{"id":291,"date":"2012-10-03T20:58:20","date_gmt":"2012-10-03T20:58:20","guid":{"rendered":"http:\/\/revistazo.com\/content\/?p=291"},"modified":"2020-12-06T03:27:01","modified_gmt":"2020-12-06T03:27:01","slug":"empresarios-conspiraron-para-derrocar-a-zelaya-en-honduras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistazo.com\/content\/empresarios-conspiraron-para-derrocar-a-zelaya-en-honduras\/","title":{"rendered":"Empresarios conspiraron para derrocar a Zelaya en Honduras"},"content":{"rendered":"<p>El golpe de Estado de junio de 2009 se produjo en Honduras por la conspiraci\u00f3n de Estados Unidos con un grupo empresarial que se sinti\u00f3 amenazado por la vinculaci\u00f3n del mandatario venezolano Hugo Ch\u00e1vez con el ex presidente depuesto Manuel Zelaya, seg\u00fan el informe hecho p\u00fablico el 3 de octubre por la denominada Comisi\u00f3n de Verdad (CdV).<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>No identific\u00f3 sin embargo a esos grupos privados. Solo se\u00f1al\u00f3 que sus l\u00edderes son comerciantes, industriales y el&nbsp; servicio financiero.<\/p>\n<p>\u201cAs\u00ed, despu\u00e9s de tres d\u00e9cadas de incipiente democracia y una conducta pol\u00edtica&nbsp; autoritaria que se pensaba superada, el golpe de Estado dej\u00f3 al descubierto los desmesurados&nbsp; intereses empresariales\u201d, relat\u00f3 el documento.<\/p>\n<p>La Comisi\u00f3n dijo que \u201clos efectos del golpe de Estado a\u00fan contin\u00faan y que tanto antes como despu\u00e9s de las elecciones realizadas en octubre de 2009, ambos gobiernos (el de facto de Roberto Micheletti y del actual presidente Porfirio Lobo) utilizaron y utilizan el terror como un recurso de control social\u201d.<\/p>\n<table style=\"float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><img alt=\"images\" src=\"http:\/\/revistazo.com\/content\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/cdvinforme2.jpg\"><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Inst\u00f3 entre otras cosas al Congreso a reformar la Constituci\u00f3n de 1982 yanular la ley de amnist\u00eda del 27 de enero de 2010 por desconocer la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos Internacionales, y prohibir la facultad legislativa de interpretar la Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p>La CdV pidi\u00f3 al gobierno crear la Corte de Constitucionalidad separado de la Corte Suprema de Justicia, garantizar la independencia de los jueces y fortalecer la carrera judicial para profesionalizar a los operadores del sistema de justicia, evaluar la fiscal\u00eda especial de Derechos Humanos.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n exigi\u00f3 al Ministerio P\u00fablico que investigue la existencia de grupos armados con relativo poder en el pa\u00eds y determinar el grado de involucramiento de los militares y la polic\u00eda en hechos delictivos o de graves violaciones a los derechos y libertades fundamentales.<\/p>\n<p>Critic\u00f3 al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ram\u00f3n Custodio, de asumir una posici\u00f3n protag\u00f3nica en el golpe de Estado.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span class=\"gkClear-2\"><strong>CONCLUSIONES DE LA CDV:<\/strong><\/span><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>1. Confirma que en Honduras se produjo un golpe de estado c\u00edvico-militar, cuya fase inicial el 28 de junio de 2009 culmina con el secuestro y posterior exilio de&nbsp; Zelaya Rosales. El golpe de Estado en si mismo constituye una grave violaci\u00f3n del orden institucional establecido, de la soberan\u00eda del pueblo hondure\u00f1o&nbsp; y de sus derechos humanos a la autodeterminaci\u00f3n y a la democracia.<\/p>\n<p>2. A partir del quiebre institucional se constata la aplicaci\u00f3n de una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica de acciones y omisiones delictivas que representan adem\u00e1s la transgresi\u00f3n de&nbsp; derechos humanos y libertades fundamentales. Se verifica incluso la perpetraci\u00f3n&nbsp; de cr\u00edmenes de lesa humanidad.<\/p>\n<p>3. La base de datos organizada por la CdV muestra la escala de hechos y de lugares donde fueron cometidas dichas violaciones, y el an\u00e1lisis detallado de los registros&nbsp; lleva a la constataci\u00f3n de la reproducci\u00f3n sistem\u00e1tica de patrones de violaciones a los derechos humanos identificando \u00e9stos como la aplicaci\u00f3n directa e indirecta de medidas represivas, la disfuncionalidad institucional y la complicidad del sistema de administraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n<p>4. La Comisi\u00f3n constata la relaci\u00f3n existente entre esta pol\u00edtica de violaci\u00f3n de los derechos civiles y pol\u00edticos y el fortalecimiento y consolidaci\u00f3n de aquellos factores de los poderes econ\u00f3mico, pol\u00edtico y militar -nacional y extranjero-, que una vez m\u00e1s recurrieron al dise\u00f1o y posterior consumaci\u00f3n de un golpe de Estado para continuar profundizando su control sobre la poblaci\u00f3n y el aprovechamiento de esa situaci\u00f3n en beneficio de sus propios intereses.