El año 2020 será recordado, en la eterna lucha contra la corrupción en Honduras, por dos grandes hechos. Primero, la salida de la MACCIH que vino a desencadenar una impunidad sistémica y una institucionalidad servil a los poderes políticos. Segundo, la pandemia del Covid-19 que produjo múltiples escándalos de corrupción, poniendo centenares de vidas en riesgo y hasta la fecha nadie ha sido responsabilizado.
Organismos de la sociedad civil, medios de comunicación y la ciudadanía exigieron transparencia, rendición de cuentas y castigo para los culpables. A través de redes sociales y pintadas en las calles se exigió explicar «¿Dónde está el dinero?», pero a pesar de las muertes y tragedias del Covid-19, ha sido un grito que no ha obtenido respuesta y posiblemente nunca se tendrá, con la calidad de los liderazgos que están a cargo de las instituciones llamadas a detectar, investigar y castigar la corrupción.
Sin embargo, en un contexto país avasallado por la pandemia, huracanes y caída económica, los comportamientos corruptos tienen resonancia internacional, reflejando los resultados en mediciones como el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI). Al día de hoy este índice es considerado como el principal indicador de la corrupción en el sector público a escala mundial.
Explicando el Índice de Percepción de Corrupción
El IPC se creó en 1995 y mide la percepción en una escala de cero (corrupto) a cien (transparente), los resultados en materia de integridad del sector público de un país. El IPC toma en cuenta prácticas muy comunes en Honduras, como el soborno, el desvío de fondos públicos, el uso de cargos públicos para beneficio privado, nepotismo, enjuiciamiento efectivo de funcionarios públicos, conflictos de intereses y acceso a la información entre otros.
Como se puede observar estas malas prácticas del sector público estuvieron a flor de piel en el año 2020, y los más seguro se reflejará en los resultados del 2020. Desde su inserción Honduras siempre ha estado en la categoría de país “altamente corrupto”.
El Índice será presentado el próximo jueves 28 de enero y el panorama para Honduras no es muy bueno, ya que la lucha anticorrupción en vez de fortalecerse se ha debilitado. Como se puede observar, Honduras es un país donde la corrupción es la regla y la transparencia la excepción. Durante los últimos años, el 2015 fue el único de romper la barrera de los 30 puntos con 31. Sin embargo, esa leve mejora no incide en su posición regional. Honduras se ha mantenido como el segundo país más corrupto de Centro América y el cuarto de América Latina.
Resultados Índice Percepción de Corrupción Honduras (2010-2019)
Algunos eventos que puede definir el resultado en materia de percepción de corrupción
- La salida de la Maccih y la consagración de la impunidad
Hace ya un año que el Ejecutivo decidió no renovar el convenio que dio vida a la Misión de Apoyo Contra La Corrupción y la Impunidad (MACCIH), ente que en sus cuatro años de existencia presentó más de una docena de casos de alto impacto por corrupción de funcionarios del Estado.
Con su salida, las acusaciones que presentó el Ministerio Público (MP) se fueron revirtiendo y casi todos los acusados, algunos de alto perfil como los diputados del Caso Pandora, han sido sobreseídos dejando claro su inocencia, a pesar de millones de lempiras en desfalco.
- Las contrataciones de emergencia durante la pandemia del Covid-19
Entes como el Ministerio Público (MP), realizaron múltiples acciones como secuestro de documentos, interrogatorio a implicados y funcionarios y anunció tener al menos 30 líneas de investigación por compras, pero hasta la fecha ha presentado menos de cinco requerimientos y la mayoría por delitos de bagatela.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ha presentado dos informes donde señala responsabilidad en las compras directas realizadas por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), y el Comité Permanente de Contingencias (Copeco), pero el MP aún no actúa. La Procuraduría General de la República aún no ha actuado tampoco en la lucha contra los que podrían haber defraudado al Estado.
En el caso de Invest-H, su exdirector Marco Bográn realizó en marzo de 2020 la compra sin contrato y pagando por adelantado 48 millones de dólares por siete hospitales móviles a un proveedor que supuestamente encontró en internet. Hasta la fecha sólo uno de los siete está atendiendo pacientes en San Pedro Sula, Bográn fue separado de su cargo y existen más de 20 líneas de investigación en su contra pero solo se han presentado dos requerimientos en su contra.
En el caso de Copeco, según el TSC, se realizaron compras directas sobrevaloradas de televisores y cafeteras, también se compraron tiendas de campaña que serían destinadas como hospitales móviles pero a los pocos días de funcionar se inundaron, unos 200 ventiladores mecánicos no pudieron ser usados porque les faltaban piezas y sensores e incluso muchas de las compras realizadas carecen de facturas y soporte documental.
- Los vínculos entre la política y el dinero sucio
La MACCIH presentó más de una docena de casos de alto impacto que sacudieron a la clase política, logró detectar varias tramas de corrupción organizadas para sacar dinero de las instituciones públicas y usarlo en su beneficio, para pagar campañas políticas o incluso lavar dinero del narcotráfico y crimen organizado.
En su primer caso acusó a cinco diputados por desviar más de ocho millones de lempiras para su beneficio, luego logró una sentencia condenatoria contra la exprimera dama Rosa Elena de Lobo, aunque la Corte revirtió la sentencia y mandó a revertir el juicio. Uno de los más grandes fue el «Caso Pandora», donde se desviaron más de 280 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería desde proyectos agrícolas que no se ejecutaron hasta las cuentas de diputados y funcionarios del Partido Nacional y Liberal.
Mientras se han realizado juicios por narcotráfico en los Estados Unidos a exdiputados como Juan Antonio «Tony» Hernández y Fredy Nájera, a las familias Valle Valle y Los Cachiros, se ha mencionado a altos funcionarios del Gobierno, policías y militares como cómplices de narcotráfico o de haber recibido sobornos para facilitar y proteger el trasiego. Uno de los coconspiradores mencionados en el juicio de Tony Hernández, identificado como «CC-4» sería el propio presidente Juan Orlando Hernández, de quien incluso se mencionó de haber recibido un millón de dólares para su campaña presidencial del propio Chapo Guzmán.
