En su toma de posesión el 27 de enero de 2022, la presidenta Xiomara Castro presentó 21 promesas como pilares de su “propuesta de refundación del Estado socialista y democrático”. A los 200 días de su gestión, Revistazo analiza cuánto ha avanzado en el cumplimiento de sus promesas.
Las prioridades de la gestión de Castro, según su discurso en el traspaso presidencial y el Plan Bicentenario presentado en septiembre de 2021, girarían alrededor de 7 ejes: derechos humanos, economía, educación, estado de derecho, gobierno digital, medio ambiente y política exterior.
Avanzaron, pero aún falta para alcanzar metas
En comparación con los avances de los primeros 100 días, el cumplimiento total de las promesas incrementó de 60% a 74% para los 200 días, es decir que aumentó 14 puntos.
En la categoría de derechos humanos se mantuvo en 67% pues completó 1 promesa y 2 siguen en proceso. Aunque hubo avances después de los 100 días, todavía no ha cumplido en totalidad las promesas que le hizo a los adultos mayores, personas con discapacidad, niñez y juventud, pueblos indígenas y afrodescendientes y comunidad LGBTI. Además, todavía está en deuda con el cumplimiento de las promesas que hizo a las mujeres hondureñas.
Con respecto al sector económico, Xiomara Castro ha cumplido el 100% de sus promesas; para los 100 días había avanzado un 75% en estas promesas.
En el sector educativo solo hizo una promesa: “al ministerio de educación deberá asignársele presupuesto para iniciar este año escolar con clases presenciales a nuestros niños y niñas, jóvenes, asegurando la matrícula gratis, merienda escolar, vacunas y mascarillas.” Hubo avance de 50% para los 100 días y se ha mantenido en ese porcentaje.
En la categoría de Estado de derecho avanzó en 12 puntos en comparación a los 100 primeros días. Aún hay promesas incumplidas con respecto a la “realización de la primera histórica y transparente consulta popular sobre reformas constitucionales”. Además, no se ha instaurado la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Tampoco se han tomado todas “las medidas urgentes” que prometió en campaña para la “refundación de Honduras”.
En gobierno digital hubo un avance de 50%, para los 100 primeros días no había avance absoluto. La promesa no se ha cumplido en su totalidad porque aún no se ha creado el sistema digital de transmisión de fuente abierta de funciones legislativas en tiempo real, tampoco se han creado herramientas digitales para que la ciudadanía tenga acceso a información pública.
De las 3 promesas hechas acerca del medio ambiente aún hay 2 en proceso. El Poder Ejecutivo prometió trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas, y aunque hay campañas de reforestación, aún no hay un plan de reforestación por el cual se están guiando. En ese sentido, tampoco hay un plan estratégico para hacer realidad la agroforestería.
Mediante un comunicado de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) se prohibió la minería a cielo abierto y se procedería a la “revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones”. Sin embargo, aún hay empresas mineras que siguen funcionando en Honduras y los defensores ambientales exigen intervención gubernamental.
En asuntos de política exterior hubo un avance de 50% para los primeros 100 días y se ha mantenido así. Aunque desde la Presidencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores se han hecho acercamientos con diplomáticos latinoamericanos, aún no hay un plan que defina misiones prioritarias del Gobierno para posicionar a Honduras ante la comunidad internacional.
Racismo sigue, denuncian afrohondureños
Analistas y observadores coinciden en que fueron los jóvenes y mujeres quienes llevaron a Xiomara Castro al poder; los llamados “hijos del golpe” fueron a las urnas a votar por primera vez. Según informes del Consejo Nacional Electoral (CNE), más de 1,400,000 fueron jóvenes de entre 18 y 26 años; las mujeres representaron el 52% de los votantes habilitados.
Sin embargo, algunos sectores sociales, principalmente los vulnerables, han sido abandonados por el Gobierno. Las promesas que conciernen directamente a los grupos más vulnerables, como pueblos indígenas, mujeres, niñez y comunidad LGBTI no han sido cumplidas.
Unos días antes de que Xiomara Castro cumpliera los 200 días en Casa Presidencial, organizaciones garífunas e indígenas protestaban en el Ministerio Público del Distrito Central denunciando racismo por parte de funcionarios gubernamentales. Además, reclamaron al fiscal general Óscar Chinchilla una investigación por los 4 líderes garífunas desaparecidos en la madrugada del 18 de julio de 2020.
Femicidios continúan
Siendo la primera presidenta en la historia de Honduras, en su campaña apeló a la importancia de la lucha junto a organizaciones feministas. Aún hay mucho trabajo por hacer desde el Ejecutivo para cumplirle a las mujeres. Se requieren medidas urgentes para reducir el número de femicidios en el país. El Observatorio de Violencias contra las mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) establece que “hasta el 31 de julio de 2022 registramos 177 muertes violentas de mujeres según los medios de comunicación impresos y digitales”.
En comparación al 2021, el CDM registró “342 muertes violentas de mujeres, según los medios de comunicación impresos y digitales”. Con base en estas estadísticas, las cifras de este año serían igual o más altas a las del año pasado.
Además, tampoco se han hecho avances desde el Gobierno por la aprobación de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y la despenalización del aborto por tres causales, ambas promesas hechas en el Plan Bicentenario.
En ese sentido, poco se ha hecho desde el Poder Legislativo para reformar el Código Penal publicado el 10 de mayo de 2019 en el Diario Oficial La Gaceta. Este Código, coinciden organizaciones de mujeres y analistas, es lesivo para la protección de los derechos de las mujeres pues redujo penas para los delitos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.
Violencia y criminalidad
Aunque el inciso 4.4 del Plan Bicentenario está dedicado a la seguridad ciudadana, este no fue mencionado en la toma de posesión de Xiomara Castro. La extorsión, índices de criminalidad y migración forzada son conflictos que afectan directamente a la población.
Fue promesa de campaña, según el Plan Bicentenario (inciso I, página 19), “formar una policía comunitaria y eficaz”. Pues Castro declaraba que “consolidar la formación de una policía de orientación comunitaria, debidamente preparada para tener una relación más horizontal y de confianza con la población” podría aumentar su efectividad para disuadir y enfrentar el delito. Sin embargo, no se han dado pasos hacia la instauración de la misma.
Politización del sistema judicial
“Despolitizar el sistema de seguridad y justicia” fue otra promesa de campaña de Xiomara. Castro prometió “asegurar que el funcionamiento de entidades como el Ministerio Público, Poder Judicial se rijan por políticas de interés general y un sistema de méritos, y no por intereses políticos particulares o mezquinos personales”.
No obstante, el Congreso Nacional aprobó en sesión legislativa del 18 de julio del presente año la Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este proyecto de ley fue enviado directamente desde el Poder Ejecutivo con apoyo técnico del ministro de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Edmundo Orellana.
El resultado de este debate legislativo fue la eliminación de algunas restricciones que tenían funcionarios y militantes político partidistas para participar en el proceso de elección a magistrados de la CSJ.
El artículo más debatido fue el 15 acerca de los requisitos e inhabilidades para autopostularse ante la junta nominadora. La ley anterior prohibía al candidato ser militante o activista de un partido político ni haberlo sido los 2 años previos a su postulación. Este inciso fue eliminado.
Por este motivo, analistas y observadores predicen que el proceso de elección de los magistrados de la CSJ 2023-2030 será politizado y que podría favorecer a un partido político en especial.
Visita nuestra herramienta «Lo Prometido es Deuda» que analiza el cumplimiento de las promesas que hizo la presidenta Xiomara Castro de Zelaya el 27 de enero durante su discurso de toma de posesión.