<\/p>\n<p>5. Asimismo se constata la indivisibilidad de todos los derechos humanos:&nbsp; las violaciones de los derechos humanos investigadas por la Comisi\u00f3n va de la mano con la&nbsp; violaci\u00f3n tambi\u00e9n sistem\u00e1tica y grave de los derechos humanos econ\u00f3micos, sociales y culturales, como tambi\u00e9n derechos ambientales, los derechos territoriales de las poblaciones originarias y gar\u00edfunas, el derecho de la poblaci\u00f3n a informar y a ser informado, y el derecho mismo a la democracia entre otros.<\/p>\n<p>6. Lejos de atenuarse con el tiempo, se constata la continuidad e incluso agravamiento de estas pol\u00edticas violatorias de los derechos humanos hasta el presente.<\/p>\n<p>7. La Comisi\u00f3n ha concluido que los efectos del golpe de Estado a\u00fan contin\u00faan, y que tanto antes como despu\u00e9s de las elecciones realizadas en octubre de 2009, ambos gobiernos utilizaron y utilizan el terror como un recurso de control social.<\/p>\n<p>8. La Comisi\u00f3n ha determinado que las actuaciones irregulares atribuidas a la polic\u00eda y al personal castrense, no solo durante el r\u00e9gimen de facto de Roberto Micheletti Ba\u00edn, sino tambi\u00e9n en la actual administraci\u00f3n de Porfirio Lobo, fueron y siguen siendo parte de una pol\u00edtica de Estado.<\/p>\n<p>9. Igualmente se ha concluido que a partir del golpe de Estado, con la aquiescencia del gobierno se han desarrollado las operaciones de grupos que al margen del ordenamiento legal funcionan con procedimientos y metodolog\u00edas de los escuadrones de la muerte. Estas organizaciones aparecen actualmente ligadas al crimen organizado y a la narcoactividad y a acciones que suelen difundirse como de \u201caseo o limpieza social\u201d. La Comisi\u00f3n ha podido constatar que son responsables de las ejecuciones sumarias de actores clave de la resistencia al golpe de Estado y de organizaciones populares defensoras de los derechos humanos. Al mismo tiempo intentan amedrentar o inculcar miedo entre aquellas personas que siguen activas en ese sentido y la poblaci\u00f3n en general. El trabajo desarrollado por la Comisi\u00f3n permite concluir que la existencia y actuaci\u00f3n de este tipo de estructuras ilegales es parte indivisible de las pol\u00edticas de Estado aplicadas.<\/p>\n<p>10. No obstante la gravedad, masividad y sistematicidad de las violaciones constatadas,&nbsp; la Comisi\u00f3n se ve en la necesidad de destacar la casi total ausencia de acciones de parte del Estado tendientes a cumplir con la obligaci\u00f3n de reconocer sus responsabilidades&nbsp; en relaci\u00f3n con las violaciones, y de enjuiciar y sancionar a los responsables de las mismas. Desde el golpe de Estado, pese a que queda demostrada la multitud de violaciones de derechos humanos, libertades b\u00e1sicas y abusos de poder por parte de agentes estatales y, en particular, de miembros de la fuerza policial y de las fuerzas armadas, ha habido escasos procesos judiciales incoados en su contra y ninguna condena alcanzada. Sumado a lo se\u00f1alado, se constata que los mecanismos propios de la denominada justicia constitucional y, puntualmente, el proceso de amparo y la exhibici\u00f3n personal (h\u00e1beas corpus), han resultado ineficaces en el caso de Honduras. Incluso los procesos judiciales incoados en contra de altos oficiales de las fuerzas armadas, como Romeo V\u00e1squez Vel\u00e1squez y el resto de la Junta de Comandantes adem\u00e1s de alejarse de los est\u00e1ndares internacionalmente reconocidos en materia de procesos o juicio justo, han servido para exonerarles de toda responsabilidad penal y limpiar su hoja de servicios.<\/p>\n<p>11. Sobre la base de estas acciones y omisiones, la Comisi\u00f3n concluye que existe una pol\u00edtica igualmente grave y sistem\u00e1tica de negaci\u00f3n de los derechos humanos de las v\u00edctimas y de la sociedad entera a la justicia. La amnist\u00eda decretada el 27 de enero de 2010 y cuyos efectos rigen hasta el presente, es una manifestaci\u00f3n de esta pol\u00edtica de impunidad:&nbsp; la obstaculizaci\u00f3n y omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de los procesos de investigaci\u00f3n, persecuci\u00f3n penal, juzgamiento y sanci\u00f3n de los victimarios y de reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas. Su anulaci\u00f3n es un requisito imperativo de cualquier camino hacia la justicia.<\/p>\n<p>12. La Comisi\u00f3n concluye que la impunidad que contin\u00faa beneficiando a los responsables de violaciones flagrantes de los derechos humanos de per\u00edodos anteriores, incluyendo sobre todo, pero no exclusivamente los a\u00f1os 80, ha sido un factor importante para generar la repetici\u00f3n de ese tipo de hechos y nuevas formas de violaciones.