Tenía 45 años y era un músico espectacular, de personalidad extrovertida y muy servicial. Su especialidad era el trombón y por muchos años laboró en la Banda de los Supremos Poderes y la Orquesta Sinfónica Nacional. Hablamos de Juan Pablo Medina, un artista nacional, que por ignorancia, las autoridades vincularon con una banda criminal, minutos después de haber sido encontrado muerto.
Juan Pablo fue encontrado muerto el 9 de abril de 2011 en un sector del Barrio Cipile de Comayagüela y los agentes que custodiaban la escena del crimen dijeron a los medios de comunicación que se trataba de un pandillero.
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“Hallan ultimado a supuesto marero”, tituló diario La Prensa, el 10 de abril de 2011. “Y para mí, él es el músico hondureño más talentoso que he conocido”, expresó Jorge Santos, quién fue compañero de Medina durante 15 años en la Orquesta Sinfónica Nacional y otras agrupaciones, como, Smart Band y el quinteto Honduras Brass.
Igual, a que en quién sabe cuántos casos más, en un país donde la capacidad de investigar el crimen ha sido severamente debilitada, resulta más fácil echarle la culpa a la víctima. En el caso de Medina, la policía basó sus declaraciones erróneas en el simple hecho de que su cuerpo presentaba tres seises tatuados en su brazo. Sin embargo, para Medina, solo era el símbolo de su fe religiosa, era seguidor de la secta Creciendo en Gracia y no de una organización criminal.
“Lo conocí cuando estudiaba en el Conservatorio de la Música, él ya trabajaba en la Banda de los Supremos Poderes, era bien disciplinado, estudioso y muy respetado en el gremio musical. También trabajó varios años el departamento de arte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras impartiendo la clase de armonía y lenguaje de la música”, explicó Santos.
Para él, es lamentable que la policía denigre a las víctimas de la violencia vertiendo opiniones sin hacer la respectiva investigación criminal.
Juan Pablo nació en Tegucigalpa en 1966 y era el cuarto de siete hermanos. Era hijo de Juan Pablo Medina y Justa Sevilla. Su primaria la realizó en la escuela Francisco Morazán y la secundaria en el Centro de Investigación e Innovación Educativa, de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán (UPN), donde se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras.
Con su música deleitó a diversos sectores de la sociedad. |
En el cementerio general descansan los restos de Juan Pablo Medina. |
Juan Pablo fue asesinado en momentos en que cursaba las últimas materias de la carrera de Arte de la UPN y su muerte quedó impune, como queda cerca del 98% de los crímenes en Honduras, país considerado como el más violento del mundo.
A Juan Pablo le sobreviven su esposa y dos hijos. Sus restos fueron sepultados en el cementerio general de Tegucigalpa y hasta el dos de noviembre pasado, día conmemorativo de los difuntos, su tumba estuvo abandonada. Como tributo, un grupo de músicos capitalinos arreglaron el sepulcro y colocaron una placa memorable.
Criminalización del tatuaje
En agosto de 2003 el Congreso Nacional reformó el artículo 332 del Código Procesal Penal a través de un Decreto al que llamaron Ley Antimaras. Se criminalizó la portación de tatuajes sin que los agentes aprendieran a interpretarlos. No obstante, se acostumbraron a que los medios de comunicación repitieran lo que ellos dicen.
A partir de la reforma, el dolor y lágrimas de los dolientes se combinan con la irresponsabilidad policial, y es común que en la escena del crimen, donde aún no se han levantado los cuerpos, aparezca alguien asegurando que la víctima era miembro de una pandilla o que se dedicaba a la venta de drogas.
De esa manera las autoridades y los medios de comunicación dañaron la memoria de este hondureño que en vida aportó mucho a la cultura del país. Sin embargo, para quienes lo conocieron, Juan Pablo sigue siendo grande.
“En memoria del gran trombonista Pablo Medina asesinado a sangre fría gracias a la inseguridad que domina en Honduras”, dice la presentación del video “Adagio para Pablo”, insertado por Fernando Rodríguez en el sitio web de You Tube.
VIDEO: “Adagio para Pablo”
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Últimamente los medios de comunicación sustituyeron el término de marero o pandillero con el de crimen organizado. Sin embargo, la policía sigue considerando delito, la portación de tatuajes y es por eso que siempre que hay detenciones, de jóvenes sobre todo, son obligados a quitarse la camisa.
A inicios de primera década de este milenio era común encontrar a jóvenes pandilleros o no exhibiendo tatuajes, pero la Ley Antimaras los estigmatizó y era el propio Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, quien entre 2004 y 2006 encabezó los operativos para arrestar a quien portara uno. Muchos pandilleros emigraron por algún tiempo y en fechas posteriores determinaron que quienes forman parte de sus organizaciones deben evitar tatuarse lugares visibles, como el rostro y brazos.
Falta de investigación crea impunidad
De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, este país centroamericano cerró el 2013 con una tasa de 79.7 homicidios por cada cien mil habitantes. No obstante, el Ministerio de Seguridad trata de ocultar el número de crímenes falseando cifras y se niega a permitir la validación de la información, según ha denunciado la rectora universitaria, Julieta Castellanos.
Los últimos cinco años Honduras ha sido víctima de altos índices de criminalidad fortalecidos por un enorme grado de impunidad que es alimentado por un debilitamiento sistemático de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), la incapacidad del Ministerio Público y la falta de compromiso del Poder judicial.
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Para darse cuenta de la falta de voluntad que tiene el gobierno en el combate de la impunidad, basta conocer la caótica situación en que se encuentran los agentes de la DNIC, quienes en sus oficinas mantienen miles de expedientes amontonados en el suelo y amarrados con cabuyas de color azul y verde, así evitan que documentos importantes para la investigación de crímenes se pierdan. Es decir, no existe ni la mínima seguridad de los archivos.
La situación ha provocado que en Honduras cerca del 98% de los crímenes queden en la impunidad porque solo dos de cada 10 casos llegan a una sentencia condenatoria. Es decir, una persona que mata en Honduras tiene el 98 por ciento de posibilidad de no ser arrestado porque el sistema de seguridad y de justicia es débil.
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Según la procuradora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Niza Medina, cada 14 horas transcurridas en Honduras una mujer muere asesinada y lamentó que falta de respuestas de parte del Estado, en los últimos cinco años haya permitido que 2,036 asesinatos de mujeres, en su mayoría adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años estén impunes.
