“Deben perdonar el desorden. Nos mudamos hace un par de semanas pero está ubicación es solo temporal, al parecer nos quieren volver a trasladar a otro emplazamiento”, se disculpa uno de los inspectores de la Dirección nacional de investigación criminal (DNIC) que atiende a Revistazo en su nueva sede, en la Academia Nacional de Policía, situada en la aldea El Ocotal.
La situación en la que se encuentran los miembros de la DNIC es caótica y lamentable. Miles de expedientes se amontonan por el suelo. Cuerdas de color azul y verde amarran los casos para impedir que se pierdan los legajos que contienen en su interior. “Tenemos que tener a una persona siempre de guardia vigilando los archivos y los expedientes porque aquí puede entrar cualquier persona y llevárselos”, se lamenta el policía que prefiere guardar el anonimato ya que por orden del Ministro de Seguridad Arturo Corrales, los agentes tienen prohibido hablar con la prensa.
Las mesas en las que trabajan los investigadores se sostienen con ladrillos de hormigón. //Foto: Jorge C. |
Las mesas donde los ciudadanos deben poner sus denuncias están sostenidas por ladrillos de hormigón. Las computadoras están desconectadas y el silencio en la sala es sepulcral. “No podemos encender más de una computadora al mismo tiempo. Cuando llegamos aquí nos pusimos a trabajar en los expedientes y se quemaron tres ordenadores después de media hora porque la instalación eléctrica no está diseñada para tanto aparato eléctrico. No tenemos teléfonos para que los ciudadanos se puedan poner en contacto con nosotros. Hemos tenido los carros parados porque no había gasolina para llenar los depósitos y, en un par de ocasiones, los compañeros han tenido que poner dinero de su bolsa para llenar los tanques”, narra un oficial.
Además, en pleno s. XXI, en la era de la tecnología y lo digital, esta unidad debe seguir cotejando las huellas dactilares de manera manual. Una a una. Los agentes sonríen de manera irónica. “Incluso los de la serie de CSI tienen mejores aparatos que nosotros para luchar contra el crimen. No podemos hacer más que lo que hacemos…”, se justifica uno de ellos.
En el país más violento del mundo, con una media de 577 muertos al mes, según datos del Observatorio de la Violencia, la unidad encargada de esclarecer esos crímenes no puede investigar por su precariedad. “Eso no es lo más indignante. Emitieron una orden de captura a un compañero de la unidad, Raúl García, porque estaba entregando citaciones y se le acusó de abuso de autoridad”, recuerda el investigador.
Cientos de expedientes permanecen en el suelo y amarrados con cuerdas a la espera del trasladado definitivo de la DNIC. // Foto: Jorge C. |
Al fondo de la sala, cuelga una enorme pizarra de color blanco. Unas rayas verticales y horizontales separan los meses del año de las causas de las muertes. Ahí figuran 2,516 homicidios por arma de fuego en los seis primeros meses de 2013 y 346 por arma blanca, por ejemplo. “El Presidente Lobo mintió descaradamente al afirmar que hubo nueve días sin que se produjera ningún homicidio. Todos los días del año se han registrado homicidios”, sentencia el agente de la DNIC explicando a Revistazo todos y cada uno de los datos que recoge el tablón.
La media de muertes violentas en 2013 supera los 700 al mes y para investigarlos solo hay disponibles 40 agentes. “En enero 180 de nuestros compañeros fueron trasladados a hacer retenes con la policía preventiva. No han asignado personal para cubrir esas bajas”, comenta señalando directamente al Comisionado de la Policía Nacional Guillermo Arias. “Nunca le ha gustado la DNIC. Nos quitó a los compañeros para que seamos más débiles y así poder echarnos la culpa de la poca eficacia a la hora de resolver los crímenes. El objetivo es acabar con la unidad”, afirma tajante mientras sus compañeros afirman con la cabeza.
Con una media de 50 casos anuales por investigador, esta unidad está sobrecargada de trabajo y cada día tienen más complicado cumplir con sus funciones, esclarecer los homicidios que ocurren en Honduras. “Los políticos saben que si continuamos investigando muchos de ellos acabarán ‘salpicados’ por eso quieren sustituirnos por militares (TIGRES) y así poder colocar una dictadura encubierta. Si desaparece la DNIC nadie volverá a investigar los casos en los que nosotros estamos trabajando”, señalan con indignación.