<\/p>\n<p>13. La Comisi\u00f3n concluye que con el fin de detener la actual espiral de violencia y de violaciones a los derechos humanos, y de abrir el camino hacia la democracia, es necesario garantizar la aplicaci\u00f3n de la justicia. Honduras precisa, igual que las v\u00edctimas directas, el reconocimiento de la verdad, el juicio y castigo de los responsables de estas graves violaciones y la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas para poder avanzar hacia la plena vigencia de todos los derechos humanos.<\/p>\n<p>14. Asimismo, la Comisi\u00f3n de Verdad constata la imperiosa necesidad de lograr transformaciones estructurales, a trav\u00e9s de las cuales el pueblo logra asumir el control de su propio destino, encarando y revirtiendo, entre otros, la concentraci\u00f3n del poder y la riqueza que contin\u00faa hasta el presente consolid\u00e1ndose bajo el imperio de estas pol\u00edticas de violaci\u00f3n e impunidad. En este sentido, la Comisi\u00f3n ve con enorme preocupaci\u00f3n el paquete de leyes y acuerdos que se ha adoptado a partir del golpe de 2009, y que tiene entre otras consecuencias: el aumento alarmante de la presencia de las fuerzas econ\u00f3micas, militares y de seguridad de los Estados Unidos de Am\u00e9rica en Honduras y de su intervenci\u00f3n y tutela sobre las pol\u00edticas e instituciones del Estado; la adopci\u00f3n de leyes y reformas constitucionales que agravan la indefensi\u00f3n de la poblaci\u00f3n ante las pol\u00edticas del Estado y los \u00f3rganos de seguridad; una mayor concentraci\u00f3n de la tierra y explotaci\u00f3n de la fuerza de trabajo; la concesi\u00f3n de terrenos y recursos naturales a intereses nacionales y extranjeros ajenos a la Constituci\u00f3n, los derechos y el bienestar de la poblaci\u00f3n; y la aprobaci\u00f3n de tratados y acuerdos de cooperaci\u00f3n sin la debida participaci\u00f3n ciudadana y contrarios a sus derechos.<\/p>\n<p>15. Sobre la base de las denuncias e investigaciones analizadas, la Comisi\u00f3n concluye que el peligro que amenaza al pueblo de Honduras no puede ser desasociado de las estrategias desplegadas desde el poder hegem\u00f3nico que ejerce los Estados Unidos de Am\u00e9rica y de la actuaci\u00f3n de otros poderes f\u00e1cticos en toda la regi\u00f3n, a fin de mantener su hist\u00f3rico control sobre los destinos y los bienes de los pueblos y la naturaleza.<\/p>\n<p>16. Hemos constatado as\u00ed mismo que el rechazo inmediato al golpe de Estado, no solo de gran parte de la poblaci\u00f3n hondure\u00f1a sino tambi\u00e9n de gobiernos, organizaciones, organismos multilaterales y personas de la regi\u00f3n y el resto del mundo, obr\u00f3 para salvar vidas y atenuar la represi\u00f3n generalizada.<\/p>\n<p>De la misma manera, la Comisi\u00f3n concluye que la reincorporaci\u00f3n de Honduras a la OEA y el progresivo distanciamiento de la situaci\u00f3n hondure\u00f1a de las agendas de esos mismos actores ha profundizado la indefensi\u00f3n y favorecido el incremento continuo de los atentados contra los derechos humanos.<\/p>\n<p>Dado lo arriba expresado, no es f\u00e1cil tener una perspectiva optimista a corto plazo. Sin embargo, la Comisi\u00f3n ha constatado que existe en el pa\u00eds una reserva de enorme fortaleza y esperanza, integrada entre otros por las miles de personas que superando el silencio y el olvido, la negaci\u00f3n, el miedo, el abuso y la revictimizaci\u00f3n que tambi\u00e9n han sido objetos de parte del Estado, como tambi\u00e9n de gran parte de los medios de comunicaci\u00f3n masivos y otros poderes f\u00e1cticos nacionales y extranjeros, han tenido el coraje de denunciar los graves delitos y violaciones a los derechos y las libertades fundamentales de que han sido v\u00edctimas. Son ellos, hombres y mujeres, j\u00f3venes y adultos, los verdaderos sujetos de este Informe y de la esperanza de lograr justicia.<\/p>\n<p>Son personas comunes del pueblo, activistas sociales y pol\u00edticos o no, l\u00edderes consagrados y otros que reci\u00e9n emergen, personas de larga trayectoria en la defensa de los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza y otras cuyo mayor empe\u00f1o ha sido siempre la sobrevivencia y el bienestar de su familia. El pa\u00eds entero sangra por sus heridas. Junto a las miles de personas que a\u00fan no han podido denunciar los atropellos que han sufrido en este per\u00edodo, y las nuevas v\u00edctimas que la Comisi\u00f3n ha constatado que contin\u00faan produci\u00e9ndose d\u00eda tras d\u00eda, precisan ser escuchados y respaldados y su clamor de justicia plenamente satisfecho.<\/p>\n<p>De la misma manera, la Comisi\u00f3n concluye que la reincorporaci\u00f3n de Honduras a la OEA y el progresivo distanciamiento de la situaci\u00f3n hondure\u00f1a de las agendas de esos mismos actores ha profundizado la indefensi\u00f3n y favorecido el incremento continuo de los atentados contra los derechos humanos.