{"id":1075,"date":"2016-01-23T02:08:56","date_gmt":"2016-01-23T02:08:56","guid":{"rendered":"http:\/\/revistazo.com\/content\/?p=1075"},"modified":"2016-01-22T23:21:10","modified_gmt":"2016-01-22T23:21:10","slug":"lecciones-para-la-maccih-y-la-alianza-para-la-prosperidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistazo.com\/content\/lecciones-para-la-maccih-y-la-alianza-para-la-prosperidad\/","title":{"rendered":"Lecciones para la MACCIH y la Alianza para la Prosperidad"},"content":{"rendered":"

El fortalecimiento de la justicia requiere m\u00e1s que s\u00f3lo reformas judiciales. <\/strong><\/h3>\n

Esfuerzos para fortalecer las instituciones judiciales en Centroam\u00e9rica no han faltado. Solamente en la reforma judicial, se ha invertido cientos de millones de d\u00f3lares en las \u00faltimas d\u00e9cadas. Y aunque las iniciativas financiadas han tenido ciertos efectos tangibles -por ejemplo, la creaci\u00f3n de nuevas leyes y cortes- la confianza ciudadana en el poder judicial en los pa\u00edses del Tri\u00e1ngulo Norte ha bajado.<\/strong><\/p>\n

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Por: <\/strong>@Mirte Postema<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/em><\/span><\/p>\n

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Todo indica que en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, viene otra gran inversi\u00f3n para, entre otras cosas, fortalecer la gobernabilidad, la justicia y el Estado de derecho en el Tri\u00e1ngulo Norte: la Alianza para la Prosperidad. \u00bfResultar\u00e1 esta vez? Esto depender\u00e1 de muchas variables. De la disposici\u00f3n de los respectivos gobiernos para implementar reformas y de la presi\u00f3n ciudadana para hacer que as\u00ed sea (y las manifestaciones ciudadanas en Guatemala y Honduras ciertamente sugieren que la vigilancia ciudadana seguir\u00e1), pero, por supuesto, tambi\u00e9n de las reformas propuestas.<\/p>\n

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En d\u00e9cadas pasadas, las reformas judiciales se enfocaron en crear infraestructura y nuevas leyes (Hammergren, Envisioning Reform, 2007), esperando que esas mejoras resultar\u00edan en el fortalecimiento de la judicatura. Sin embargo, su impacto ha sido limitado. La causa puede ser, como sugiri\u00f3 Thomas Carrothers en el 1999 (Aiding Democracy Abroad), que quienes implementaron esas reformas no sol\u00edan preguntarse por qu\u00e9 la judicatura era tan d\u00e9bil y cu\u00e1les intereses se beneficiaban de esa situaci\u00f3n. No hacerse esas preguntas hizo que los problemas de fondo permanecieran.<\/p>\n

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Lo ocurrido en los procesos de selecci\u00f3n judicial en Guatemala en el 2014 \u2013monitoreados activamente por DPLF\u2013 demuestra eso. En la \u00faltima d\u00e9cada, Guatemala ha adoptado una normativa detallada (que es mucho m\u00e1s avanzada que en otros pa\u00edses de la regi\u00f3n), con normas que deber\u00edan garantizar la transparencia y la selecci\u00f3n con base en m\u00e9ritos por un grupo de expertos.<\/p>\n

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Sin embargo, a pesar de esa normativa desarrollada, los procesos de selecci\u00f3n de la Fiscal General, la Corte Suprema y todos las y los jueces de la Corte de Apelaciones del pa\u00eds fueron caracterizados por su manipulaci\u00f3n por intereses especiales. Por ejemplo, los instrumentos de calificaci\u00f3n de postulantes favorecieron la antig\u00fcedad en lugar de la calidad profesional, los m\u00e9ritos de las y los candidatos no fueron evaluados, y las tachas no fueron consideradas debidamente. A pesar de esas obvias violaciones, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca aval\u00f3 esos procesos de selecci\u00f3n.<\/p>\n

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\u00bfCu\u00e1l es la lecci\u00f3n para la Alianza para la Prosperidad, y para otros esfuerzos de reforma (judicial)? Que \u2018s\u00f3lo\u2019 emprender reformas judiciales no es suficiente para cambiar la realidad y fortalecer la judicatura y el Estado de derecho. En otras palabras, si no se abordan las razones de fondo de la debilidad del poder judicial -su dependencia de poderes pol\u00edticos y crimen organizado- los cientos de millones de d\u00f3lares presupuestados no tendr\u00e1n mayor impacto.<\/p>\n

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Sin embargo, Guatemala da una buena pauta sobre c\u00f3mo es posible enfrentar esos problemas estructurales: con una entidad como la Comisi\u00f3n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente h\u00edbrido (compuesto por funcionarios nacionales e internacionales) cuya tarea es investigar y desarticular la criminalidad organizada que amenaza al Estado.<\/p>\n