La Unidad Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) es la alternativa que se baraja para sustituir esta unidad de investigación de homicidios. “Ellos son una fuerza de choque y no van a investigar y remitir a la fiscalía los casos”, recuerda uno de los inspectores.
La situación dentro de la unidad comienza a ser desmoralizante y los primeros roces entre los compañeros afloran. “Ha habido enfrentamientos entre nosotros. Nos quieren dividir… Hay compañeros que necesitan ayuda psicológica porque vienen desmotivados al trabajo”, afirma este inspector que lleva más de una década en la Policía Nacional y que se ha planteado abandonar y trabajar para empresas privadas. “Quieren trasladar a los oficiales a la Policía Preventiva y eso ‘mataría’ homicidios”, apunta uno de los investigadores.
“No tienen intención en que continúe la DNIC, no quieren que se investigue y por eso nos han intervenido y suspendido”, señala recordando que desde la Fiscalía no reciben ningún tipo de apoyo y todas las investigaciones que están llevando a cabo son nulas porque no pueden trabajar. “Trabajamos junto con la policía preventiva, que al final, son los que se acaban poniendo las medallas cuando los que resolvemos los casos somos nosotros”, comenta indignado.
La ciudadanía, la más perjudicada.
Mientras el equipo de Revistazo estuvo en las nuevas instalaciones de la DNIC, solo un ciudadano llegó a poner una denuncia. El resto de investigadores se reunían a hablar y a ver pasar las horas sin poder hacer su trabajo. “En estas tres semanas que llevamos en El Ocotal estamos recibiendo entre el 8% y el 10% de las denuncias que llegaban a nuestro edificio de la Colonia La Cañada”, recuerda uno de los agentes.
Un ciudadano que quiera interponer una denuncia deberá hacer un desembolso aproximado de 1,000 Lps, solo en transporte ya que esta nueva ubicación está prácticamente incomunicada y solo llegan taxis directos. “Primero tiene que venir a poner una denuncia aquí, luego se le envía al Ministerio Público, después a medicina forense y por último, tiene que volver aquí a que le tomemos declaración”, explican el proceso a Revistazo.
Y a todos esos inconvenientes hay que sumar que esta unidad carece de teléfono donde los ciudadanos se pueden poner directamente en contacto con los agentes que llevan sus casos. Es decir, que pueden acercarse hasta estas instalaciones y no encontrar al investigador que lleva su expediente. “Ahora mismo tengo que ir a entregar un informe a un ciudadano que vino la semana pasada a buscarme para hablar conmigo y como no estaba tuvo que regresar con las manos vacías. Es un señor mayor y vive cerca del Picacho. La ciudadanía está dejando de venir a denunciar porque no les merece la pena poner una denuncia”, se lamenta este veterano de la unidad desencantado con la situación por la que están atravesando.
En el antiguo edificio de la unidad han quedado departamentos como dactiloscopia o archivo criminal. Es decir, que cuando un agente necesita información debe trasladarse a sus antiguas oficinas para buscarlo. “Pero si no hay gasolina ni teléfono pues lo tenemos bastante complicado”, afirma uno irónicamente. “El Ministro Corrales toma la determinación de trasladarnos de un lugar a otro sin darnos un motivo. Al final los ciudadanos no saben dónde nos encontramos, no pueden localizarlos y se desmoralizan y deciden no denunciar…”, señala. ¿Es esta la táctica que quiere usar el gobierno para que baje el número de denuncias y maquillar los resultados de cara a las próximas elecciones del 24 de noviembre?
Los ordenadores de los agentes de la DNIC permanecen |
“Hay motivaciones políticas, claro… Se escudan en lo que llaman ‘depuración policial’ para tenernos como nos tienen. Nosotros hemos pasado las pruebas pero no nos quieren dar los resultados, y sin resultados no podemos trabajar porque estamos suspendidos. Y si estamos con las ‘manos atadas’ no se investigan y los índices de impunidad crecen…”, señala uno de los tres investigadores que hablaron con Revistazo. “Nos deberían dar los resultados de inmediato, expulsar a los corruptos y dejarnos hacer nuestro trabajo. Lo que no tiene sentido es que nos estén trasladando de un lugar a otro y que nos alejen de la ciudadanía”, finaliza el más joven de los tres.
Mientras los miembros de la DNIC continúan suspendidos y mordiéndose las uñas en su nueva ubicación, donde ni siquiera pueden encender sus ordenadores, el número de homicidios crece cada día. Es la impotencia de los que tienen que luchar contra el crimen.