<\/p>\n<p>Dado lo arriba expresado, no es f\u00e1cil tener una perspectiva optimista a corto plazo. Sin embargo, la Comisi\u00f3n ha constatado que existe en el pa\u00eds una reserva de enorme fortaleza y esperanza, integrada entre otros por las miles de personas que superando el silencio y el olvido, la negaci\u00f3n, el miedo, el abuso y la revictimizaci\u00f3n que tambi\u00e9n han sido objetos de parte del Estado, como tambi\u00e9n de gran parte de los medios de comunicaci\u00f3n masivos y otros poderes f\u00e1cticos nacionales y extranjeros, han tenido el coraje de denunciar los graves delitos y violaciones a los derechos y las libertades fundamentales de que han sido v\u00edctimas. Son ellos, hombres y mujeres, j\u00f3venes y adultos, los verdaderos sujetos de este Informe y de la esperanza de lograr justicia.<\/p>\n<p>Son personas comunes del pueblo, activistas sociales y pol\u00edticos o no, l\u00edderes consagrados y otros que reci\u00e9n emergen, personas de larga trayectoria en la defensa de los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza y otras cuyo mayor empe\u00f1o ha sido siempre la sobrevivencia y el bienestar de su familia. El pa\u00eds entero sangra por sus heridas. Junto a las miles de personas que a\u00fan no han podido denunciar los atropellos que han sufrido en este per\u00edodo, y las nuevas v\u00edctimas que la Comisi\u00f3n ha constatado que contin\u00faan produci\u00e9ndose d\u00eda tras d\u00eda, precisan ser escuchados y respaldados y su clamor de justicia plenamente satisfecho.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span class=\"gkClear-2\"><strong>PETICIONES DE LA CDV:<\/strong>.<\/span><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Frente a los graves hechos descritos en el presente informe la Comisi\u00f3n plantea las siguientes recomendaciones encaminadas a:<\/p>\n<p>1. Detener las violaciones a los derechos humanos<\/p>\n<p>2. Dignificar a las v\u00edctimas y fortalecer la lucha de ellas y de la sociedad en su conjunto por obtener justicia y la no repetici\u00f3n. De estos cr\u00edmenes que ofenden a la humanidad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>3. Superar las causas coyunturales e hist\u00f3ricas de la impunidad<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>4. Posibilitar el inicio de procesos que, sobre la base de la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas, puedan contribuir a la democratizaci\u00f3n del poder estatal, de la&nbsp; sociedad, sus instituciones y de las pol\u00edticas por ellas aplicadas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span class=\"gkClear-2\"><strong>RECOMENDACIONES DE LA CDV:<\/strong><\/span><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>1. Investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos que se desprenden del mismo. El Estado debe reconocer p\u00fablicamente su responsabilidad y proceder al juicio y castigo de los violadores de estos derechos.<\/p>\n<p>2. Reparar a las v\u00edctimas. El Estado debe crear un Programa que por ley incluya una serie de acciones y medidas que aseguren la dignificaci\u00f3n de las personas y sus familiares victimizadas a partir del golpe de 2009, y su reparaci\u00f3n integral.<\/p>\n<p>Este programa general de reparaci\u00f3n debe de incluir, por lo menos, los seis puntos que se enuncian a continuaci\u00f3n:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\u2022 Acciones sobre esclarecimiento hist\u00f3rico: El Estado debe investigar seriamente los hechos que constituyeron abusos de poder y graves violaciones a los derechos humanos y libertades esenciales en ocasi\u00f3n de la ruptura del orden establecido. Dictar una ley de memoria hist\u00f3rica.\u2022 Fondo compensatorio de v\u00edctimas: Establecer un fondo estatal de car\u00e1cter compensatorio a las v\u00edctimas del golpe de Estado. Dicho fondo p\u00fablico deber\u00e1 ser administrado por un cuerpo directivo en cuya estructura est\u00e9n debidamente&nbsp; representadas las v\u00edctimas y sus familiares.\n<p>\u2022 Reconocimiento p\u00fablico de la verdad. Que el Estado asuma p\u00fablicamente que sus agentes cometieron abusos de poder y graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales. Investigar y sancionar a los responsables&nbsp; de estas violaciones. Por tanto, debe promulgar d\u00edas conmemorativos, la construcci\u00f3n de memoriales, plazas p\u00fablicas, monumentos y otros, que reconozcan y exalten la dignidad de las v\u00edctimas de violaciones a sus derechos y libertades b\u00e1sicas.<\/p>\n<p>\u2022 Anulaci\u00f3n de la ley de amnist\u00eda del 27 de enero de 2010. El Decreto Legislativo No. 2-2010 se encamin\u00f3, en funci\u00f3n de preservar la impunidad de los civiles y militares involucrados en graves violaciones a los derechos fundamentales. Se emiti\u00f3 desconociendo obligaciones jur\u00eddicas derivadas de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y de otros instrumentos Internacionales.