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Aunque esa entidad ha conocido luces y sombras a trav\u00e9s de sus ocho a\u00f1os de operaci\u00f3n, recientemente ha mostrado resultados impresionantes. Indudablemente, su contribuci\u00f3n m\u00e1s relevante ha sido en la investigaci\u00f3n de casos. En a\u00f1os recientes, la CICIG ha destapado la existencia de redes de criminalidad organizada en que participaron criminales notorios, as\u00ed como altos funcionarios del Estado \u2013incluyendo al Presidente, la Vice Presidenta, y anteriores presidentes del Banco de Guatemala. Estos casos tambi\u00e9n hicieron ver la influencia de esas redes sobre el poder judicial: la CICIG descubri\u00f3 c\u00f3mo una jueza benefici\u00f3 a varios sindicados con arresto domiciliario sin vigilancia, a cambio de recibir sobornos.<\/p>\n

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El resultado de esas investigaciones es que el entonces Presidente, Otto P\u00e9rez Molina, y su Vice Presidenta, Roxana Baldetti, tuvieron que renunciar a sus puestos y est\u00e1n detenidos ahora. Esas ocurrencias despertaron manifestaciones de un tama\u00f1o no visto en d\u00e9cadas. Aunque este caso no ha ido a juicio todav\u00eda, se puede afirmar que ya ha tenido un impacto sin precedentes.<\/p>\n

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Incluso, quiz\u00e1s puede ser el fin de la impunidad de m\u00e1s poderes antes considerados intocables: en enero de 2016, el Ministerio P\u00fablico hizo detener e imputar a 18 militares retirados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Es dif\u00edcil imaginarse que eso habr\u00eda sido posible sin el trabajo de la CICIG en el 2014 y 2015.<\/p>\n

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Se puede concluir que el desmantelamiento de las redes criminales que cooptan el Estado es fundamental, y que debe constituir el primer paso para el fortalecimiento del poder judicial y la consiguiente consolidaci\u00f3n del Estado de derecho. El \u00e9xito de la CICIG sugiere que la creaci\u00f3n de tales iniciativas debe ser contemplada por pa\u00edses que enfrentan desaf\u00edos similares.<\/p>\n

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En El Salvador, el gobierno ha rechazado las repetidas peticiones de crear una entidad similar a la CICIG. Pero en Honduras, la Misi\u00f3n de Acompa\u00f1amiento Contra la Corrupci\u00f3n e Impunidad en Honduras (MACCIH), otro mecanismo h\u00edbrido compuesto de expertos nacionales e internacionales, iniciar\u00e1 sus labores pronto. Recibir\u00e1 denuncias, investigar\u00e1 casos de corrupci\u00f3n y junto con la sociedad civil, monitorear\u00e1 la justicia hondure\u00f1a. El \u00e9xito de ese mecanismo depender\u00e1, en gran medida, de la capacidad t\u00e9cnica del equipo y de la habilidad de su liderazgo de crear puentes, adem\u00e1s del apoyo ciudadano que lograr\u00e1 generar, as\u00ed como de la pol\u00edtica nacional e internacional.<\/p>\n

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Es importante notar que la creaci\u00f3n de tales mecanismos no es una panacea; el mismo comisionado Iv\u00e1n Vel\u00e1squez ha afirmado que el camino para combatir la impunidad es mucho m\u00e1s largo, y que requiere voluntad pol\u00edtica y la creaci\u00f3n de capacidades significativas. Sin embargo, contrastando los resultados de la lucha contra la impunidad en Guatemala en los \u00faltimos dos a\u00f1os, con los de las \u00faltimas dos d\u00e9cadas de reformas, es innegable que el trabajo de la CICIG ha tenido un impacto mayor.<\/p>\n

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Para que la Alianza para la Prosperidad tenga el impacto deseado en el Tri\u00e1ngulo Norte, debe trabajar en las razones de fondo de la debilidad de la justicia: en su cooptaci\u00f3n por poderes paralelos (con conexi\u00f3n a la pol\u00edtica y al crimen organizado). Es fundamental que la CICIG contin\u00fae sus labores, que la MACCIH empiece a trabajar de manera independiente y seria, y que El Salvador contemple seriamente la creaci\u00f3n de un mecanismo similar a la CICIG. Caso contrario, la Alianza para la Prosperidad no ser\u00e1 m\u00e1s una \u2018terapia ocupacional\u2019 muy costosa.<\/p>\n

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Por: Mirte Postema<\/strong><\/span><\/h5>\n
Mirte Postema encabez\u00f3 el Programa de independencia judicial de DPLF<\/span><\/a> entre el 2009 y el 2015. Actualmente, es Fellow para derechos humanos y reforma de la pol\u00edtica criminal y carcelaria en las Am\u00e9ricas en el Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford<\/strong><\/span><\/h5>\n\n\n\n
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Lecciones para los pa\u00edses del Tri\u00e1ngulo Norte @MirtePostema<\/a> en #BlogDPLF<\/a> #MACCIH<\/a> #CICIG<\/a> https:\/\/t.co\/Fi2lM4Ku6f<\/a> pic.twitter.com\/228nf6Y9Uz<\/a><\/p>\n

\u2014 DPLF (@DPLF_info) enero 22, 2016<\/a><\/p><\/blockquote>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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