Al menos 42 personas murieron y otras 42 resultaron heridas el a\u00f1o pasado en 38 hechos violentos registrados en el Bajo Agu\u00e1n, considerada la zona m\u00e1s conflictiva de Honduras desde hace cuatro a\u00f1os a ra\u00edz delos frecuentes enfrentamientos entre labriegos y terratenientes. <\/p>\n
Un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), divulgado el 11 de marzo, revel\u00f3 que el 2012 se caracteriz\u00f3 por una serie de hechos que van desde invasiones, desalojos, destrucci\u00f3n de fincas, robo de frutas, detenci\u00f3n de campesinos, decomiso de armas, desaparici\u00f3n de personas, emboscadas y enfrentamientos armados que dejaron como secuela muertos, heridos y la falta de castigo para los responsables.<\/p>\n
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Durante ese a\u00f1o, hubo 28 campesinos asesinados. Tambi\u00e9n tres guardias de seguridad privada, cuatro empleados de la Corporaci\u00f3n Dinant, dos polic\u00edas, un soldado, el apoderado legal de un movimiento campesino y tres particulares.<\/p>\n
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En el marco de esta crisis resultaron unos 42 heridos, entre cuyas v\u00edctimas est\u00e1n 32 campesinos, siete soldados, dos guardias de seguridad y un particular, de acuerdo al documento del Conadeh.<\/p>\n
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A los hechos violentos mencionados se suman las denuncias de campesinos desaparecidos y el atentado contra un ejecutivo de la Corporaci\u00f3n Dinant, cuyo due\u00f1o es el empresario agr\u00edcola Miguel Facuss\u00e9<\/p>\n
En agosto de 2012, el Congreso reform\u00f3 la Ley de Portaci\u00f3n de Armas de Fuego. Prohibi\u00f3 adem\u00e1s el uso de armas en el departamento de Col\u00f3n, donde est\u00e1 el caudaloso r\u00edo Agu\u00e1n. Las armas no pueden usarse en lugares p\u00fablicos o veh\u00edculos, aunque est\u00e9n registradas o exista un permiso para su portaci\u00f3n.<\/p>\n
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De tal disposici\u00f3n se exceptuaron los miembros de los cuerpos de defensa y seguridad del Estado, y las empresas mercantiles que, para el funcionamiento de sus actividades, requieran el servicio de seguridad privada.<\/p>\n
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Antes y despu\u00e9s de la entrada en vigor de la ley, las fuerzas del orden capturaron a varias personas en posesi\u00f3n de armas de grueso calibre, entre ellas carabinas M-16 y AR-15, fusiles FAL, escopetas calibre 12, cargadores de carabina M-16 y de FAL, pistolas de 9 mm, rev\u00f3lveres, fusiles Ruber calibre 2.23, AK-47, lanzagranadas, bazucas y munici\u00f3n para todas ellas.<\/p>\n
Otros de los hallazgos del informe del Conadeh es que algunas fincas fueron saqueadas y quemadas. Prueba de ello es que en varios operativos, las autoridades arrestaron a sujetos con toneladas de fruta de palma africana que se cultiva en la regi\u00f3n.<\/p>\n
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Durante 2012 tambi\u00e9n se registraron emboscadas y atentados contra campesinos, ejecutivos de la corporaci\u00f3n Dinant y autoridades policiales y militares.<\/p>\n
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En marzo, unos 15 soldados fueron emboscados por desconocidos cerca de la finca Mara\u00f1ones con unl resultado de cinco heridos de bala. Dos graves fueron trasladados al Hospital D\u2019Antoni de La Ceiba.<\/p>\n
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En julio, luego de un desalojo en la Finca Los Laureles, los miembros de la polic\u00eda y las fuerzas armadas, fueron v\u00edctimas de un atentado en el momento en que se retiraban de la zona. En el incidente no hubo v\u00edctimas.<\/p>\n
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Desconocidos en dos veh\u00edculos sin placas interceptaron y dispararon en diciembre a un ejecutivo no identificado de la Corporaci\u00f3n Dinant. El hombre sin embargo sali\u00f3 ileso del atentado.<\/p>\n
Durante 2012 se reportaron una serie de invasiones de fincas y consecuentemente los desalojos realizados por las autoridades militares y policiales.<\/p>\n
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Entre las fincas invadidas est\u00e1n La Confianza, Lempira, Aurora, Concepci\u00f3n, Paso Agu\u00e1n, San Isidro, La Trinidad, El Despertar y Los Laureles, entre otras.<\/p>\n
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Una de las fincas fue invadida en represalia, luego que los labriegos encontraron muerto en el campesino Gregorio Ch\u00e1vez. Muchos desalojos fueron suspendidos por las autoridades para evitar confrontaciones con los grupos invasores.<\/p>\n
El Conadeh detect\u00f3 durante 2012 el arresto de unas 80 personas vinculadas supuestamente con los movimiento campesinos que operan en el Agu\u00e1n, entre los que figuraron algunos dirigentes.<\/p>\n
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El 21 de agosto, el Ministerio P\u00fablico acus\u00f3 ante un juez de Tegucigalpa a 25 campesinos bajo el cargo de emprender manifestaciones il\u00edcitas en perjuicio de la seguridad del Estado.<\/p>\n
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En esa oportunidad, los acusados participaron durante dos d\u00edas en protestas en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia porque los jueces hab\u00edan favorecido a los empresarios de la palma africana.<\/p>\n
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Los manifestantes apedrearon a los polic\u00edas antimotines, que les lanz\u00f3 gases lacrim\u00f3genos para dispersarlos. En el evento hubo cinco personas heridas.<\/p>\n
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El 9 de septiembre, otras 34 personas fueron detenidas durante el desalojo de una finca del Bajo Agu\u00e1n, pero los labriegos la hab\u00edan ocupado tres d\u00edas antes. De los 34 detenidos, nueve eran mujeres, entre ellas dos menores de edad, y 25 hombres.<\/p>\n
Acuerdo de tierras<\/p>\n
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El documento del Conadeh refiere que en octubre se concret\u00f3 un acuerdo entre el gobierno, la Corporaci\u00f3n Dinant y el Movimiento Unificado de Campesinos.<\/p>\n
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As\u00ed, se traspasaron unas 3.962 hect\u00e1reas de tierra en producci\u00f3n de palma africana a grupos campesinos aglutinados en 30 empresas asociativas quedar\u00e1n sustento a alrededor de 3.500 familias de la zona.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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