<\/p>\n<p>\u2022 Pese al alegado prop\u00f3sito de ser un instrumento que propendiese a la pacificaci\u00f3n del pa\u00eds, es una herramienta que ha impedido la investigaci\u00f3n (seria, imparcial y exhaustiva) de graves violaciones a los derechos humanos y, sobretodo, ha dejado en indefensi\u00f3n a las v\u00edctimas y a sus familiares y con ello las ha revictimizado.<\/p>\n<p>\u2022 Retorno de las y los perseguidos pol\u00edticos y exiliados por motivo del golpe de Estado. El Estado debe dise\u00f1ar un programa que contemple facilidades para el retorno de aquellos que por motivaciones de persecuci\u00f3n pol\u00edtica fueron forzados a abandonar el territorio nacional.<\/p>\n<p>\u2022 Revisi\u00f3n de los contenidos de los programas de ense\u00f1anza \u2013a todo nivel- que hagan referencia a los acontecimientos asociados al golpe de Estado. El Estado debe hacer una revisi\u00f3n que busque describir una versi\u00f3n objetiva e imparcial de los hechos. Los programas oficiales de ense\u00f1anza deber\u00e1n de profundizar los abordajes de temas tales como: democracia, derechos humanos, equidad de g\u00e9nero, diversidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>3. Reconfigurar el orden jur\u00eddico. El Estado hondure\u00f1o debe impulsar el proceso de reconfiguraci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico interno, a partir de una reforma integral al texto de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica dictada en el a\u00f1o de 1982 y las leyes secundarias. Leyes como la antiterrorista deben ser anuladas.Para ello, se deber\u00e1 efectuar un verdadero ejercicio participativo y de consulta hacia los diferentes sectores sociales y pol\u00edticos de la naci\u00f3n, el cual a vez puede constituirse en un verdadero modelo para un proceso m\u00e1s amplio de recreaci\u00f3n del Estado.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>4. Reformar la Ley Primaria para establecer la prohibici\u00f3n de facultades interpretativas de la Constituci\u00f3n al Congreso Nacional. El Estado debe modificar&nbsp; el texto constitucional en el sentido de precisar inequ\u00edvocamente que el Congreso carece de facultades interpretativas de la Ley Fundamental.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>5. Crear la Corte de Constitucionalidad. Crear mecanismos jurisdiccionales independientes e imparciales dedicados \u00fanicamente a la tem\u00e1tica de la justicia constitucional.Examinar la posibilidad de constituir un tribunal de constitucionalidad&nbsp; separado de la Corte Suprema de Justicia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>6. Garantizar la independencia de las y los jueces. Impulsar un proceso de fortalecimiento de la carrera judicial con el cual se busque la profesionalizaci\u00f3n de los operadores del sistema de justicia y el desempe\u00f1o de sus atribuciones de modo independiente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>7. En cuanto al rol del Ministerio P\u00fablico en la persecuci\u00f3n del delito. Debe procederse a:<\/p>\n<p style=\"margin-left: 30px;\">\u2022 Evaluarse la Fiscal\u00eda Especial de Derechos Humanos. Evaluar el rol de la Fiscal\u00eda Especial de Derechos Humanos en la efectividad de sus mandatos, con participaci\u00f3n de las diferentes organizaciones de Derechos Humanos y participaci\u00f3n de la Sociedad Civil.<\/p>\n<p>\u2022 Investigar por parte de la Fiscal\u00eda, la existencia de grupos armados con relativo poder. Esclarecer la forma organizativa, operativa, las conexiones y dem\u00e1s aspectos referentes a los mismos.<\/p>\n<p>\u2022 Fortalecer las capacidades institucionales para que se determine la participaci\u00f3n de funcionarios de la administraci\u00f3n p\u00fablica en la generaci\u00f3n de la impunidad. El Estado debe robustecer las aptitudes de investigaci\u00f3n y dotarle de los recursos t\u00e9cnicos y financieros apropiados, para que la Fiscal\u00eda pueda orientarse a determinar de manera eficaz y eficiente la autor\u00eda material<br \/>\ne intelectual de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, libertades b\u00e1sicas y abusos de poder, cometidas desde el golpe de Estado.<br \/>\nLlevar adelante un proceso investigativo -con irrestricto apego a las garant\u00edas del debido proceso por medio del cual se determine el grado de involucramiento de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la corporaci\u00f3n policial, en hechos delictivos o de graves violaciones a derechos y libertades fundamentales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>8. Participaci\u00f3n de las organizaciones sociales en la selecci\u00f3n de las y los titulares de las instituciones estatales. El Estado debe implementar un sistema participativo y de consulta que identifique a servidores p\u00fablicos moral y t\u00e9cnicamente formados. Dise\u00f1ar y ejecutar pol\u00edticas p\u00fablicas encaminadas a que los funcionarios estatales ejerzan una autoridad de la que rindan cuenta, en estricto apego a los derechos y libertades fundamentales.Tomar en cuenta a las organizaciones sociales para la selecci\u00f3n del Ombudsman, su perfil deber\u00e1 contemplar entre otros requisitos, el ser una persona proba, versada en la materia de los derechos b\u00e1sicos, con formaci\u00f3n y trayectoria en la tem\u00e1tica y otros afines. Por ello, y en raz\u00f3n de que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, asumi\u00f3 un rol protag\u00f3nico en el golpe de Estado y no adecu\u00f3 su comportamiento institucional a los Principios Relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protecci\u00f3n y Promoci\u00f3n de los Derechos Humanos (Principios de Par\u00eds, 1991) que rigen a este tipo de mecanismos institucionales, debe ser separado de sus funciones.