La falta de control en las investigaciones de campo realizadas por el Instituto de la propiedad (IP) hizo que el presidente Porfirio Lobo se equivocara al aprobar en Consejo de Ministros el 26 de junio un decreto tendiente a expropiar 32 comunidades de tres departamentos de Honduras, donde viven m\u00e1s de 50.000 familias pobres.<\/p>\n
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Dos colonias urbanizadas de San Pedro Sula y Villanueva, ambas en el departamento de Cort\u00e9s, est\u00e1n entre los terrenos expropiados y son las Kitur de San Pedro Sula y Guacamaya II de Villanueva.<\/p>\n
Ambas resultaron urbanizadas con la Ley de Promoci\u00f3n de Inversiones.<\/p>\n
La situaci\u00f3n caus\u00f3 malestar cuando el jefe del gabinete presidencial, Octavio S\u00e1nchez, solicit\u00f3 una reconsideraci\u00f3n del acta anterior del Consejo de Ministros para luego admitir que por error se incluyeron a las citadas dos colonias de la costa atl\u00e1ntica.<\/p>\n
Las autoridades no han explicado si la medida se aprob\u00f3 inicialmente para favorecer a algunos pobladores de los terrenos aleda\u00f1os a La Guacamaya II y Villas Kitur o por otras razones a\u00fan ignoradas.<\/p>\n
Por ello, Lobo orden\u00f3 realizar investigaciones de campo con el fin de reformar el decreto en una pr\u00f3xima sesi\u00f3n de sus principales colaboradores.<\/p>\n
Para evitar ese tipo de errores, la Asociaci\u00f3n para una Sociedad m\u00e1s Justa (ASJ) propuso en el 2010 al IP que todo decreto de expropiaci\u00f3n cumpla los requisitos que la ley establece.<\/p>\n
Entre esos criterios est\u00e1n el de definir con exactitud el \u00e1rea a expropiar y sus colindancias o due\u00f1os, fijar un precio justo, establecer el mecanismo del fideicomiso para garantizar que los pobladores favorecidos paguen el terreno al banco para disponer despu\u00e9s su t\u00edtulo de propiedad, y que el leg\u00edtimo due\u00f1o de la tierra sea compensado.<\/p>\n
El fideicomiso es un contrato entre el gobierno, el poblador y un banco, en el cual la tierra se inscribe a favor del Estado. El banco administra el terreno hasta que el beneficiado concluye de pagarlo y lo pone luego a su nombre.<\/p>\n
Expropiar significa que el Estado se adue\u00f1a de una tierra cuya propiedad no es clara o est\u00e1 en litigio y la entrega a hondure\u00f1os que viv\u00edan all\u00ed de junio de 1999 al 2004, cuando se aprob\u00f3 la Ley de la Propiedad.<\/p>\n
La medida se puso en pr\u00e1ctica en el 2004, durante el gobierno del presidente Ricardo Maduro.<\/p>\n
Antecedentes<\/b><\/p>\n
El 19 de junio pasado, mediante decreto ejecutivo, el gobierno expropi\u00f3 32 colonias en seis municipios de La Lima, San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma, Potrerillos y Comayag\u00fcela.<\/p>\n
El decreto expropi\u00f3 once colonias de San Pedro Sula:<\/b> La Uni\u00f3n, Villas del Aeropuerto, San Manuel, La Puerta 1 y 2, Villas Kitur 3, Nueva Esperanza, Miguel Angel Pav\u00f3n I, Guill\u00e9n II, La Victoria y Siete de Julio.<\/p>\n
Y en La Lima fueron dos: <\/b>San Francisco y Rafael Cerrato.<\/p>\n
Otras cinco se expropiaron en La Ceiba:<\/b> 24 de Octubre, Altos de Palmira, 30 de Noviembre, 2 de Agosto y Vegas de Palmira.<\/p>\n
En la lista figuran tambi\u00e9n las comunidades de Poder Ciudadano No. 2 de Potrerillos, Nueva Jutosa y Buen Samaritano de Choloma y La Guacamaya, Nueva Granada, Santa Rosita y Los Potrerillos de San Antonio de Cort\u00e9s. Y la aldea Las Lomitas de Puerto Cort\u00e9s.<\/p>\n
En el Distrito Central est\u00e1n 7 comunidades:<\/b> Unidad y Fuerza, Predios del Recreo, Modesto Rodas Alvarado, Alemania I y II, 21 de Febrero y Nueva Esperanza.<\/p>\n
De acuerdo a estad\u00edsticas oficiales, en esas comunidades hay muchas familias que por casi 20 a\u00f1os han estado en posesi\u00f3n de sus tierras y las pagan a trav\u00e9s del fideicomiso que estipula la ley.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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