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Tegucigalpa<\/b>. El Ministerio P\u00fablico anunci\u00f3 la presentaci\u00f3n de requerimientos fiscales en contra de contra de polic\u00edas, militares y civiles, involucrados en violaciones a los derechos humanos y el asesinato de m\u00e1s de cincuenta personas en la zona del Bajo Agu\u00e1n. Sin embargo, aunque la dirigencia campesina considera necesario el castigo de los responsables, le resta credibilidad a las acciones que podr\u00eda realizar la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
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Aunque no revel\u00f3 nombres de los involucrados, el Fiscal Especial de los Derechos Humanos, German Enamorado, dijo a los medios de comunicaci\u00f3n que la Fiscal\u00eda logr\u00f3 reunir las pruebas necesarias para iniciar las acusaciones, que en el caso de los servidores p\u00fablicos estar\u00edan dirigidas al castigo por abuso de la autoridad, la violaci\u00f3n de deberes, lesiones y tentativas de homicidios.<\/p>\n
Indic\u00f3 que las posibles acusaciones se derivar\u00edan del resultado de las pericias t\u00e9cnicas, testimonios, inspecciones en la polic\u00eda, el ej\u00e9rcito y personas particulares, cuyos nombres ser\u00e1n revelados cuando se presenten los requerimientos fiscales.<\/p>\n
Las declaraciones del Fiscal Especial de los Derechos Humanos, no generan ninguna esperanza en el movimiento campesino, que hace m\u00e1s de dos a\u00f1os ha venido soportando la represi\u00f3n del Estado y de los empresarios, que alentados en campa\u00f1as medi\u00e1ticas han emprendido acciones de intimidaci\u00f3n y asesinato en contra de las familias que a trav\u00e9s de la recuperaci\u00f3n de tierras buscan mejorar sus condiciones de vida.<\/p>\n
Polic\u00eda y la Fiscal\u00eda unidos con terratenientes<\/b><\/p>\n
El Coordinador de la V\u00eda Campesina, Rafael Alegr\u00eda, dijo que la Fiscal\u00eda tiene conocimiento de quienes son los responsables directos de la violaci\u00f3n a los derechos humanos en la regi\u00f3n, no obstante, no existe voluntad pol\u00edtica para enjuiciarlos.<\/p>\n
\u201cYo creo que es necesario investigar esa situaci\u00f3n, pero la fiscal\u00eda a mi juicio sabe quienes son los responsables de los asesinatos en el Bajo Aguan y no hay ni tan siquiera un requerimiento fiscal. A mi me parece que la Polic\u00eda y la Fiscal\u00eda siempre est\u00e1n unidos con los terratenientes en contra de los campesinos. Y eso es lo lamentable\u201d, expres\u00f3 Alegr\u00eda.<\/p>\n
Seg\u00fan el dirigente campesino, despu\u00e9s de dos a\u00f1os y medio en que ocurrieron los primeros asesinatos de campesinos, la Fiscal\u00eda no deber\u00eda estar pensando en presentar requerimientos sino, que \u201cya deber\u00edan haber presos y condenados, pero no hay ni un requerimiento fiscal, porque se trata de un sector poderoso que tiene ah\u00ed pr\u00e1cticamente ej\u00e9rcitos y que disparan y asesinan a campesinos\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n
Militarizaci\u00f3n <\/b><\/p>\n
En noviembre de 2010, cuando el Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) inici\u00f3 un proceso de recuperaci\u00f3n de tierras que incluye varias fincas de palma africana en poder de los empresarios Miguel Facusse, Rene Morales y Reinado Canales, argumentando tener en su poder un informe de inteligencia militar que le asegura que en esa regi\u00f3n existen grupos armados para desestabilizar el gobierno, el presidente Porfirio Lobo Sosa, orden\u00f3 la militarizaci\u00f3n de la zona a trav\u00e9s del operativo Tumbador.<\/p>\n