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>9. Separar de sus cargos a los funcionarios civiles y militares de la administraci\u00f3n involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, cometidas desde el golpe de Estado. Quienes sean responsables materiales o intelectuales de las citadas transgresiones deber\u00e1n desligarse de sus responsabilidades p\u00fablicas. La inhabilitaci\u00f3n de sus cargos podr\u00e1 ser vitalicia o temporal dependiendo del nivel de la gravedad de los hechos en que se viesen involucrados.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>10. Readmitir en el sistema de administraci\u00f3n de justicia a las y los operadores de dicho sistema separados por su oposici\u00f3n al golpe de Estado. Aquellas (os) funcionarios del sistema investidos de la potestad de administrar justicia; fiscales, defensores p\u00fablicos, etc. que hayan sido desafectados por su oposici\u00f3n a la ruptura del orden constitucional, deber\u00e1n de ser restablecidos en sus funciones. Rectificarles o limpiarles su hoja de servicio p\u00fablico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>11. Impulsar una revisi\u00f3n de la doctrina en que son formados los miembros de la instituci\u00f3n castrense. El Estado debe revisar a profundidad la doctrina militar en que son formados los integrantes de las Fuerzas Armadas, al margen de su nivel jer\u00e1rquico. Enfatizar el cumplimiento de la misi\u00f3n que la Constituci\u00f3n les confiere y, asimismo, en que su accionar se har\u00e1 con pleno respeto a los derechos humanos, libertades esenciales, as\u00ed mismo en la pr\u00e1ctica se garantice el respeto a los principios de no deliberaci\u00f3n, disciplina, independencia de partidos pol\u00edticos y otros.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>12. Readecuar el aparato de inteligencia del Estado a una visi\u00f3n humanista. Es primordial despojarlo de toda orientaci\u00f3n atentatoria a los derechos y libertades b\u00e1sicas de las personas opositoras. La labor que realizan los dispositivos de inteligencia al servicio del Estado, deber\u00e1n enmarcarse en estrictos patrones de legalidad, respeto y protecci\u00f3n a los derechos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>13. Impulsar una revisi\u00f3n de la doctrina en que son formados los miembros de la instituci\u00f3n policial. El Estado debe aprobar una nueva curr\u00edcula de formaci\u00f3n, al margen del nivel jer\u00e1rquico y sin tutela extranjera, con la finalidad de adecuar su conducta al cumplimiento de la misi\u00f3n que la Constituci\u00f3n le confiere y, adem\u00e1s, de que su accionar se realice con irrestricta sujeci\u00f3n a los derechos, libertades y a los principios de independencia de partidos pol\u00edticos y otros. Como parte del examen de la conducta policial se deber\u00e1 analizar otros ejes tem\u00e1ticos vinculados al funcionamiento de las agencias privadas de seguridad; la militarizaci\u00f3n de la doctrina de seguridad p\u00fablica, el control de armas en manos de civiles y otros, con el fin de que se suspendan las pr\u00e1cticas violatorias a los derechos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>14. Poner fin a los acuerdos militares y de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. El Estado debe cerrar las bases militares existentes y proyectadas. Poner fin a los operativos conjuntos y programas de entrenamiento y equipamiento y cualquier otra injerencia de fuerzas militares y de seguridad extranjeras.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>15. Prevalencia de las normas internacionales de derechos humanos, lo que implica:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-left: 30px;\">\u2022 Que se suscriban y se ratifiquen normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que se cumplan. Es indispensable que el Estado muestre una verdadera voluntad de cumplimiento con respecto a las obligaciones jur\u00eddicas de car\u00e1cter internacional en materia de derechos humanos y libertades esenciales. Particularmente, en lo que hace referencia a las recomendaciones derivadas de visitas in loco o a aquellas contenidas en informes especiales de organismos internacionales. Adicionalmente, el Estado ha de adecuar su normativa a los est\u00e1ndares internacionalmente reconocidos.