a unos pocos que probablemente tienen algo que esconder”, declaró Alejandro Salas, Director para las Américas de Transparency International.
Tal como está planteada la Ley de Secretos Oficiales permite que los secretarios de Estado y el presidente de la República puedan clasificar documentos públicos hasta con 25 años de veda para la población. Contempla clasificar la información pública como reservada cuando su publicación pone en riesgo la seguridad del Estado, las investigaciones de prevención, persecución de los delitos o de la impartición de justicia.
La información reservada estará oculta durante 5 años, la confidencial 10 años, la secreta 15 años y la súper secreta 25 años. Esta legislación despoja al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de la potestad de declarar en reserva o desclasificar información.
El decreto se suspendió luego que el secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo pidiera el nombramiento de una comisión para revisar el contenido de la Ley y hacer las correcciones correspondientes.