El operativo se mantuvo durante varios meses. Sin embargo, no existe informe oficial que de a conocer el decomiso de armas de fuego en la regi\u00f3n, pues lo \u00fanico que se reporta hasta hoy, es la violaci\u00f3n a los derechos humanos en los momentos en que se desarrollaron los desalojos de las fincas.<\/p>\n
Tumbador represent\u00f3 un fracaso del gobierno en su primer intento supuestamente para ponerle fin a la violencia en el Bajo Agu\u00e1n, situaci\u00f3n que provoc\u00f3 que en agosto de 2011, esa regi\u00f3n fuera ocupada nuevamente por militares y polic\u00edas, en el operativo Xatruch II. De acuerdo a testimonios de vecinos, esta operaci\u00f3n solo ha servido para agudizar las violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n
Gobierno incumple compromiso<\/b><\/p>\n
Las tierras de esta regi\u00f3n fueron destinadas para la Reforma Agraria, pero la Ley de Modernizaci\u00f3n Agr\u00edcola, aprobada en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, dio luz verde para que los empresarios agroindustriales pudieran quedarse con ellas a precios bajos. Las cooperativas asentadas en ese lugar incapaces de poder cancelar sus deudas agr\u00edcolas, de una en una fueron vendiendo sus propiedades.<\/p>\n
A partir del 2001 miles de familias campesinas iniciaron un proceso de recuperaci\u00f3n de tierras y en el 2009 el Movimiento Unificado Campesino del Agu\u00e1n (MUCA), present\u00f3 una propuesta para resolver el conflicto que se hab\u00eda generado. El gobierno de Manuel Zelaya Rosales, a trav\u00e9s del Instituto Nacional Agrario y la Secretar\u00eda de Agricultura y Ganader\u00eda firm\u00f3 con el MUCA un convenio para la creaci\u00f3n de una comisi\u00f3n tripartita que garantizara el procedimiento de legalizaci\u00f3n de la tierra, acci\u00f3n que se vio interrumpida, con el golpe de Estado.<\/p>\n
Al interrumpirse las acciones de legalizaci\u00f3n, el 9 de diciembre de 2009, dos mil 500 familias afiliadas a 26 cooperativas campesinas agrupadas en el MUCA, iniciaron el proceso de recuperaci\u00f3n de las 20 mil hect\u00e1reas que reivindicaban como propias, acci\u00f3n que desencaden\u00f3 una ola de violencia y de represi\u00f3n en su contra.<\/p>\n
Iniciaron los desalojos y ataques armados por parte del ej\u00e9rcito, la polic\u00eda y los guardias de seguridad de los empresarios. Detenciones ilegales, \u00f3rdenes de captura y asesinatos, acompa\u00f1aron la campa\u00f1a medi\u00e1tica orquestada en los principales medios de comunicaci\u00f3n que difamaron la lucha del MUCA. No obstante, en medio de una militarizaci\u00f3n sin precedentes, el gobierno y el MUCA iniciaron una negociaci\u00f3n que concluy\u00f3 con el acuerdo firmado el 13 de abril 2010.<\/p>\n
De acuerdo al documento el gobierno deb\u00eda entregar a los campesinos once mil hect\u00e1reas de tierras, de las cuales tres mil estar\u00edan cultivadas con palma africana, convenio que al cumplirse dos a\u00f1os de haberse firmado, contin\u00faa sin ejecutarse a cabalidad.<\/p>\n
El Gobierno tambi\u00e9n debi\u00f3 llevar a cabo la realizaci\u00f3n de un estudio t\u00e9cnico jur\u00eddico que revelara la factibilidad productiva, rentabilidad, la forma como fueron adquiridos los terrenos y la verificaci\u00f3n del sobre techo de las tierras en poder de los terratenientes, Miguel Facus\u00e9, Ren\u00e9 Morales y Reinaldo Canales. Las tierras que sobrepasaran el techo establecido en la Ley de Reforma Agraria, serian tambi\u00e9n entregadas al MUCA.
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