<\/p>\n<p>\u2022 Preservaci\u00f3n y facilitaci\u00f3n de informaci\u00f3n de denunciantes ante la Comisi\u00f3n y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado deber\u00e1 de garantizar la debida preservaci\u00f3n y facilitaci\u00f3n de informaci\u00f3n que permita el acceso de las v\u00edctimas a los mecanismos del Sistema Interamericano de Protecci\u00f3n de Derechos Humanos.<\/p>\n<p>\u2022 Reserva y facilitaci\u00f3n de informaci\u00f3n de denunciantes ante la Corte Penal Internacional. El Estado debe preservar y facilitar informacion que permita el acceso de las victimas a la Corte Penal Internacional (CPI) creada por el Tratado de Roma, en raz\u00f3n que algunas de las pr\u00e1cticas cometidas por el r\u00e9gimen de facto como ejecuciones sumarias o extrajudiciales, tortura y dem\u00e1s que califican entre los tipos penales que son del conocimiento de este instrumento de la justicia universal. El Estado debe preservar y facilitar informaci\u00f3n que permita el acceso de las v\u00edctimas a esa instancia.<\/p>\n<p>\u2022 Que se estructure un mecanismo mixto entre representantes de organizaciones sociales e instituciones gubernamentales, encargado de dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Con el objeto de que se de el debido monitoreo con relaci\u00f3n a la observancia de las recomendaciones comprendidas en este Informe, y a otras contenidas en informes de diferentes organismos internacionales de derechos humanos como la Comisi\u00f3n y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Se deber\u00e1 de proceder a organizar, a la brevedad posible, un mecanismo mixto de verificaci\u00f3n en el terreno que incluya la participaci\u00f3n de un representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACDH), Relator\u00eda Especial sobre Promoci\u00f3n de la Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y Garant\u00edas de No repetici\u00f3n (Consejo de Derechos Humanos) o un Representante personal designado por el Secretario General de dicha organizaci\u00f3n. El mecanismo mixto propuesto para el seguimiento al acatamiento de las recomendaciones, estructurar\u00e1 un sistema de indicadores de cumplimiento con criterios cualitativos y cuantitativos (Por ejemplo: n\u00famero de v\u00edctimas reparadas, n\u00famero de procesos judiciales o\/y administrativos incoados en contra de violadores de derechos humanos etc.). Adicionalmente, proveer\u00e1 de asesoramiento t\u00e9cnico encaminado a la implementaci\u00f3n de las mismas.<\/p>\n<p>16. Impulsar un proceso de construcci\u00f3n democr\u00e1tica.&nbsp; Reconocer las diversas concepciones y expresiones de democracia desde los movimientos sociales y diversas organizaciones y sectores de la sociedad hondure\u00f1a hist\u00f3ricamente excluidos o sub representados en el Estado. Sus demandas est\u00e1n amparadas en la propia Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica y en tratados internacionales firmados por el Estado de Honduras, tal es el caso del Convenio 169 de la OIT. Lejos de criminalizar las protestas y demandas de estos sectores, el Estado hondure\u00f1o est\u00e1 obligado a escucharlos y a desarrollar de manera conjunta indicadores de cumplimiento que permita monitorear los avances en materia de democratizaci\u00f3n del pa\u00eds. Es precisamente con estas miradas plurales y diversas que se puede enriquecer y vigorizar la democracia representativa, reducida a procedimientos y reglas del juego supeditadas a la l\u00f3gica de la econom\u00eda de mercado que no solo han empobrecido la democracia, sino tambi\u00e9n la pr\u00e1ctica pol\u00edtica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>17. Establecer pol\u00edticas que favorezcan la redistribuci\u00f3n de la riqueza nacional. Seg\u00fan estimaciones estad\u00edsticas realizadas por distintas entidades entre ellas organismos especializados de las Naciones Unidas como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisi\u00f3n Econ\u00f3mica para Am\u00e9rica Latina (CEPAL). Honduras es uno de los pa\u00edses del continente americano con mayores asimetr\u00edas en la distribuci\u00f3n de la riqueza.Las pol\u00edticas sociales de compensaci\u00f3n a\u00fan en el mejor de los escenarios no son suficientes para reducir estas enormes desigualdades, se requiere m\u00e1s bien de una estrecha vinculaci\u00f3n entre pol\u00edticas econ\u00f3micas y sociales que modifiquen la estructura productiva, de distribuci\u00f3n de los ingresos y de la riqueza nacional. En este contexto es urgente revisar y tomar medidas efectivas que lleven a la soberan\u00eda financiera del Estado, incluyendo la auditoria y control p\u00fablico del endeudamiento y la adopci\u00f3n de una pol\u00edtica fiscal progresiva. Tambi\u00e9n es urgente modificar el patr\u00f3n de tenencia de la tierra, \u00e1mbito de persistente desigualdad agravado por la sustituci\u00f3n de la Ley de reforma agraria por la Ley de modernizaci\u00f3n agr\u00edcola emitida a principios de los 90. Dicha ley tiene consecuencias directas sobre la concentraci\u00f3n de la tierra y la profundizaci\u00f3n del conflicto agrario en el pa\u00eds, agudizado de manera dram\u00e1tica en la etapa posterior al golpe de Estado.