En requerimiento fiscal presentado ante un juez penal de la sección judicial de Tegucigalpa, el Ministerio Público (MP) ha solicitado orden de captura contra 11 supuestos responsables de violación de los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y delitos contra la administración de fondos públicos y privados en perjuicio del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo (Injupemp).
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La acusación de ellos se deriva de la aceptación de un terreno como pago de una deuda que la Secretaría de Finanzas mantenía con el Injupemp por concepto de aportaciones patronales. Es decir, las autoridades del Injupemp, en lugar de cobrar la deuda en efectivo, recibieron un terreno, que de acuerdo al requerimiento fiscal, fue sobrevalorado en su precio, provocándole la pérdida de 34 millones 723 mil 300 lempiras al Injupemp.
Los acusados
Entre los acusados, figuran los nombres del ex Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Montes Rodríguez, y Dulce María Zavala, ex coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ambos de filiación nacionalista y funcionarios del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, quienes al ocupar esos cargos también formaron parte de la Junta Directiva Injupemp.
Foto: Carlos Montes Rodríguez, ex Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social y Dulce María Zavala,ex coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) |
La misma situación envuelve al resto de los miembros de la Junta Directiva: Juan Carlos Zelaya, Miguel Ángel Murillo, Pedro Antonio Gonzales, Arturo Matute Gonzales y Álvaro Raúl Cerrato.
En la acusación el MP también ha incluido a Carlos Aníbal Aguilar, Mirna Janeth Sierra de Figueroa, Juan Roberto Villalobos, José Ramón Valle Pineda y Fredy Francisco Alemán, empleados del Tribunal Superior de Cuentas, Secretaría de Finanzas y la Procuraduría General de la República, quienes fueron nominados para la evaluación del inmueble.
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Esta acción se deriva de una denuncia que con el acompañamiento del Centro de Atención Legal Anticorrupción (ALAC), interpusieron el 31 de enero de 2013, varios miembros de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de Honduras (Anjuppeh).
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Sobrevaloración
En su relato de hechos, la fiscalía detalla que la Comisión Evaluadora, integrada por los ahora encausados, determinó que el terreno ubicado en la residencial Loma Linda, de Tegucigalpa, consta de 15,407.35 metros cuadrados, que es el área establecida en la escritura pública, inscrita en el registro de la Propiedad. La Comisión también valoró en 5 mil 832 lempiras con 96 centavos cada metro cuadrado, por lo que el Injupemp pagó 89 millones 870 mil 456 lempiras.
Sostiene, que en peritaje forense llevado a cabo el 7 de octubre de 2014 por una ingeniera civil adscrita a la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción, determinaron mediante levantamiento topográfico, que el área del terreno es de 14,946.62 metros cuadrados y que el precio real por cada uno, al momento de hacer el traspaso era de 3,045 lempiras y no de 5,832.96, que fue el valor pagado.
Además el requerimiento fiscal señala que para determinar el perjuicio económico causado por la sobrevaloración, como parte de las diligencias también realizaron un peritaje forense financiero, mediante el cual se vio reflejado que el daño causado a la institución fue de 34 millones 723 mil 299 lempiras con 70 centavos.
Medidas sustitutivas
Cabe mencionar, que de los once acusados, las autoridades solo capturaron a los empleados, Álvaro Raúl Cerrato, Mirna Sierra y Carlos Aníbal Aguilar. El resto, se presentó voluntariamente y en la audiencia de declaración de imputado, el juez penal que conoce la causa los benefició con medidas sustitutivas de la prisión preventiva, excepto, Carlos Montes Rodríguez, quien ya guarda prisión en una de las celdas del Primer Batallón de Infantería, sindicado de varios delitos por el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
La medida obliga a los imputados a presentarse semanalmente a firmar el libro de asistencia y les prohíbe salir del país.
