![\"La](\"http:\/\/revistazo.com\/content\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/lesterbio_enfoque.jpg\")
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Seis meses es poco tiempo para pedir resultados tangibles a la MACCIH en materia de \u201capoyo\u201d<\/strong> al combate a la corrupci\u00f3n e impunidad. Sin embargo, hay un indicador de desempe\u00f1o que incidir\u00e1 en los resultados que tendr\u00e1 la Misi\u00f3n en el medio y largo plazo; se trata de la capacidad de la MACCIH en motivar reformas anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n Siguiendo la l\u00ednea CICIG \u2013aunque no les guste a algunos-, la experiencia nos muestra, que primero hay que hacer las reformas legales para poder ir contra los corruptos; y para esto, indudablemente se tiene que trabajar con el Legislativo. En cierta medida el Primer Informe de la MACCIH muestra esa estrategia, pues la gran mayor\u00eda de las interacciones, las tuvo con el Congreso Nacional.<\/p>\n <\/p>\n En fin, en estos primeros meses de mandato, la MACCIH ha tenido que navegar las aguas turbias de la pol\u00edtica hondure\u00f1a, y no le ha ido muy bien que digamos. Tres son los momentos que se me vienen a la mente, casos bien documentados medi\u00e1ticamente y que tambi\u00e9n aparecen en el Primer Informe Semestral.<\/p>\n <\/p>\n El 20 de julio pasado, el Congreso, reform\u00f3 la legislaci\u00f3n que crea jueces con jurisdicci\u00f3n nacional para incluir a los juzgados especializados anticorrupci\u00f3n y antiextorsi\u00f3n. La MACCIH tuvo un trabajo protag\u00f3nico a trav\u00e9s del asesoramiento al Poder Judicial (PJ) de la iniciativa de ley, pero el Congreso al final, le trastoc\u00f3 el esp\u00edritu y el alcance de la reforma.<\/p>\n <\/p>\n Tal como qued\u00f3 la reforma, los juzgados especializados conocer\u00e1n casos de 3 o m\u00e1s servidores p\u00fablicos, mientras que los tribunales tradicionales conocer\u00e1n aquellos que involucran dos o menos imputados que actualmente comprenden el 75% de los casos judicializados<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/span>. Para rematar, el Congreso dej\u00f3 por fuera la facultad de los jueces anticorrupci\u00f3n de aplicar medidas de privaci\u00f3n de dominio (decomiso de bienes a los corruptos) y no conocer\u00e1n todo el cat\u00e1logo de delitos de corrupci\u00f3n; como, por ejemplo, la malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos. No se debe olvidar tambi\u00e9n, que los altos funcionarios como ministros y diputados, ya tienen su propio \u201cjuzgado especializado\u201d, a trav\u00e9s de los jueces naturales nombrados por la Corte Suprema de Justicia.<\/p>\n <\/p>\n Esto implica que los juzgados anticorrupci\u00f3n tampoco conocer\u00e1n casos que involucren altos funcionarios que suelen ser de gran corrupci\u00f3n (por ejemplo, casos como el IHSS), aunque haya tres o m\u00e1s involucrados. Para rematar los juzgados especializados antiextorsi\u00f3n, tambi\u00e9n solo van a ver casos de 3 o m\u00e1s imputados. En fin, en vez de fortalecer capacidades e independencia judicial a trav\u00e9s de juzgados especializados; as\u00ed como, contribuir a reducir la mora de los tribunales, el Congreso decidi\u00f3 por dos jurisdicciones paralelas.<\/p>\n <\/p>\n Esta Ley fue aprobada el 20 de octubre por el Legislativo, pero peculiarmente a diciembre de 2016 a\u00fan no ha sido enviada al Ejecutivo, y menos publicada en La Gaceta.<\/p>\n <\/p>\n1.-<\/strong> Reforma por Adici\u00f3n a la Ley Especial de \u00d3rganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. <\/strong><\/span><\/h4>\n
2.-<\/strong> Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalizaci\u00f3n de Partidos Pol\u00edticos o \u201cLey de Pol\u00edtica Limpia\u201d. <\/strong><\/span><\/h4>\n