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>18. Implementar un modelo pol\u00edtico participativo y de redistribuci\u00f3n econ\u00f3mica. Es necesario el desarrollo de pol\u00edticas p\u00fablicas y de procesos participativos orientados a la estructuraci\u00f3n de un orden social \u2013pol\u00edtico\u2013 econ\u00f3mico justo y democr\u00e1tico, fruto de la participaci\u00f3n de los diferentes actores sociales de Honduras. En ese sentido, es necesario iniciar la recuperaci\u00f3n del Estado hondure\u00f1o actualmente capturado por intereses privados firmemente representados en sus instituciones. El rescate de la institucionalidad del Estado, pasa por lograr y mostrar independencia, eficiencia y transparencia en la gesti\u00f3n p\u00fablica, punto de partida para revertir la desconfianza que las y los ciudadanos ven\u00edan manifestando y que se profundiz\u00f3 con el golpe de Estado.<\/p>\n<p>Finalmente la Comisi\u00f3n de Verdad hace un llamado especial a la sociedad hondure\u00f1a y dem\u00e1s pueblos, gobiernos, organismos de la regi\u00f3n y del mundo, a fortalecer las acciones dirigidas a garantizar la soberan\u00eda y autodeterminaci\u00f3n del pueblo hondure\u00f1o as\u00ed como el irrestricto respeto a todos sus derechos y libertades.<\/p>\n<div style=\"position: absolute; left: -40px; top: 5111px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;\" data-mce-bogus=\"1\" class=\"mcePaste\" id=\"_mcePaste\">Evaluarse la Fiscal\u00eda Especial de Derechos Humanos. Evaluar el rol de la Fiscal\u00eda Especial de Derechos Humanos en la efectividad de sus mandatos, con participaci\u00f3n de las diferentes organizaciones de Derechos Humanos y participaci\u00f3n de la Sociedad Civil.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u2022 Investigar por parte de la Fiscal\u00eda, la existencia de grupos armados con relativo poder. Esclarecer la forma organizativa, operativa, las conexiones y dem\u00e1s aspectos referentes a los mismos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u2022 Fortalecer las capacidades institucionales para que se determine la participaci\u00f3n de funcionarios de la administraci\u00f3n p\u00fablica en la generaci\u00f3n de la impunidad. El Estado debe robustecer las aptitudes de investigaci\u00f3n y dotarle de los recursos t\u00e9cnicos y financieros apropiados, para que la Fiscal\u00eda pueda orientarse a determinar de manera eficaz y eficiente la autor\u00eda material<\/p>\n<p>e intelectual de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, libertades b\u00e1sicas y abusos de poder, cometidas desde el golpe de Estado.<\/p>\n<p>Llevar adelante un proceso investigativo -con irrestricto apego a las garant\u00edas del debido proceso por medio del cual se determine el grado de involucramiento de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la corporaci\u00f3n policial, en hechos delictivos o de graves violaciones a derechos y libertades fundamentales.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El golpe de Estado de junio de 2009 se produjo en Honduras por la conspiraci\u00f3n de Estados Unidos con un grupo empresarial que se sinti\u00f3 amenazado por la vinculaci\u00f3n del mandatario venezolano Hugo Ch\u00e1vez con el ex presidente depuesto Manuel Zelaya, seg\u00fan el informe hecho p\u00fablico el 3 de octubre por la denominada Comisi\u00f3n de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6576,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[32],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistazo.com\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/291"}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistazo.com\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistazo.com\/content\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistazo.com\/content\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistazo.com\/content\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=291"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/revistazo.com\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/291\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5126,"href":"https:\/\/revistazo.com\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/291\/revisions\/5126"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistazo.com\/content\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6576"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistazo.com\/content\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=291"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistazo.com\/content\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=291"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistazo.com\/content\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}