La imposibilidad de acceder a la vivienda por gran parte de la poblaci\u00f3n, no es un problema nuevo, incluso, ni si quiera contempor\u00e1neo. Es una cuesti\u00f3n hist\u00f3rica que demanda el establecimiento de pol\u00edticas p\u00fablicas en beneficio de la clase marginada. No obstante, por falta de voluntad pol\u00edtica de los funcionarios del Estado, esta situaci\u00f3n seguir\u00e1 manteni\u00e9ndose inc\u00f3lume.<\/p>\n
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La vivienda, las condiciones materiales de vida y el espacio urbano, se convierten de esta forma en un privilegio para quienes tienen la oportunidad de adquirirla. Basta con recorrer las zonas marginadas de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, para darse cuenta de las dif\u00edciles condiciones en que vive un alto porcentaje de hondure\u00f1os, que por no tener un pedazo de tierra, se ven obligados a construir sus viviendas en los m\u00e1rgenes de los r\u00edos y a la orilla de las carreteras, mientras otros optan por arriesgar la vida en la recuperaci\u00f3n de terrenos.<\/p>\n
Son muchas las comunidades que por desastres naturales o desalojos ordenados por los tribunales de justicia han perdido sus proyectos de vivienda que con mucho esfuerzo lograron edificar. Innumerables colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula viven en la incertidumbre por falta de titulaci\u00f3n de sus predios, mientras las autoridades no muestran voluntad para solventar el problema.<\/p>\n
No tener la legalidad del terreno de su vivienda, ocasiona innumerables problemas econ\u00f3micos y sociales para miles de familias hondure\u00f1as.<\/p>\n
Acaparamiento de tierras, una cuesti\u00f3n hist\u00f3rica<\/b><\/p>\n
En el siglo XIX gran parte de las tierras de la capital fueron dadas en dominio \u00fatil a un grupo peque\u00f1o de familias poderosas que las utilizaron para actividades agr\u00edcolas y de ganader\u00eda. Con el tiempo, los terrenos dejaron de ser utilizados, por quienes las poseyeron y las familias que llegaban de distintas regiones del pa\u00eds se radicaron y construyeron all\u00ed, sus viviendas.<\/p>\n
A lo largo del siglo XX, en busca de mejores condiciones de vida continu\u00f3 la migraci\u00f3n del campo a la ciudad, San pedro Sula y Tegucigalpa, se vieron absorbidas por enormes cantidades de personas que formaron innumerables asentamientos en tierras ejidales, que a\u00f1os despu\u00e9s, trataron de legalizar. Aunque la Constituci\u00f3n de la Republica establece el derecho a la vivienda digna, la falta de pol\u00edticas p\u00fablicas ha imposibilitado que miles de familias puedan obtener al menos, su titulo de propiedad.<\/p>\n
Hasta 1979, la mayor\u00eda de terrenos eran ejidales y por esa raz\u00f3n, las municipalidades pod\u00edan otorgar a trav\u00e9s de puntos de acta, facultades para que las familias necesitadas pudieran edificar mejoras. Eran acuerdos de dominio \u00fatil, que no les garantizaba la propiedad de la tierra, pero si, el reconocimiento legal para que pudieran construir sus viviendas. Los beneficiarios recib\u00edan de la Secretar\u00eda Municipal, una certificaci\u00f3n del punto de acta respectivo, previo al pago de un impuesto, que en ese tiempo se denominaba como visto bueno.<\/p>\n
En la d\u00e9cada de 1980, las corporaciones municipales comenzaron a otorgar el dominio pleno de los terrenos recuperados, pero este proceso se volvi\u00f3 dif\u00edcil, porque a partir de 1990, dependiendo de la ubicaci\u00f3n de la tierra, adem\u00e1s de las municipalidades, tambi\u00e9n se involucraron el Instituto Nacional Agrario (INA) y la Corporaci\u00f3n Hondure\u00f1a de Desarrollo Forestal (COHDEFOR).<\/p>\n
Familias poderosas que hab\u00edan sido beneficiadas originalmente con las concesiones de dominio \u00fatil, entablaron demandas contra el Estado, al inicio de la escrituraci\u00f3n, provocando as\u00ed el impedimento para que muchas comunidades hayan podido obtener la legalizaci\u00f3n de sus predios. Esta situaci\u00f3n mantiene en zozobra a miles de familias que bajo amenazas de desalojos, permanecen en posesi\u00f3n de la tierra.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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