La falta de políticas para el combate de la trata de personas estaría poniendo en riesgo la cooperación bilateral con el gobierno de los Estados Unidos y la multilateral con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), manifestó la semana pasada la Embajadora de los Estados Unidos, Lisa Kubiske, en un evento conmemorando el Mes Nacional de la Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas.
Kubiske dijo que Honduras fue incluido por segunda vez en la lista de vigilancia nivel 2 del informe anual contra la trata de personas, elaborado por el Departamento de Estado.
Las autoridades hondureñas limitaron su quehacer en la aprobación de Ley contra la Trata de Personas, pero queda pendiente el trabajo investigativo y judicialización de los delitos.
Para la embajadora estadounidense, un país que permanece en la lista de vigilancia en el nivel 2 por dos años consecutivos es sujeto a restricciones en la asistencia bilateral que provee Estados Unidos, “así como la asistencia multilateral del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional”, expresó.
Ella es del criterio que el gobierno hondureño debe enfocar esfuerzos en la identificación de las víctimas como primer paso para la erradicación de la trata de personas.
En los últimos años Honduras tuvo avances importantes en la aprobación de leyes y en la ratificación de tratados internacionales. No obstante, son mínimos los esfuerzos que hacen los operadores de justicia para evitar el problema.
Negocio redondo
El Coordinador de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN), Wilmer Vásquez, ha calificado la trata de personas como un negocio redondo, donde tienen mucho que ver los políticos de turno, que permiten la filtración del crimen organizado en las instituciones públicas.
“Estudiosos de la materia han llegado a catalogar el fenómeno de la trata, la explotación sexual comercial y la utilización de los niños, niñas y adolescentes en la pornografía como uno de los negocios más grandes que circulan en la región”, indicó Wilmer Vásquez, al lamentar que el problema sigue creciendo y que las autoridades no hacen lo necesario para combatir el delito.
Datos de organismos defensores de los derechos humanos señalan que un promedio de 12 hondureños por hora salen del país con rumbo a Estados Unidos, de estos un alto porcentaje paga entre cinco y diez mil dólares para ser trasladado ilegalmente, pero en la ruta sufren diversidad abusos, como secuestros y explotación laboral y sexual, entre otros.
“Creemos que el crimen organizado logra tener control de los operadores de justicia y eso lo podemos ver en todos los estratos y en todo eso, tienen mucho que ver los políticos de turno que mantienen secuestradas las instituciones del Estado”, sostuvo el director de COIPRODEN, tras agregar que el tráfico de personas también da al interior del país.
Modalidad de servidumbre
El Proyecto Rescate, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), conoció recientemente el caso de una niña de 12 años, que fue traída de su pueblo, para hacer trabajos domésticos en la casa de una familia residente en la capitalina colonia, Ciudad Guzmán. La menor fue víctima de todo tipo vejámenes, que van desde un simple regaño hasta el acoso sexual de parte de su patrón.
La menor trabajó con esta familia durante 6 meses, tiempo en el cual tuvo soportar malos tratos de parte de su patrona y el manoseo de su patrón. A la niña tampoco le pagaron el salario que había devengado.
“La señora fue acusada de trata de personas en su modalidad de servidumbre, y al señor, el Juzgado le dictó auto de prisión, con medidas sustitutivas porque también fue acusado de actos de lujuria en perjuicio de la niña”, explicó, el abogado que llevó el caso.
El acompañamiento del proyecto Rescate fue vital para la judicialización de este caso, pero ¿Cuántas víctimas de la violencia en Honduras llegar a tener esta oportunidad?
Rescate además del acompañamiento legal también le brinda atención psicológica a esta menor.
